A partir de la sesión especial de la Cámara de Diputados, realizada en julio pasado, y la posterior recolección de información por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en donde diversos sectores afectados por esta actividad económica, más científicos y los propios industriales, expresaron sus puntos de vista y entregaron los antecedentes correspondientes, ha comenzado una nueva etapa en la relación entre el Estado y la Industria Salmonera.
De alguna manera los casi 10 años de denuncia por parte de organizaciones ambientalistas, amparados en informaciones científicas nacionales e internacionales, más la serie de denuncias por parte de los trabajadores acerca de los maltratos e injusticias laborales que ocurren en un gran porcentaje de empresas, han dado sus frutos, posicionando un tema difícil y complejo en la discusión política nacional, en el Parlamento y en la opinión pública, forzando al Estado chileno hacerse parte de la problemática de una actividad económica, siempre vista como el ejemplo paradigmático del exitoso «modelo económico chileno», explotador y exportador de recursos naturales.
La relación Estado chileno e Industria Salmonera históricamente siempre ha estado ubicada en la esfera de la «promoción» de la actividad económica, más que en su «fiscalización». Informaciones periodísticas revelan que ya en el gobierno de José Manuel Balmaceda (1888-91), en su afán de diversificar la economía chilena, en ese entonces centrada en la extracción de salitre, se realizaron estudios e informes para determinar la factibilidad de cultivar salmones en los ríos, lagos y ensenadas del sur Chile. Pero fue durante la dictadura militar cuando se crean las mejores condiciones para la industria. En el afán de acelerar las tasas de crecimiento económico del país, se adoptó una estrategia de desarrollo basada en la explotación de nuestros recursos naturales con un perfil netamente exportador. Es así como durante ese periodo, a través de subsidios a la empresa privada, se implementó un vasto plan de créditos con la finalidad de instalar las primeras pisciculturas dotadas de tecnología moderna. De esta manera aparecieron en los prístinos paisajes sureños las primeras balsas jaula de crianza.
A lo anterior habría que agregar todas las ventajas dadas por las autoridades económicas de la dictadura militar que favorecieron la entrada de capitales extranjeros. Aquí encontramos desde leyes generales proinversión extranjera como el DL600 hasta mecanismos legales que intentaron atraer la inversión foránea a determinados territorios, como la Ley Austral 19.606, que beneficia con un crédito tributario que va de un 10 a un 40% a la inversión realizada en las regiones XI y XII y en las provincias de Palena y Chiloé.
Estos mecanismos siguen siendo promovidos por las actuales autoridades, a lo cual habría que agregar la entrega a privados de las concesiones acuícolas a precios muy por debajo de su valor real, lo cual implica un traspaso patrimonial importante a los empresarios salmoneros, muchos de ellos compuestos por capitales extranjeros. Sin duda alguna, la serie de tratados comerciales suscritos por Chile en los últimos años, el afán de nuestros gobernantes de transformar a Chile en una «potencia agroexportadora», y el fuerte lobby que los gobiernos de la Concertación han hecho para ocultar el historial de problemas comerciales y sanitarios sufridos por la industria en los mercados internacionales, no hacen más que confirmar el rol promotor del Estado chileno frente a la salmonicultura como actividad económica.
En este sentido, esta nueva fase en la relación Estado-Salmonicultura abre nuevas posibilidades para que el Gobierno acorte la brecha entre el explosivo crecimiento de la industria y el siempre lento avance de los marcos regulatorios generales y sectoriales que resguarden tanto la capacidad de carga de los ecosistemas en los cuales se asienta la industria, como así también los derechos de los trabajadores. Esto además debe ir acompañado de la entrega de mayores recursos para los servicios públicos fiscalizadores de tal manera que se pueda estudiar, monitorear y controlar adecuadamente a las empresas salmoneras.
Esta decisión política debe ser clara y contundente, y son por lo menos tres las tareas que se visualizan en el corto plazo para dar cumplimiento al rol fiscalizador del Estado chileno en esta materia.
Primero, modernizar el marco conceptual en el cual se asienta el Reglamento Ambiental de la Acuicultura, RAMA. Hoy este reglamento se enfoca fundamentalmente en los efectos puntuales sobre el fondo marino de un determinado centro de cultivo, pero hoy, dada la concentración de la industria en un determinado espacio geográfico, existen costos de aglomeración que hacen difícil de identificar las responsabilidades puntuales de los efectos ambientales de esta actividad, además de dejar fuera una serie de elementos de primerísima importancia desde el punto de vista de mantener saludables las relaciones ecológicas en los ecosistemas marinos del sur de Chile como lo son los efectos ambientales del abuso de antibióticos por parte de la industria, los escapes de salmones, los efectos sobre la fauna nativa, la excesiva descarga de nutrientes que queda suspendida en la columna de agua y su relación con la proliferación de floraciones algales nocivas (mareas rojas), los efectos sobre mamíferos marinos, y finalmente el impacto sobre la salud humana de un producto que contiene altos niveles de antibióticos. La modernización del marco jurídico e institucional y un sistema eficiente de monitoreo, control y vigilancia de las actividades acuícolas, enmarcado en un modelo ecosistémico para el manejo de los centros de cultivo, que de partida no solo involucre a los efectos puntuales sino a diferentes variables del ecosistema, es fundamental para crear un marco que estimule la preservación de los recursos marinos y los ecosistemas asociados, asegure el uso diversificado de los recursos, genere un mayor valor agregado y desarrolle la pesca artesanal de la zona costera.
Segundo, generar mesas de dialogo democráticas y participativas, recogiendo la agenda de los sindicatos de trabajadores de la industria. Además generar mecanismos tributarios y económicos que permitan por un lado capturar la renta del recurso hídrico de la que hoy se apropia la industria salmonera, al utilizar el agua gratuitamente, y por otro lado, disminuir la enorme desigualdad entre los factores productivos capital y trabajo que se experimenta en esta actividad. Según cálculos de OCEANA en base a información de la Encuesta Nacional Industrial Anual del INE, los salarios como porcentaje del valor agregado de la industria acuícola, alcanza al 28,6% (El resto corresponde al excedente del capital), mientras que a nivel país esta cifra equivale al 32,9%. La participación de los salarios en el valor bruto de producción de la industria acuícola alcanza al 12,1%, mientras que los excedentes de explotación (lo que ganan los dueños del capital) alcanza al 30,4%, es decir, más que duplican a los salarios. El 57,5% restante se lo lleva el consumo intermedio (pago de materiales, insumos, etc).
Finalmente, frente al constante cuestionamiento de las cifras que por un lado avalan y por otro lado critican la actividad salmonídea, y teniendo presente que Chile a pesar de ser el segundo productor mundial de salmón, sólo explica el 2% de la investigación científica acuícola a nivel internacional, es clave que el Estado entregue recursos y convoque como garante a una mesa del más alto nivel científico, donde se puedan establecer en un plazo razonable las reales dimensiones de la externalidades negativas de la salmonicultura.
Un punto no menor para avanzar en todas estas tareas, es fijar una moratoria a la entrega de nuevas concesiones acuícolas hasta que se logre un grado de avance suficiente en esta nueva agenda para la salmonicultura.
_______________________________________
Cristián Gutiérrez, Economista de Oceana.
