Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) confirman la brecha de calidad de la educación que existe en Chile, a favor de los sectores de más altos ingresos. Menos de un quinto de los mayores puntajes pertenecen a jóvenes educados en liceos públicos, en los cuales estudian, a su vez, los estudiantes más pobres.
Si bien el año 2006 fue prolífico en movilizaciones estudiantiles y debates sobre la reforma educacional, se asienta la percepción de que el proceso de cambio se mueve de manera extraordinariamente lenta, y que su dimensión es de tal envergadura que tiene el tono de una revolución cultural, cuyo soporte político exigiría algo más que la voluntad del gobierno de turno.
El problema va mucho más allá de los temas puramente económicos. La inversión del Estado es enorme, pero sólo alcanza para otorgar una base educativa de baja calidad a todos los chilenos, sobre la cual se monta la capacidad económica individual de cada familia, haciendo que la desigual distribución del ingreso también se refleje en la distribución y reproducción del conocimiento. Los mecanismos de compensación ideados por el Estado no operan adecuadamente, debido a su baja capacidad regulatoria y de fiscalización, y muchas veces son apropiados de manera inescrupulosa por operadores que fundan sus ganancias sobre dichos subsidios.
En el caso de la educación superior la situación alcanza un nivel crítico, aunque por razones diferentes. Es lamentable comprobar cómo las instituciones de educación superior, principalmente las del Consejo de Rectores, van experimentado retrocesos de calidad, salvo contadas excepciones, empujadas por deficiencias de gestión y una política de autosostenimiento y mercado que las lleva a aumentar las matrículas y las carreras de manera indiscriminada. Tal situación es abusiva para los estudiantes de regiones, en las cuales se abren sedes y carreras que no tienen ninguna sustentabilidad académica y de infraestructura.
El número de universidades trabajando seriamente los temas de acreditación institucional y académica es muy bajo, pese al tiempo que el tema lleva puesto en la mesa de trabajo. Ejemplo de ello es que en la oferta educativa del presente año más del 90 por ciento de las carreras no están acreditadas.
Producto de los acuerdos suscritos entre la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Gobierno, durante el segundo semestre del año 2005, se ampliaron significativamente las becas y créditos para la educación superior. Pero la política de aranceles de algunas universidades, especialmente la Universidad Católica y la de Chile, licua ese beneficio pues el arancel de referencia que sirve para calcular becas y créditos es inferior al arancel real, el cual es fijado libremente por la propia universidad, generando una brecha que los sectores de menores ingresos no alcanzan a cubrir.
Por otro lado, la existencia de un vasto campo de negocios con bajo control institucional genera universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica orientados prácticamente a cosechar en forma indiscriminada la demanda de los jóvenes por educación superior. Como ejemplo está la enorme oferta de carreras como perito judicial o ingeniería comercial.
La estructura institucional del Ministerio de Educación es incapaz de generar un control más eficiente de tal situación, pese a que la División de Educación Superior es su unidad de mejor desempeño. De manera tal que los esfuerzos económicos tipo Mecesup 2 (programa de mejoramiento de la calidad de la educación superior), y que implican este año una distribución de más de quince mil millones de pesos, no contribuirán sustantivamente a mejorar el panorama reseñado.
No se puede negar el esfuerzo que hace el actual gobierno para mejorar la situación de la educación chilena. Pero es necesario recalcar que, sin una ingeniería institucional de fondo, será poco lo que se pueda avanzar. Existe suficiente diagnóstico y marco teórico para la reforma educacional que se requiere (para revertir la brecha de calidad que perjudica a los estudiantes de menores recursos económicos). Lo que aún falta es la voluntad política de conmover los cimientos institucionales, en primer lugar, del propio Ministerio de Educación, y la conciencia de que se trata de un tema país, de mediano y largo plazo.
