El anuncio presidencial de un aumento significativo de recursos para educación en el año 2007, y la creación de una Superintendencia de Educación fue recibido con beneplácito por la opinión pública, y como una clara señal de prioridad política en la agenda gubernamental. Además de recursos, se evidencia una voluntad de reforma para ese ministerio, el cual no tiene capacidad técnica ni administrativa para seguir aumentando su presupuesto sin enfrentar un cambio profundo en su estructura.
Al margen de las críticas de diversos sectores en torno a los avances de la comisión presidencial para la reforma del sistema educacional, preocupa el verdadero colapso administrativo que se vislumbra en el Ministerio de Educación. Y que podría significar que el aumento de fondos anunciado por la Presidenta termine mal invertido, o simplemente en manos de sostenedores inescrupulosos en medio de situaciones poco transparentes.
Resulta evidente que el episodio de los colegios Britania, todavía no bien aclarado por las autoridades competentes, no es una excepción en cuanto a controles y calidad de supervisión del Mineduc. Cada cierto tiempo el hecho se repite con idénticas o similares características, generando la percepción de que las situaciones que salen a la luz pública son las menos. Problemas de centros de padres y apoderados enfrentados a sostenedores por cobros ilegales, deficientes condiciones de infraestructura en relación a subvenciones por jornada escolar completa, contravenciones a la normativa educacional vigente, sobre todo en el pago a los profesores, o simplemente adulteración de las condiciones de matrícula y asistencia para el pago de subvenciones, son las más frecuentes.
La responsabilidad del control administrativo y de fiscalización de los operadores educacionales corresponde a las Secretarias Regionales Ministeriales. Son éstas las que autorizan el funcionamiento de establecimientos educacionales, examinan la calidad de sus proyectos educativos, autorizan o retienen subvenciones, fiscalizan a través de las Direcciones Provinciales la operación de las unidades educativas, y operan como jueces en los procedimientos de sanción.
Sin embargo, la calidad técnica en este nivel, tanto de normas y procedimientos como de recursos humanos, no es equivalente a la responsabilidad que se le ha entregado. Los vacíos de reglamentación y control existentes le dan amplios grados de discrecionalidad, transformándolas de hecho en los grandes operadores de todo el sistema y, por lo tanto, en los verdaderos responsables de lo bueno y lo malo que allí ocurre.
Este no es un tema menor, si se considera que sólo en subvenciones el Estado paga un billón cuatrocientos mil millones de pesos, dinero que en parte importante es operado y controlado por esas secretarías regionales ministeriales. Y que, mientras no se cambie la actual estructura, administrarán los ciento sesenta mil millones de pesos adicionales anunciados por el gobierno.
Parece conveniente que el gobierno, sin perjuicio de lo que se avance en materia de reforma, adopte rápidamente una actitud más estricta y dé una señal de que lo ocurrido con los colegios mencionados no involucra faltas a la probidad en la propia administración. Porque no resulta fácil comprender como una situación de tal naturaleza puede ocurrir durante un período tan largo sin que nadie la advierta. Y porque ya, a comienzos de este año, la Contraloría General de la República hizo observaciones a ese ministerio en varios aspectos -aún pendientes de resolución final- que involucran temas de probidad.
Para ello el gobierno cuenta con el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (Caigg), quien debería certificar que los procedimientos y controles, en este caso y otros eventuales, están bajo control y no existe riesgo de pérdida patrimonial para el Estado. De lo contrario, quedaría la duda con respecto a si en materia educacional, a la descapitalización de conocimiento por falta de calidad, hay que agregar también la económica por falta de transparencia.
