A partir de la década de los noventa, la política educacional no ha logrado revertir la situación de deterioro que se produjo durante los años anteriores. Muy por el contrario, la crisis del sistema educacional se ha ido agudizando, a pesar de que el presupuesto educacional se ha más que triplicado y que la inversión en infraestructura está a la vista de todos.
Los planes y proyectos aplicados para mejorar la educación se focalizaron en las innovaciones pedagógicas, en la aplicación de nuevas metodologías, en planes de apoyo como el P-900, mece-básica, mece-media, mece-rural y programa Enlaces, entre otros. Sin embargo, todas ellas fueron lamentablemente aplicadas en el mismo marco heredado, sin considerar que los cambios centrados en el quehacer pedagógico necesitaban aplicarse destrabando primero los nudos críticos institucionalizados en la LOCE, en la administración y gestión y en el financiamiento.
La educación pública ha sido sustituida por «políticas públicas en educación» que en forma muy simple y sin mayores exigencias permiten que cualquier hijo de vecino, sin siquiera tener conocimientos pedagógicos, pueda crear y administrar escuelas y liceos, recibiendo por ello un financiamiento igual al que reciben los administradores municipales. De este modo la «libertad de empresa» se ha apoderado de nuestro sistema educacional, prevaleciendo las leyes del mercado y del lucro, en vez de la equidad y la igualdad.
Hay dos hechos que ilustran el rumbo privatizador de las políticas aplicadas: en el año 1993 se instaura «el financiamiento compartido», permitiendo que el sector privado subvencionado, además del aporte del Estado, cobre una mensualidad a la familia, pagos que hoy los dueños de colegios, según propia confesión, alcanzan a los $230 mil millones de pesos; y, en el comienzo del gobierno de Ricardo Lagos, se cambia la Ley de Aporte de Capital, poniendo a disposición de los privados siderales sumas de dinero para construir sus propios colegios.
Si consideramos los resultados educacionales, tanto en las pruebas internacionales como nacionales, constatamos que existe un más que preocupante estancamiento y que la educación impartida por los privados subvencionados no es mejor que la impartida por los municipales. Por tanto, se hace evidente el fracaso de la política educacional de mercado, que ha hecho competir desigualmente al sector municipal con el sector privado subvencionado.
Las cifras oficiales indican que en los últimos años la pérdida de matrícula del sector municipal tiene un promedio de 30 mil alumnos anuales, cifra brutal que encamina irremediablemente al término de la educación pública de nuestro país en las próximas décadas, de no mediar los cambios estructurales que hoy demanda la inmensa mayoría de los chilenos.
Esta realidad ha provocado un tremendo deterioro en otros ámbitos del quehacer educacional. Estamos a la cola en lo que se refiere a condiciones laborales, profesionales y salariales docentes. No hay otro país en donde el profesor trabaje con más alumnos por curso ni donde haga más horas de clases. De esta forma no se puede pretender mejorar significativamente la educación.
Se hace urgente, hoy y no mañana tomar las medidas que reviertan la situación descrita.
Para ello, necesitamos:
ˇ Cambios constitucionales y de la LOCE que aseguren el derecho a la educación por sobre la libertad de empresa, de tal modo que la equidad y la igualdad comiencen a ser efectivas.
ˇ Fortalecer al Ministerio de Educación, para que recupere potestades fiscalizadoras de planeamiento, de control y de evaluación del sistema educacional en su conjunto, que permitan aplicar las medidas necesarias oportunamente.
ˇ Desmunicipalizar la educación a través de un nuevo sistema descentralizado de escuelas y liceos de propiedad estatal, en manos de organismos cuya única función sea la educacional y que cumplan las dos funciones primordiales: la administrativa y técnico-pedagógica.
ˇ Determinar un aumento del financiamiento, suficiente para terminar con el financiamiento compartido en el sector privado subvencionado y para financiar adecuadamente al sector de propiedad estatal.
ˇ Crear una Superintendencia de Educación, pero que su objetivo no sea regular el mercado, sino que fiscalice propendiendo al mejoramiento de la educación, dentro de la mayor transparencia en el uso de los recursos y del pleno cumplimiento de las normativas y leyes vigentes.
ˇ Cambiar las condiciones laborales docentes: rebajar la cantidad de alumnos por curso y la cantidad de horas de docencia de aula. Ambas medidas implican una gran inversión, pero hay que establecer un plan gradual que comience ya.
ˇ Mejorar los salarios docentes. No es posible que a los privados se les permita pagar menores salarios que a los profesores municipales, en circunstancias que el quehacer docente es el mismo.
ˇ Cambiar exigencias para crear colegios. A lo menos, que quien abra un colegio sepa de educación.
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Darío Vásquez. Vicepresidente Nacional Colegio de Profesores.
