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Políticas contrarias al bien común

por 3 septiembre, 2007

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En esta ocasión, daremos tres ejemplos de comportamientos públicos que ponen en entredicho el funcionamiento de las instituciones en nuestro alicaído Estado de Derecho.



Lacra del secretismo



El Tribunal Constitucional puso las cosas en su lugar al aclarar que la modificación al artículo 8ÅŸ de la Constitución Política ordena que todos los actos y resoluciones de la administración pública son de conocimiento de la ciudadanía, incluyendo los fundamentos utilizados, con lo cual estableció la improcedencia de una norma del artículo 13ÅŸ de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que "permitía" denegar el libre acceso a la información pública cuando afectaba el interés privado de terceros.



En Chile sólo una ley de quórum calificado puede determinar el secreto o reserva de un acto terminal o en trámite y esto es desobedecido por muchos alcaldes y directores de obras que niegan la información que les solicitan los grupos ciudadanos que desean analizar los permisos de anteproyectos o permisos de edificación sospechosos de contener irregularidades. Es decir, tales autoridades, en vez de proceder acorde a sus atribuciones en resguardo de los legítimos intereses de sus mandantes, han optado por transformarse en canes guardianes de aquellos que demuelen y edifican voluminosas torres que desfiguran la armonía de los barrios consolidados.



Por ejemplo, la municipalidad de Providencia niega a los vecinos del sector Plaza Las Lilas el acceso al permiso otorgado por su Dirección de Obras al grupo Penta para que construya unas torres que enfrentan esa área verde, posiblemente porque no todos los predios que se tenían que fusionar, lo hicieron con antelación a la fecha de ese acto administrativo. También mantiene bajo 7 llaves el permiso que habría otorgado recientemente a Costanera Center para que emplace su espectacular torre de 62 pisos, teniéndose en cuenta que el titular del proyecto no cuenta todavía con la aprobación del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano: Para no ser menos, la más modesta municipalidad de Ñuñoa, también mantiene en reserva la solicitud de permiso para que Cencosud construya un Mall en la esquina de Macul con Grecia, en circunstancias que ya se detectó que el permiso de anteproyecto respectivo estaba mal otorgado. Y aunque el lector lo ponga en duda, en el caso del proyecto de la Plaza Las Lilas, el abatido director de obras de Providencia niega el permiso a los ciudadanos por "instrucción" recibida del privado titular del proyecto (sic).



Descontrol en la seguridad de las construcciones



A raíz de una reciente denuncia del diputado Patricio Hales, la opinión pública tomó conocimiento de otra iniciativa del Minvu orientada a facilitar la tramitación y reducir el costo de los negocios inmobiliarios, ahora con ocasión de la existencia de un simple decreto que pretendía liberar las revisiones antisísmicas a la inmensa mayoría de las construcciones que se ejecutan en nuestro país. Qué ello sea malo para el interés social de la ciudad, a esta altura ya no nos extraña, porque estamos acostumbrados a este tipo de impolíticas por parte de ese servicio estatal.



Dicho parlamentario, que es arquitecto, informó el domingo 26 de agosto pasado en conferencia de prensa que ese ente público había emitido el decreto NÅŸ 92, el cual se encontraría en el proceso de toma de razón en la Contraloría General, aunque nosotros sabemos que le fue devuelto al ministerio "porque no se ajustaba a derecho". Es más, tal decreto buscaba, creando el artículo 5.1.28. en la Ordenanza correspondiente, liberar a los organismos del Estado que contrataran revisores independientes cuando construyen edificios de cierta mayor envergadura, obligación que sí se mantenía para el sector privado : es decir, el Minvu quería aplicar un impresentable doble estándar.



Pues bien, el diputado y los ingenieros que lo acompañaban, extrapolando, denunciaron que se quería modificar la regulación con el fin de que las revisiones del cálculo estructural se hicieran sólo en las construcciones más grandes y nos recordó que él mismo, como legislador, actuó hace 6 años para mejorar la seguridad de las construcciones, al reponer una legislación que obliga a la revisión de los proyectos por parte de profesionales competentes en la materia. Es decir, por secretaría y en forma oblicua, se pretendía anular lo que había decidido el Congreso Nacional.



Los ingenieros calculistas avalan la posición de Hales, ya que son las construcciones de poca altura, emplazadas en terrenos pequeños, las que tienen riesgo latente ante movimientos sísmicos. En todo caso nosotros sabemos que estos comportamientos ministeriales son inducidos por las asociaciones gremiales empresariales de la construcción, las que, como principio básico de acción, sostienen que la existencia de regulación y normativa son trabas a los negocios, lo cual es entendible porque este sector privado sólo tiene en la mira su propio objetivo comercial de corto plazo. Por ello, con desazón observamos que el Minvu se ha transformado en un simple amanuense de ese sector de la economía.



Incompetencia técnica por parte de la Corema



El 21 de agosto pasado, la Contraloría General emitió el dictamen NÅŸ 37731, mediante el cual dejó sin efecto la aprobación de la Corema a la planta de gas propano en Peñalolén, porque el terreno en donde se pretendía emplazar es un Área de Preservación Ecológica, de acuerdo a la norma establecida en el PRMS. La regulación vigente dice que en nuestra megalópolis los territorios precordilleranos deben mantenerse en su estado natural para asegurar el equilibrio y calidad del medio ambiente y también con el propósito de preservar el patrimonio paisajístico, lo que al parecer no sabían los que votaron a favor de esa infraestructura energética.



En todo caso en esa tipología se admiten los desarrollos de actividades amigables con la naturaleza y en tal sentido es posible la ejecución de proyectos científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, con las instalaciones físicas mínimas para su habilitación. Asimismo se pueden llevar a cabo actividades agrícolas, pero muy controladas por los servicios dependientes del Ministerio respectivo.



Pero Luis Eduardo Bresciani, flamante portavoz del Minvu, arquitecto muy ocurrente y locuaz, aprovechando las cámaras del Canal 13 y una portada de El Mercurio, señaló en días recientes que su ministerio valida la planta en ese lugar y que por ello estaríamos ante una "contienda de competencias entre poderes del Estado" (sic). Y en un arranque de patudez llegó a expresar que "los planos reguladores no prohíben la instalación de obras de infraestructura", para justificar su apoyo a la planta.



Bresciani, por el cual en lo personal sentimos simpatía, aparentemente no sabía que todos los órganos de la administración del Estado están obligados a obedecer los dictámenes de la Contraloría y si el Minvu no está de acuerdo con el contenido del dictamen, sólo puede pedir una reconsideración: en ningún caso cabe la contienda de competencia. En cambio, Metrogas sí puede recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del referido dictamen, alegando su derecho de propiedad respaldado por actos del gobierno, con la creencia que los tribunales superiores nuevamente van a fallar estableciendo que la Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los permisos, lo que a todas luces es infundado. La Contraloría tiene la obligación de pronunciarse sobre la forma y el fondo de los actos administrativos porque su función primigenia es velar por la legalidad, probidad y transparencia, aunque a muchos actores ello no les guste.



Pero si nos situamos en un escenario normal, los residentes del sector oriente de la ciudad esperan ahora que Metrogas inicie a la brevedad la construcción de su planta de respaldo en la comuna de Puente Alto, habida cuenta que este proyecto ya tiene una favorable Resolución de Calificación Ambiental de la Corema. Muchos especialistas dicen que el invierno del 2008 será tan frío como el actual y por ello no podemos poner en riesgo el abastecimiento de este combustible para la población, razón más que suficiente para que el gobierno, de una vez por todas, asuma el rol que le corresponde conminando a esa empresa privada en orden a que comience las faenas de construcción en el terreno apto que dispone en Puente Alto.





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Patricio Herman P. Fundación "Defendamos la Ciudad"

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