El nuevo ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, ha traído un aire fresco a una estancada gestión. En su afán por destrabar lo que está trabado, sin embargo, comete algunos errores, como es la «curiosa» fórmula expuesta para reformar el sistema de inscripción electoral.
Desde hace años al interior de la Concertación se ha estimulado el debate sobre esta reforma, asociada a la transformación del binominal y gatillada por la escasa inscripción electoral de los jóvenes.
Pero esa discusión siempre se dio en un eje de renovación política. Tanto por la incorporación de nuevos electores como por la concepción libertaria del sufragio universal.
Así es, para los que somos jóvenes comprometidos con las causas políticas, militantes e interesados por participar de la toma de decisiones; no es menor que cerca de un millón de nuestros pares estén aislados de los temas públicos. Que, además, no sean considerados en las propuestas de los candidatos, sino sólo desde una mirada adulta, porque «no votan». Que tengamos un padrón cerrado a las innovaciones que conllevan las voces de los jóvenes.
Siempre nos ha dolido y preocupado esta situación, que ya no sólo es de ausencia juvenil en el discurso, sino también en las orgánicas de los partidos que presentan juventudes políticas gastadas, alejadas de las problemáticas sociales y, no pocas veces, mucho más cerca del poder y sus granjerías. Allí donde la carrera personal importa más que los sueños de país y la responsabilidad generacional frente a la pobreza, la falta de oportunidades y las carencias de todo tipo.
Para muchos jóvenes políticos está claro que una de las grandes trabas para erradicar este proceso conservador desde nuestro padrón electoral es el sistema arcaico de inscripción. Siempre nos pareció insostenible que frente a tanta modernidad no fuéramos capaces de implementar un sistema menos engorroso. Hoy por hoy el Registro Civil puede, de una patada, establecer quienes son los mayores de 18 años y, bien, ahí están los ciudadanos. Fin a las colas de último día para inscribirse y, al fin una ventana se abre para que entre aire fresco.
Pero esto siempre lo habíamos asociado al voto voluntario, de manera tal que obligáramos a los políticos a «entusiasmar» tanto al ciudadano como para que éste se levante de su sillón y acuda con convicción a la urna.
Pero, con un pragmatismo que muchos comentaristas de fin de semana habían advertido, el Ministro Viera Gallo ha deslizado la idea de mantener la obligatoriedad del sufragio, llevar a cabo la inscripción automática y, pongan atención, permitir la renuncia voluntaria de los ya inscritos.
Pareciera ser una salida «posible», sin embargo algunos creemos que puede resultar peor el remedio que la enfermedad. La sensación de angustia de todos los que hoy «gozan» no estando inscritos será evidente cuando descubran que por el sólo ministerio de la Ley, son ciudadanos obligados a votar. Entonces, sólo entonces, su ira, contra el sistema y el rechazo a los «políticos», será feroz, en vez de avanzar retrocedemos.
Pero, además de ello, existe una cuestión que esta reforma a la chilena, ni tanto ni tan poco, conlleva respecto a la concepción del sufragio.
La propuesta ministerial nace de una errada visión del sufragio universal. Éste fue producto de luchas históricas, un espacio de libertad conquistado en el curso del devenir histórico, un derecho adquirido no sin pocas dificultades y con el costo de muchas vidas.
El voto es un derecho, no una obligación. Es la expresión del crecimiento y progreso de los derechos y la soberanía de las personas. Una propuesta como la que comentamos traiciona esa naturaleza, que menoscaba el poder conquistado por las personas para transformarla en una carga más, un impuesto cualquiera, una obligación que acarrea sanciones, advertencias y amenazas.
Ojalá las autoridades cambien el rumbo hacia la verdadera esencia de la democracia, el ejercicio libre del poder y la renovación de las propuestas ciudadanas.
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Francisco Molina Hernández. Estudiante. Dirigente Jóvenes Progresistas de la JPPD.
