La reforma educacional debiera constituirse en un hito fundamental del desarrollo del Chile republicano. Pero las declaraciones de los diversos actores políticos ante la iniciativa del Gobierno apenas giran en torno a la defensa de sus intereses particulares.
La iniciativa adolece de un ingenuo idealismo de Estado, sin conciencia de la incapacidad de la institucionalidad pública para empujar la calidad educativa. No extraña entonces que, hasta ahora, el debate sólo refleje una mirada superficial y elusiva de los temas de fondo.
Hace pocos días la Conferencia Episcopal criticó ácidamente una supuesta falta de disposición del Gobierno para consultar con ella aspectos de la ley que afectarían valores sustanciales. Pero evitó referirse a los principios económicos de la iniciativa gubernamental, señalando que se debían analizar con más profundidad tales alcances.
La declaración constituye una abierta presión al Gobierno, con la velada amenaza de un "debate valórico", el cual el Ejecutivo necesita evitar para impedir un entrampamiento de su propuesta. Es también una manera de eludir la explicación de por qué el proyecto educativo de algunas de sus congregaciones religiosas en nada se diferencia de los criterios de mercado que animan a muchos empresarios de la educación, y presenta vicios similares. Ejemplo de ello son las serias infracciones a la actual ley de subvenciones por parte de varios colegios católicos, las que -en un espíritu de statu quo- no han sido debidamente informadas a la opinión pública por las autoridades del Ministerio de Educación.
Por su parte, la derecha ha sido enérgica en señalar que la reforma del Ejecutivo constituye un atentado a las bases institucionales del sistema educativo garantizado en la Constitución de 1980, y una vuelta al "estatismo". En tal postura, ha asumido la representación de los empresarios de colegios privados y particulares subvencionados, para muchos de los cuales la educación es una mercancía cuya calidad depende del valor de compra que los ciudadanos puedan y estén dispuestos a pagar. Los que no tengan acceso a este mercado, son un problema del Estado.
Así, todo indica que sus esfuerzos se orientarán a argumentar la inconstitucionalidad del proyecto del Gobierno, centrado en que éste contiene un esquema regulatorio demasiado estricto, dando por sentado que la calidad de los contenidos curriculares está en la educación privada, y que la igualdad de su distribución es un problema tan sólo de mayores incentivos económicos.
Resulta preocupante también que la propuesta de reforma del Ejecutivo, perfectamente orientada en los sueños de la calidad educativa, deje casi intacta la burocracia del ministerio de Educación encargada de aplicar la reforma, y no se juegue por un cambio de fondo en la institucionalidad.
Pese a las numerosas denuncias e indicios de corrupción, el Gobierno ha carecido hasta ahora de la voluntad política para desarrollar una acción de control que termine con las redes clientelares en el sector. Especialmente entre las Secretarías Regionales Ministeriales y grupos de sostenedores inescrupulosos que, cada cierto tiempo, escandalizan a la opinión pública con sus actos. Eso fue lo que ocurrió hace menos de un año con los colegios Britania en la Región Metropolitana, caso en el cual -hasta ahora- nadie explica cómo y por qué el Estado autorizó ese proyecto educativo y pagó subvenciones en algo que fue una verdadera defraudación a todos los chilenos.
