La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que debe regir en plenitud a partir del próximo 8 de junio, es uno de los grandes desafíos que debe enfrentar la Defensoría Penal Pública este año.
Para ello, durante 2006, la institución realizó un intenso proceso de preparación de abogados defensores, de manera de responder precisamente a las exigencias de la nueva normativa, la cual establece que los actores del sistema que se encarguen de los casos de los menores de edad deben ser especializados.
Cabe hacer notar el hito histórico de constituir por primera vez en nuestro sistema jurídico un modelo especial de responsabilidad de los adolescentes entre 14 y 17 años por infracciones a la ley penal, manteniendo en los 18 años de edad cumplidos el comienzo de la responsabilidad penal de los adultos.
Esperamos que todos los actores tengan en consideración la existencia de instrumentos internacionales de derechos humanos que deben ser respetados, los cuales determinan la orientación privilegiante de la reinserción social por sobre el mero castigo y que la medida de privación de la libertad del menor constituye la excepcionalidad.
Este último viernes, correspondió al defensor nacional hecer saber la cuenta de su gestión respecto del año 2006. En ella, estuvo presente la capacitación de los defensores penales juveniles como una de las tareas más relevantes realizadas por la organización.
Hay que considerar que de los 201.267 imputados que atendió la Defensoría el año pasado, 11,1% correspondió a menores de 16 y 17 años de edad. De allí, entonces, que nos preocupe lo que ocurrirá desde junio próximo.
La Defensoría cuenta con un presupuesto anual que supera los $ 30.000 millones, tras incrementarse sus recursos precisamente para ampliar la atención a los adolescentes. Pero, hay que decirlo, no está claro cuál será el aumento de la demanda al incorporarse como responsables de hechos punibles a los jóvenes de 14 y 15 años de edad.
Lo que podemos decir con meridiana claridad es que nosotros, la Defensoría Penal Pública, nos hemos preparado a conciencia, de manera de construir un modelo de prestación del servicio de defensa especializado para la atención de los jóvenes infractores, que les facilite la comprensión de su situación legal para un adecuado ejercicio de sus derechos; les garantice una asesoría jurídica de calidad, y procure contribuir en la relación con sus familiares, tanto en la entrega de información oportuna como en la obtención de su colaboración para una defensa eficaz de sus derechos. También, y desde luego, en una perspectiva sistémica, colaborar a fin de lograr la inserción social plena de aquellos jóvenes que se han visto enfrentados a una imputación penal.
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(*) Eduardo Sepúlveda Crerar es defensor nacional
