En una entrevista reciente, el gerente del Instituto Tecnológico del Salmón, Adolfo Alvial, afirmó que la industria salmonera ha dado pasos significativos en el tema ambiental, pero que hay mucho de caricatura y de mito en las acusaciones que se le hacen a la actividad. Algunos parlamentarios parecen tener esta misma perspectiva sobre el tema, ya que durante la sesión especial de la Cámara Baja sobre salmonicultura, el diputado Patricio Vallespín (presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura) expuso una cerrada defensa de la actividad, junto con Claudio Alvarado, Carlos Recondo y Patricio Melero.
De hecho, días antes de realizarse esta sesión el diputado Vallespín criticó la propuesta, por considerar que «no se tienen todos los elementos para hacer juicios categóricos como de los que se habla en la convocatoria a la sesión, que habla de catástrofe, de desastre, etcétera». Esto, pese a las continuas denuncias por daños ambientales provocados por la salmonicultura. Baste con mencionar las sucesivas fugas de miles de salmones (peces carnívoros que se alimentan de la fauna marina autóctona), el uso de antibióticos con efectos en la salud humana, la aplicación de sustancias tóxicas prohibidas como el Verde Malaquita, la eutrofización de las aguas (sobrecargarla de nutrientes) que tendría a su vez efecto directo en la aparición de mareas rojas, etc.
En el colmo de la ironía, al día siguiente de realizarse la sesión, la Policía de Investigaciones de la Undécima Región descubrió un vertedero ilegal en los terrenos de la pesquera Los Fiordos, del holding Agrosuper, lo que ilustra perfectamente bien cómo la industria salmonera se preocupa del medioambiente. La orden de investigar sobre este caso se originó por la denuncia de un particular -aparentemente un dirigente de la pesca artesanal-, luego que se detectaran cangrejos muertos en la zona, una decoloración de la tierra y una masiva inmigración de la fauna local. La investigación puso de manifiesto una contaminación por acción de metales pesados provenientes del vertedero, que interviene en el ecosistema y la biodiversidad.
Hasta ahora, lo único que Sady Delgado, el gerente de Los Fiordos dijo en defensa de su empresa es que «hemos sido calumniados». Dadas las vastas consecuencias que puede tener este delito, cabría esperar una explicación más satisfactoria por parte de los responsables, especialmente cuando se trata de un crimen ambiental que alcanza además dimensiones humanas.
Según un informe publicado el 16 de junio por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un cuarto de las enfermedades que afectan a los países pobres se debe a la exposición a riesgos ambientales evitables. El análisis se centra en las causas ambientales de las enfermedades y en la influencia de los factores ambientales en diversas enfermedades, proporcionando nuevos conocimientos acerca de la relación recíproca entre el medio ambiente y la salud. Según las estimaciones del informe, cada año se registran más de 13 millones de defunciones provocadas por causas ambientales prevenibles.
Entre las medidas inmediatas que podrían adoptarse para reducir los riesgos ambientales figuran el almacenamiento seguro del agua doméstica y la adopción de prácticas de higiene más adecuadas; el uso de combustibles menos contaminantes y más seguros; el aumento de la seguridad de las construcciones; la utilización y gestión más prudente de sustancias tóxicas tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, y una mejor ordenación de los recursos hídricos. Esta última recomendación, pasa en nuestro país por detener la utilización de los cursos de agua con fines industriales, hasta hacer estudios científicos que establezcan de manera fehaciente el impacto que dichas actividades producen. De ahí surge la necesidad de instaurar una moratoria que detenga la expansión de la salmonicultura, al menos hasta contar con información detallada respecto a los impactos que el diputado Vallespín califica de exageraciones y el gerente de Los Fiordos de «calumnias».
Sería importante que el mundo empresarial y también algunos de los parlamentarios de este país entienda que el crecimiento económico no está en radical oposición con una producción amistosa con el medioambiente, sino por el contrario, debe ser un elemento constitutivo de cualquier planificación de desarrollo sustentable. Pero para lograr este cambio de mentalidad, es primordial que las autoridades partan por reconocer el problema, situación que estamos lejos de ver, a juzgar por las declaraciones del diputado Vallespin, que no considera la situación de las salmoneras, ni siquiera como preocupante.
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Antoine Samoullier. Asesor de Políticas Públicas de Oceana
