Como señaló un jurista, si Occidente quisiera tener un laboratorio para demostrar el fracaso de las ideas conservadoras en materia de sexo y familia, Chile es sin duda el que mejor cumple ese papel.
Hubo toda clase de esfuerzos para impedir la ley que igualó a los hijos de distinta filiación cuando ya alcanzábamos índices de casi el 50% de nacimientos fuera del matrimonio. Del mismo modo, los privilegios del varón, propios de toda legislación conservadora, terminan traduciéndose en altos índices de violencia intrafamiliar, agresión sexual, y abusos de toda clase.
En este contexto, la Ley de Matrimonio Civil es un ejemplo de lo que ha sido llamado un «estatuto de compromiso», pues adapta el Código Civil a la tolerancia que demuestra nuestra sociedad frente a las rupturas matrimoniales.
La mantención del status quo jurídico es propio de una visión que petrifica el derecho y deja en el desamparo numerosas situaciones que merecen corrección. El supuesto descalabro social resultado del divorcio no se ha producido. Sin embargo, la descomposición social que puede percibirse no es prudente atribuirlo exclusivamente a la legislación, pues una visión de este tipo es más de una época cuando se confiaba en la ley como instrumento orientador de la virtud social. Como señaló el ex magistrado Juan Guzmán Tapia en su libro sobre ética profesional del abogado, «al hombre no se le exige más que atenerse a lo legal, lo que ya es bastante». Experiencias moralistas ya las tuvimos y han sido estrepitosos fracasos.
La historia de la discusión de la Constitución de 1980 evidencia que no se quiso prohibir la dictación de una ley de divorcio, pese a algunas opiniones discordantes; de hecho, hubo acuerdo en considerar el matrimonio indisoluble como la forma más adecuada de constitución de la familia, pese a que se sostuvo que una legislación divorcista sería inconstitucional, ya que vulneraría el deber del Estado de promover el bien común y proteger a la familia.
Pero el divorcio no es un camino único: bien puede recurrirse a la separación judicial y lograr de este modo la subsistencia del vínculo, que no se disuelve como en el caso de aquél. Si la convivencia es inviable, queda a salvo la posibilidad de divorciarse; en caso contrario, nada impide la reconciliación, resurgiendo plenamente los derechos y obligaciones del matrimonio.
Tal como la anónima mano que escribió mene, tekel, uparsin, -el fatídico pesado, contado, medido- en la muralla del rey bíblico Belsasar, es patente la presencia de agoreros que han vaticinado en forma más o menos explícita la destrucción de la familia, basados en argumentos con premisas que creemos discutibles. Tal como indicamos, no cabe atribuir exclusivamente la crisis social y valórica de la familia al resultado de una legislación deficiente, o a un ataque frontal a su estructura, o a la pérdida de los valores confesionales que sustentan (según su opinión) el entramado social. Estimamos que si bien hay muchos factores, muy atendibles, el principal de todos son las distorsiones generadas por un economicismo exagerado, impuesto por unos pocos y que no beneficia a la mayoría, aspecto que se difumina bajo los argumentos expuestos precisamente por aquellos que disponen de un entorno social y económico acomodado, con una amplia red de apoyo ante las crisis familiares, a diferencia de la abrumadora mayoría de los chilenos. Esta visión ha carecido de contrapeso y trató de contrarrestarse explícitamente en el debate de la Ley de Matrimonio Civil, con un resultado a mi juicio dispar e insuficiente. Pero el tema de fondo, más que ideológico, es el de la sana convivencia, en base a criterios aunados en forma común, pluralista y democrática, y no basados en la imposición de una minoría.
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Carlos López Díaz, profesor de Derecho Civil. Universidad Central
