En todas las naciones civilizadas del orbe, es ya un consenso que la Educación, junto a la Salud y la Previsión Social, constituyen los derechos axiales de una sociedad democrática. Esto es así porque ellos atañen a la dignidad de las personas. Se sabe que la educación es uno de los pilares de cualquier desarrollo posible, pues determina la llamada movilidad social, la inserción laboral y una vida más libre y productiva.
Entre las muchas paradojas que evidencia la actual Constitución, destaca sin duda, su énfasis en la Enseñanza y no en la Educación. Llama la atención que mientras la Educación es apenas enunciada como un derecho de todos los chilenos, la Enseñanza haya sido objeto de una Ley Orgánica Constitucional. Si lo pensamos un poco, sería lógico esperar que fuesen los derechos fundamentales de todos los chilenos – Educación, Salud y Previsión Social- aquellos que hubiesen merecido el rango de Ley Orgánica Constitucional.
En Chile, se ha invertido el razonamiento: la actual Carta Fundamental no ha sido pensada para garantizar derechos ciudadanos sino, por el contrario, para garantizar el libre ejercicio – digámoslo sin ambages – de los negocios. Los derechos se enuncian como buenos propósitos o intenciones, pero no se encarnan en una legislación que garantice seriamente tales derechos. Así, la libertad ciudadana se reduce a la libertad de comercio.
Tal y como se encuentra hoy la Constitución que nos rige, contraviene en los hechos una serie de Tratados Internacionales suscritos por el país. Si pensamos que la tarea de esta generación no podría ser otra que profundizar la democracia, es indispensable revisar nuestra legislación para alcanzar una Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y Educación, y otorgar la misma dignidad constitucional a la Salud y la Previsión Social.
Es un error pensar que la tarea corresponde tan sólo a nuestros legisladores. Estamos hablando – insistamos – de la dignidad de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores y de nuestros jubilados. Puede que el mercado opere satisfactoriamente para el expendio de zapatillas o tomates, y es bueno que así sea, pero no se puede jugar con el destino de las próximas generaciones, atendiendo a contingencias e intereses económicos de corto plazo. En este sentido, la desazón de nuestros estudiantes y profesores evidencia que nuestra sociedad está madurando y comienza a reclamar los indispensable cambios que nuestro país requiere con urgencia: una tarea que debiera convocarnos a todos.
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Alvaro Cuadra. Investigador y docente de la Universidad Arcis.
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