En una sociedad democrática, uno de los requisitos fundamentales del uso de la fuerza es la regla estricta de legalidad y proporcionalidad. El monopolio exclusivo de la fuerza del cual está revestido el Estado, parte del cual se expresa en los operativos policiales, proviene del pacto constitucional de base en el cual se establecen los deberes, derechos y garantías de todos los ciudadanos. Por ello, las policías quedan sometidas a la obligación de un uso austero y eficiente de la fuerza, y las autoridades de las que dependen al escrutinio público por las responsabilidades que tienen cuando lo anterior no ocurre.
El operativo policial llevado a cabo en la comuna de Nueva Imperial en la madrugada de este lunes y que terminó con un comunero mapuche muerto y otros dos heridos a bala por Carabineros, es uno de los típicos casos en el cual esos principios se ven puestos a prueba.
Las autoridades han sido enfáticas en señalar que se trata de "un estricto problema delictual", que nada tiene que ver con el ambiente de efervescencia social que existe en la zona en torno a problemas de propiedad de la tierra. Se perseguía un abigeato denunciado el viernes anterior en la tarde por otro comunero mapuche. La policía habría actuado en defensa propia al repeler el ataque de un hombre, en una de las propiedades allanadas, quien les habría disparado con una escopeta mientras otros "les atacaban con armas cortopuzantes".
Si se analizan con cierto detenimiento los antecedentes, sin cuestionar en absoluto la versión dada por las autoridades, lo que por lo demás deberá quedar acreditado en la investigación respectiva, la eficiencia policial resulta dudosa por varias circunstancias.
Es evidente que la atmósfera social que se vive en la región no es la más tranquila, lo que aconseja un acucioso examen de circunstancias y un cuidado extremo al momento de realizar cualquier operativo policial en comunidades mapuches. Cualquier incidente se politiza o tiene derivaciones inesperadas que es mejor mantener bajo control. Es del todo razonable suponer que las autoridades del Ministerio de Interior saben esto y que han instruido en tal sentido tanto a las fuerzas policiales como a las autoridades de la zona. Sin embargo, por la forma en que se realizó el operativo pareciera ser que tal consideración no se hizo.
Este se realizó a las dos de la madrugada, más de cuarenta y ocho horas después de recibida la denuncia de robo de ganado. Independientemente de lo que esperaban encontrar en el lugar, y a menos que se trate de un delito flagrante, que no era el caso, es evidente que operar en plena oscuridad constituye un enorme riesgo. No se distingue nada, no se pueden identificar claramente los objetos y las personas ni el tipo de amenaza que puede surgir, y se corre el riesgo adicional de lesionar a inocentes o provocar un daño mayor que el que se quiere reparar. Más prudente hubiera resultado esperar la madrugada -exactamente cuatro horas más- para actuar.
El intercambio de fuego evidentemente no fue proporcional. La investigación determinará cuantos disparos se hicieron y por parte de quien, pero lo cierto es que se trata de un operativo demasiado letal para un delito recurrente en la zona, si nos atenemos a lo declarado por las propias autoridades. La comisión de esos delitos aumenta en septiembre y, por lo tanto, son de natural ocurrencia, creando una experiencia en el cuerpo policial sobre la manera de realizar las investigaciones y los cuidados que se debe tener al momento de enfrentarlos.
Por los resultados, se podría concluir que todo fue sorpresivo y que la reacción natural de la fuerza policial fue disparar a discreción mientras se retiraba del lugar. O sea, sorpresa, improvisación e ineficiencia en una investigación de rutina en una zona cargada de tensiones. Si ello es así, deberá determinarlo la investigación administrativa respectiva, además de explicarlo y asumirlo las autoridades políticas sectoriales. Así funciona el escrutinio público en democracia.
