Depende exclusivamente del gobierno de Michelle Bachelet y la mayoría parlamentaria de la Concertación el que se establezca en Chile una efectiva libertad de expresión. Porque ésta no existe si no hay una mínima diversidad ideológica en la propiedad de los medios de comunicación, particularmente en el caso de la televisión abierta y de los diarios de circulación nacional. Chile, con la excepción de Cuba, es el país latinoamericano donde hay menor diversidad de estos medios. Es decir, el que tiene menos libertad de expresión.
Sin embargo, depende exclusivamente de la voluntad política de la Concertación modificar drásticamente esta lamentable realidad. Bastaría, para estos efectos, que el Gobierno procediera con justicia a devolver los bienes del confiscado diario «Clarín» a su legítimo propietario, Víctor Pey; y que aprobara una norma técnica y -a través de su mayoría parlamentaria- un marco regulatorio que estableciera una futura televisión digital que priorice instituciones y organizaciones sociales y culturales sin fines de lucro en la concesión de los futuros canales de televisión.
Respecto del caso del diario «Clarín», una completa investigación periodística realizada por la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo, en la revista «Rocinante» de septiembre de 2002 (y que nunca fue desmentida) establece fehacientemente que la dictadura confiscó «Clarín» a Víctor Pey -que le había comprado el diario a Darío Saint-Marie en septiembre de 1972- por medio del Decreto supremo N° 580; y que este obtuvo la devolución de sus acciones del Poder Judicial en 1995. Que posteriormente en 1997 -dado que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se manifestó reacio a devolverle los bienes confiscados- entabló una demanda en los tribunales nacionales por una determinada máquina rotativa; y otra en tribunales internacionales -dado que la dictadura le quitó su doble nacionalidad española-chilena- por el grueso de los bienes incautados.
Luego, en base a estudios y operaciones altamente controvertidas desde un punto de vista jurídico y moral, el gobierno de Lagos aprobó la entrega de nueve millones de dólares a otros supuestos propietarios, alegando la aplicación de la ley de devolución de bienes confiscados aprobada en 1998, pero violando con ello flagrantemente la Constitución y las leyes, al resolver sobre una materia que todavía estaba -y está- en litigio en los tribunales de justicia.
Por lo tanto, desde una perspectiva ética y legal debería procederse a la devolución de aquellos bienes a Víctor Pey, quien se ha comprometido a destinarlos al financiamiento y operación de un diario de circulación nacional de orientación progresista, que rompería el dúopolio El Mercurio-Copesa. Sólo la extrema subordinación del liderazgo concertacionista a la derecha económica permite comprender una actitud política tan contraria a la libertad de expresión y a la representación de los pensamientos de centro-izquierda en los medios de comunicación del país.
En relación a la televisión digital de próxima implantación en el país, es resorte exclusivo de la jefa de Estado el aprobar la norma técnica de su operación. De acuerdo a los especialistas, la que permite una mayor diversidad de canales -y que ha sido adoptada por la abrumadora mayoría de las naciones- es la europea. Por tanto, es clara cual debiera ser la elección gubernativa, si es que se quiere promover la libertad de expresión.
A su vez, la normativa para el sistema de concesiones de canales debe establecerse por ley, con lo que la mayoría parlamentaria de la Concertación tiene en su mano la posibilidad para que el Estado, las municipalidades, las universidades, las organizaciones sociales, los colegios profesionales, las minorías étnicas, etc. puedan poseer canales de televisión y expresarse efectivamente a través de ellos.
Por el contrario, si el sistema de concesiones se deja entregado al «mercado», tendremos con seguridad que el conjunto de la televisión chilena continuará siendo uniformemente conservadora, esta vez por el predominio incontrarrestable y exclusivo de los grandes grupos económicos.
* Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
