Hoy día, más que nunca durante los últimos años, se ha levantado una controversia entre poderes centralizados y regionales o locales, en el sentido de aclarar quien conduce los destinos del país. ¿Es el Gobierno central el que determina lo que debe hacerse en cada una de las regiones, o son cada región las que proponen sus propios destinos según sus realidades?
En primer lugar, debemos decir que ya es un viejo tema, puesto en las mesas del ejecutivo, legislativo y regional hace bastante tiempo. Fue así como se avanzó bastante a mediados de los 90 cuando se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que produjo una suerte de proyectos locales que dieron mucho impulso a ideas y proyectos específicos.
Sin embargo, el crecimiento significativo del país en términos económicos, ha provocado una suerte de retroceso en la descentralización, dado que, tanto en el poder público, especialmente del Ejecutivo, como el sector privado de las grandes empresas, distorsionan los intentos locales de inversión.
La construcción de un puente que uniría la Isla de Chiloé con el continente, la compra de parte importante de una región por parte de un extranjero, la instalación de un megamercado en una ciudad regional donde los locales de venta, de tamaño mediano y pequeño, que crean muchas fuentes de trabajo, o la instalación de una explotación minera aurífera debajo de un sistema ecológico que asegura la agricultura de un valle agrícola, tiran por tierra cualquier intento de política regional o local de mediano o largo plazo.
El parcial avance que tuvimos con el FNDR nos comprobó que Chile dispone de capacidad profesional, regional y local. Y nos ha comprobado incluso, que proyectos regionales pueden darle un destino muy positivo a regiones enteras. Baste nombrar como ejemplo, la Región de Aysén, con la salmonicultura, que ha puesto a Chile entero como un gran productor de un bien de calidad mundial.
En consecuencia, disponiendo de los recursos humanos y las potencialidades regionales, solo estaría faltando la norma, especialmente económica, que regule las evidentes distorsiones en el crecimiento, especialmente las concentraciones de ingresos y sus resultados vergonzosos de inequidad. El monopolio disfrazado que existe en Chile, permitido por una norma inadecuada, da espacio para que una minoría de empresas, incluso personas naturales, se apropien de un porcentaje mayoritario del producto generado, marginando así de toda posibilidad de progreso a la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas, en todos los ámbitos de la economía nacional.
Aunque el gobierno de turno tiene mucho que decir de la realidad chilena actual, evidentemente no es tarea exclusivamente de éste, ni siquiera de un grupo de partidos, sino de toda la sociedad civil chilena, empresas públicas y privadas, universidades y centros de investigación, el acordar una agenda seria de trabajo conjunto, para realmente democratizar nuestro desarrollo y así poder acortar las diferencias socio económicas de nuestra población entera.
Lo contrario a esto significa la inestabilidad política, y de eso, los chilenos ya tenemos experiencia.
___________
Hugo Ortega T. Director de Agronegocios de la Escuela de Ingenería de la Universidad Central
