En reciente entrevista al diario El Mercurio, la ministra secretaria general de la Presidencia y presidenta del Consejo de Ministros de Conama, Paulina Veloso, fija la política ambiental para los próximos meses y de paso dio su opinión sobre tres casos ambientales emblemáticos.
En estas opiniones se vislumbra una política ambiental orientada a minimizar la temática ambiental al interior del gobierno y a tomar distancia de las organizaciones ambientales y ciudadanas con competencia ambiental. Tras nueve meses de funcionamiento, el gobierno ya ha tomado una opción, y ésta es distinta a la que los ciudadanos esperábamos.
En las declaraciones de Veloso queda claramente establecido que en el debate entre proyectos productivos y protección ambiental sólo tienen cabida dos actores: los empresarios y el gobierno; la ciudadanía queda fuera.
Cuando hace referencia a la propuesta de instalar centrales hidroeléctricas en la región de Aysén responde que al gobierno le corresponden dos cosas: «Generar un ambiente económico que posibilite la inversión y que presentado un proyecto sea estudiado con toda la rigurosidad que corresponda».
¿Que pasa con el medio ambiente y los ciudadanos? Parece que no son parte de la política ambiental. La ministra olvida que el derecho a vivir en un medio libre de contaminación está garantizado en la Constitución Política y que es deber del Estado tutelar que esta garantía constitucional se cumpla. También olvida que la Ley General de Bases sobre el Medio Ambiente NÅŸ 19. 300 establece, en relación a lo consagrado en la Constitución, que la ley tiene que regular la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, «sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia».
En otras palabras, a la ministra se le olvidó que antes de salvaguardar los intereses económico de las empresas privadas, su deber es velar por el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Algo similar ocurre cuando opina sobre el fallo judicial por el tanque El Mauro de propiedad de la minera Los Pelambres. El fallo de la Corte de Apelaciones hace referencia al incumplimiento por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, de lo establecido en un cuerpo legal sectorial, en este caso, el Código de Aguas. En efecto, para calificar ambientalmente un proyecto no basta con que éste cumpla los procedimientos administrativos establecidos en la ley 19.300, también debe respetar lo establecido en las legislaciones sectoriales. En el caso de Los Pelambres se debió considerar lo establecido en el Código de Aguas en relación a los derechos de aguas legalmente constituidos por la comunidad de Caimanes sobre un curso natural, tal como lo establece dicho cuerpo legal, y que fueron traspasados a una fuente artificial y de propiedad de la empresa violando lo establecido en dicho cuerpo legal.
En este caso hubo un acto administrativo incorrecto, de manera que lo que está en juego no es la institucionalidad ambiental sino la mala aplicación de una ley sectorial; por ello, es totalmente legítimo un recurso judicial.
Pretender que una vez que se ha calificado ambientalmente un proyecto a través de un procedimiento administrativo, no se puede recurrir a otros poderes del Estado, es al menos curioso, pues significaría que hay un poder del Estado que está por sobre los otros. De aplicarse esta doctrina, no cabrían las reclamaciones judiciales de ningún tipo, y en el caso del poder legislativo no podrían establecerse comisiones investigadoras, ni acusaciones constitucionales, ni la nueva modalidad de interpelación que ha establecido la reciente modificación de la Constitución.
Después de leer los dichos de la ministra, lo que queda concluir es que estamos ante una nueva situación, donde el gobierno «ciudadano» encargado de velar por la protección ambiental, desconoce su rol y se alinea con el sector más duro del empresariado chileno, haciendo suyas sus demandas, e incluso avalando situaciones que vulneran la legislación vigente. Si efectivamente, tal como lo declaró, Paulina Veloso cree en la institucionalidad, en la certeza jurídica y en que los empresarios deben asumir mayor responsabilidad, sería bueno que meditara sobre sus declaraciones, y de paso revisara la legislación ambiental y sectorial antes de emitir opiniones.
Flavia Liberona. Coordinadora Nacional de Ecosistemas
