En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el triunfo electoral del candidato a Presidente Felipe Calderón, a pesar de haber destacado irregularidades en los comicios electorales del 2 de julio pasado.
Cuando el sistema de representatividad política llega a los niveles de intervencionismo que alteran y distorsionen el ejercicio espontáneo y natural de la ciudadanía para elegir a sus representantes, el sistema pierde legitimidad.
Es lo que ha sucedido con esta confirmación del candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). El fraude electoral, aunque pequeño o nimio, que es la palabra usada por los magistrados, no afecta el resultado general de la elección y el Tribunal se rehusó a iniciar un proceso de indagación que fuera más a fondo en el fraude propiamente tal.
Los magistrados del TEPJF señalaron que no obstante estas irregularidades, los «hechos son aislados» y no fueron determinantes en los resultados. Hicieron ver a la opinión pública que como magistrados no tuvieron suficiente información para anular la elección.
El mundo jurídico académico en México en general ha criticado la actuación de este tribunal. Catedráticos como John Ackerman, de la UNAM (La Jornada 6 de septiembre), calificaron la actuación del TEPJF «como preocupante». Si bien el tribunal no es una fiscalía, «en casos especiales puede ordenar el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse a la información requerida para su resolución, y no lo hicieron, como estipula el inciso 20 del artículo 191 de la ley orgánica del poder judicial de la Federación. No pudieron anular la elección porque no tuvieron suficiente información, y no la tuvieron porque no se la allegaron», dice el jurista Francisco Javier Esteinou, catedrático de la UAM- Xochimilxco, quien piensa que el tribunal se alineó con un candidato.
El tema jurídico que se desprende de estas elecciones en México es gravísimo, por calificarlo en forma tenue.
Por razones de estado los magistrados tomaron la determinación que tiene hoy a México dividido y a su gobernabilidad comprometida, y no es la presunta obstinación del candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador la causa de esto último.
Las invocaciones a la estabilidad y el orden del Estado hechas por algunos juristas y los partidarios del supuesto vencedor, para apoyar la decisión del órgano encargado de arbitrar un litigio electoral de máximas proporciones, constituyen en efecto las acciones que comprometen la gobernabilidad de México en los próximos seis años. La decisión del TEPJF ha sentado un precedente de que al Estado hay que protegerlo a pesar del fraude detectado en el sistema de representatividad, que el mismo órgano confirmó.
Esta inversión en la ecuación es necesaria sino indispensable, sobre todo cuando existen pruebas de la intersección de los intereses de las transnacionales con la plataforma programática del Partido de Acción Nacional que apoyó a Calderón, así como de un significativo sector del Partido Revolucionario Institucional. El grupo Carlyle, representado en México por Luis Téllez, Jesús Reyes Heroles Jr. y Javier Lozano, ha apoyado al candidatura de Calderón.
También están las voces del capital español en México, como el periódico El País, acusando directamente a Andrés Manuel López Obrador de estimular la insurgencia en una editorial reciente y omitiendo el factor de la irregularidad reconocida por el TEPJF. ¿Por qué El País, que es tan cuidadoso en algunas cosas de probidad en España, no impugna el resultado en una elección, donde la mayoría de los analistas mexicanos independientes de las transnacionales muestran contundentes pruebas del fraude electoral? Grave. Lo mismo que la postura de The Guardian, que es muy prolijo en las cuestiones de probidad en su propio país, pero omite el reconocimiento de los magistrados de que las elecciones tuvieron irregularidades, destacando en cambio la obstinación de López Obrador como un planteo insurgente.
Ninguno de estos paladines de la democracia pensó que el mejor favor que se le podría hacer a la democracia habría sido anular los resultados electorales, lo que podría haber constituido una lección de México para el resto del mundo.
El proceso político de las democracias representativas como la de México, continúa bajo la máxima de un dicho irrefutable: «business as usual», es decir, el negocio sigue. No hay daño a la democracia proferido por la decisión del tribunal que acepta el fraude. El que le está haciendo el daño es el candidato perdedor, que impugna el resultado, aun cuando la alteración del proceso electoral y la detección de fraude en la instrumentación técnica de los escrutinios, haya sido constatada más allá de su magnitud.
Los magistrados mexicanos ahora son estadísticos de la moral. Pero no son los únicos. El sistema que valida las elecciones fraudulentas está esparcido por todo el mundo, porque los indicadores de confianza que hacen crecer la economías están dados por las desregulaciones del Estado en la flexibilización laboral, y la eliminación de trabas a la inversión extranjera. No se detecta en qué medida el poder y la influencia del capital transnacional, ha penetrado los intersticios del aparato estatal, como lo está demostrando esta elección, a juzgar por el comentario de los analistas mexicanos independientes.
El sistema de representatividad política está ahora sujeto a las determinaciones del capital transnacional y a la concentración de poder de los medios privados. En el caso de esta elección mexicana, tremendamente intervenida en su proceso de competencia electoral, y en su instrumentación de conteo de los sufragios, las trasnacionales llegaron al núcleo del poder: lo órganos que validan los resultados.
En un período en que el fenómeno eleccionario de los sistemas de representatividad que legitiman hoy al estado liberal atraviesan por alarmantes fracturas en la probidad, por los altos niveles de intervencionismo vía los instrumentos y el agenciamiento de la globalización, las lecciones de esta elección pueden ser paradigmáticas.
La pauta la dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU en las elecciones del año 2000 cuando venció George W. Bush en su primera presidencia. Las razones de Estado y la gobernabilidad fueron más importantes que el proceso eleccionario, y la necesidad de investigar las irregularidades. El vencedor presidencial o del cargo representativo que se dispute debe ser aquel que asegure las tasas de rentabilidad del sistema.
Es por eso que a partir de los antecedentes básicos y más empíricos de unas elecciones que el propio tribunal mexicano infirió que no habían sido regulares, las candidaturas políticas han dejado de ser competencias políticas locales para transformarse en disputas de poder de carácter más global. Es decir, con el ejemplo mexicano, no se ha avanzado demasiado con respecto a los tiempos en que los intereses de la ITT ayudaron a derrocar a Salvador Allende, y esto no tiene que ver con izquierdas ni con derechas, tiene que ver con sistemas locales que den rentabilidad al capital transnacional.
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Juan Francisco Coloane, analista internacional.
