Los actuales estilos de desarrollo exigen la capacidad de adaptarse dinámicamente a las transformaciones que atraviesan todas las esferas de la vida. Sobre esto, se puede decir que los vertiginosos cambios de los que somos testigos les son más propios a las nuevas generaciones: los jóvenes. Sin embargo, tal como lo establece Emilio Rodríguez en una de sus publicaciones, mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exigen un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud, paradójicamente aumenta la exclusión social entre los jóvenes, destacándose como principal evidencia las importantes tasas de deserción y fracaso escolar y los elevados niveles de desempleo juvenil en la región. Como ejemplo, en los últimos 40 años el desempleo juvenil ha persistido en niveles que duplican o triplican los de la población adulta.
Pese a que existen propuestas masivas de consumo cuyo centro son los jóvenes y un discurso que plantea simbólicamente la importancia de dicha población, a los jóvenes urbanos populares la realidad les indica que están fuera de estos beneficios, lo que los lleva a identificarse y satisfacer sus aspiraciones a través de subculturas marginales, de pandillas y barra, que tienen códigos propios socialmente disruptivos. Esta situación es particularmente grave, pues la cristalización de las subculturas marginales impide que los jóvenes aporten al funcionamiento de la sociedad, erosionándose con ello la trama social y las normas de convivencia, lo que motoriza el reforzamiento de la segregación y la segmentación, como afirma Rodríguez.
En MOMIC (Modelo Metodológico Intersectorial Comunitario), iniciativa generada desde el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación), a partir del año 2005 estamos trabajando en el diseño de un modelo intersectorial dirigido al mejoramiento de las condiciones de vida de jóvenes en riesgo social de las comunas de Cerro Navia, La Pintana y Pudahuel, experiencia que permite constatar que, si bien existen algunos programas dirigidos a jóvenes, éstos no logran ser parte de una política pública debido a:
1. Falta de una concepción integral: Los programas hacia jóvenes en riesgo social enfocan sus recursos a la solución de problemas determinados (delincuencia, drogadicción, trabajo, entre otros), sin considerar que cada problema se encuentra en un contexto de vida del joven pudiéndose identificar diversas necesidades. La falta de articulación y focalización de las iniciativas públicas y privadas ha generado un bajo impacto en los territorios e inefectividad en las soluciones.
2. No se genera capital social: Las iniciativas no consideran dentro de sus líneas prioritarias la generación de confianzas. Los jóvenes en riesgo desconfían de las instituciones y de sus propios vecinos, por lo que cualquier acción se ve limitada a la escasez de redes que lo mantienen dentro del mismo círculo.
3. Falta de coordinación intersectorial: La oferta pública y privada contiene programas que podrían beneficiar a jóvenes en riesgo social, pero la falta de coordinación hace que esta oferta sea en extremo atomizada.
4. Falta de oportunidades para el trabajo y emprendimiento: Aunque se realizan capacitaciones en oficios y se entregan microfondos para emprendimientos, los programas públicos enfocados en estas zonas no solucionan dos problemas importantes: la dificultad en obtener trabajo y la carencia de mercado en los emprendimientos.
Creemos necesario pasar de una visión adulta y restringida en materia de juventud, hacia el diseño de políticas que incorporen a las nuevas generaciones al proceso de cambio que se quiere promover, concibiendo a los jóvenes como destinatarios de servicios y actores estratégicos del desarrollo. Consideramos relevante trabajar hacia una efectiva articulación de oportunidades entre organismos públicos, privados y de la sociedad civil, dotando de capacidades y recursos que trasciendan la mera ejecución de programas acotados, conservadores y funcionales.
Esta es la invitación que hace MOMIC: concebir a los jóvenes como sujetos de derechos. Es decir, abrir el debate con distintos actores sociales, políticos, gubernamentales y privados, de modo tal, de diseñar e implementar la política en conjunto, acercando las oportunidades hacia quienes se encuentran fuera del sistema y han sido marginados del desarrollo por mucho tiempo.
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Marcela Tchimino, Magíster en Educación, Investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación y Coordinadora de MOMIC
