Mientras antes se convenzan el Gobierno y los otros actores políticos de que el escenario laboral ha cambiado sustantivamente en el país, mayores serán las oportunidades de preservar la paz social, una de las virtudes del modelo chileno de desarrollo.
Esto no ha sido comprendido a cabalidad por el Ejecutivo. O, en todo caso, le ha faltado liderazgo para dar una señal clara al respecto. Ha dejado que la ambigüedad y los trascendidos dominen el tema, generando la impresión de una pugna irreductible en su interior, entre un alma sensible al cambio social, y otra esencialmente formalista y contable, dirigida desde el Ministerio de Hacienda.
El estallido laboral de la subcontratación, que trasciende largamente a la actual negociación en torno a Codelco, hace patente el hecho de que la variable trabajo ha sido sobreutilizada como mecanismo de ajuste en la economía chilena. Tanto por el Estado como por los empresarios privados, hasta el punto de generarse una especie de doctrina de la precariedad en todos los mercados de trabajo, disfrazada parcialmente como flexibilidad laboral.
El hecho ha sido denunciado durante años por las organizaciones sindicales y otras similares de la sociedad civil. Incluso, connotados empresarios en época reciente han manifestado su preocupación por la inequidad y el desequilibrio social.
Lamentablemente, ni las quejas, ni las iniciativas de ley ni los febles controles de la Dirección del Trabajo, han logrado imponer una doctrina positiva en este campo. El último intento fue incorporar una definición de empresa en la Ley de Subcontratación, la que fue abolida tras un recurso de inconstitucionalidad liderado por el senador Andrés Allamand ante el Tribunal Constitucional. Este, en todo caso, no se pronunció sobre el fondo del tema, sino que acogió el recurso por una cuestión de forma, dejando en evidencia, de una manera elíptica, que se trataba de un asunto netamente político.
Que el tema es primordialmente político y que apunta al centro de las relaciones laborales de nuestro sistema productivo lo demuestra la incidencia de la izquierda extraparlamentaria en la solución del problema, y el papel de mediador asumido desde temprano por la iglesia Católica. Ya en las primeras etapas del conflicto, cuando un grupo de trabajadores subcontratistas se encerró en una mina con dinamita en sus cuerpos, las llamadas de urgencia tuvieron una red más amplia que las autoridades y los huelguistas, e incluyeron tanto a autoridades de la iglesia Católica como a dirigentes del Partido Comunista.
En segundo lugar, lo confirma el hecho de que se trata de trabajadores precarios en los sectores más modernos de la economía, que exhiben las mayores tasas de crecimiento e internacionalización, como lo son la industria minera, la forestal, el retail y la salmonicultura.
Conscientes de esta situación, algunos empresarios privados han empezado, todavía en un bajo perfil y con cautela, a conversar con los trabajadores, y a proyectar arreglos satisfactorios para todos.
Por ello, llama la atención la inflexibilidad de Codelco, y la falta de pericia política en el Gobierno, el cual ha dejado la conducción de los conflictos a un cuadro de gestión marcadamente tecnocrático. Lo que parece constituirse en su sello distintivo, pues frente a los dos mayores problemas del último tiempo, las crisis energética y laboral, las baterías de argumentos y gestión de crisis salen de dos empresas públicas: Codelco y ENAP, generando la sensación de una extrema corporativización y ausencia de estrategia política en La Moneda.
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