La autorización otorgada por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Tarapacá para realizar una exploración minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas, utilizando un procedimiento que viola la legislación nacional vigente y permite el incumplimiento de convenios internacionales suscritos por Chile, plantea varias interrogantes.
En primer término, ¿por qué la autoridad ambiental acogió a trámite este permiso? Es deber de ella conocer la legislación vigente, por tanto si la Conama regional tramitó este permiso cometió un error y debe ser sancionada por ello. No es posible que la autoridad ambiental desconozca la ley que rige su proceder y menos que no la respete.
En segundo término, ¿por qué los integrantes de la Corema aprobaron este permiso? La instancia es presidida por la intendenta y está compuesta por los jefes de las Seremi con competencia en el tema. Todos ellos deberían conocer la legalidad vigente y, aún así, se permitieron aprobar un proyecto que claramente cae en incumplimiento legal. De hecho, en la resolución de calificación ambiental que autoriza este proyecto, los integrantes de la Corema reconocen que la Reserva Nacional Las Vicuñas es un área protegida y que el proyecto en cuestión debería ser evaluado con otro instrumento. Pero se arrogan el derecho a no respetar la ley, considerando que allí ya existieron actividades mineras. Es decir, todos sus miembros se permiten violar la ley y modificar la legalidad vigente respecto de un área protegida.
Lo ocurrido en Las Vicuñas es muy grave, pues tenemos un conjunto de autoridades que conociendo la legalidad vigente y debiendo respetarla, evidentemente no lo han hecho. Estas autoridades no hay respetado las leyes y de paso están violando una serie de convenios internacionales suscritos por Chile, poniendo al país en riesgo de sanciones. La única autoridad con competencia en el tema que persistentemente ha sostenido una postura apegada a la legalidad vigente ha sido Conaf, justamente la entidad encargada de resguardar las áreas silvestres protegidas.
El caso Las Vicuñas ha generado numerosas acciones por parte de parlamentarios y organizaciones ambientales. Es debido a ellas, que el Gobierno -a través de la ministra del Medio Ambiente- ha dado instrucciones de revisar el caso, pero no es suficiente. Lo que corresponde es que la autoridad ambiental revoque el permiso otorgado, pero además el Ejecutivo debe sancionar todas a las autoridades regionales involucradas en este desafortunado proceso. Si La Moneda no da una clara señal a sus funcionarios, estará permitiendo que situaciones como ésta se repitan en el resto del país, generando desconcierto, conflictos y situaciones de ingobernabilidad ambiental.
Si observamos con atención este caso, podemos darnos cuenta que existe una preocupación latente de organizaciones ambientales y parlamentarios respecto de la vulnerabilidad de las áreas protegidas. Desde que se hiciera pública la aprobación de la exploración minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas, se ha reorganizado la bancada verde y más parlamentarios se han sumado a dicho referente, hecho que hace años no ocurría. Eso revela que la preocupación por temáticas ambientales es cada vez mayor en la población, ya que los parlamentarios responden a sus votantes, pero también muestra que en cada lugar de Chile existen problemas, conflictos que en algunos casos son tan preocupantes como lo ocurrido en la reserva Nacional Las Vicuñas.
Por esto, urge una señal ambiental y política muy clara de parte de las autoridades de gobierno, de lo contrario sentarán un nefasto precedente para que esta situación se repita en muchos lugares de Chile.
*Flavia Liberona es directora ejecutiva de Fundación Terram
