En el campo de la seguridad ciudadana, luego de determinar si la delincuencia ha aumentado y cuál es el impacto real de los delitos graves en nuestra sociedad, finalmente, el tercer antecedente a examinar es la supuesta relación que habría entre el uso de drogas y las conductas delictivas. Esta tan presumida relación se ha magnificado ahora, ya que el imputado por el homicidio del cabo Cristián Vera tenía dos detenciones por uso de drogas.
En este nuevo cacareo, el diputado Enrique Accorsi, ex presidente del Colegio Médico, ha propuesto la cadena perpetua para quienes contrabandeen drogas hacia el país, mientras que el ministro Viera Gallo comenta la homilía del Cardenal Errázuriz en el Tedeum como un llamado a una cruzada en contra de la delincuencia y las drogas, asimismo el diputado Renán Fuentealba propone hacer allanamientos masivos en las poblaciones, como en la época de la dictadura militar, etc.
Sin embargo, ese supuesto que se ha constituido en el mayor constructo (1) sobre el debate de la delincuencia en Chile tiene su presunto fundamento científico en el estudio de Paz Ciudadana llamado «Consumo de Drogas en Detenidos. Aplicación de la metodología I-ADAM en Chile», metodología que se aplico a la Región Metropolitana, su principal resultado lo editorializa El Mercurio, el 9 de septiembre de 2005, así: «Â…tres de cada cuatro detenidos por los delitos de mayor connotación social y Ley de Drogas presentaban sustancias ilegales en su organismo, principalmente cocaína y pasta base».
Esa muestra solamente es representativa de los detenidos presumiblemente responsables de esos delitos y que estaban mayoritariamente bajo los efectos de las drogas, el 73%, así lo indican las muestras de orina, pero en ningún caso es representativa del conjunto de los delincuentes que cometen esos tipos de delitos en la Región Metropolitana, tanto más cuanto que en Chile en el 95% de las denuncias no hay ninguna persona sancionada, tampoco permite predicar cuales son las prevalencias de consumo de drogas entre los delincuentes, ni es un predictor del número de usuarios de drogas que podría cometer delitos. La única hipótesis plausible en la relación entre el uso de drogas y las conductas delictivas es que quien este bajo el efecto de ellas tiene mayores probabilidades de ser capturado, es por eso que en el mundo del hampa es mal visto «trabajar» bajo los efectos de las drogas y es desaconsejable tener por «socios» a quienes las usan frecuentemente.
Si bien el estudio en referencia por ninguna parte afirma ni que el 73% de los delincuentes usen drogas ni que el 73% de los usuarios de drogas estén en riesgo de delinquir, los discursos de los periodistas, expertos, opinólogos, políticos, parlamentarios y ministros de estado que si lo afirman nunca han sido aclarados por la institución que sirve de fundamento a tales afirmaciones. Por ejemplo, en estos días el senador Orpis de la UDI, considerado un experto en el tema recordó que un estudio de la Fundación Paz Ciudadana informó que «el 73% de los delitos de mayor connotación social en Chile se produce con personas bajo los efectos de las drogas».
Por otra parte, si comparamos el grado de correlación que habría entre la variación del consumo de drogas y la variación en el número de familias que fueron víctimas de algún delito, mientras entre 2002 y 2006 el consumo anual de cualquier drogas, según el Conace, creció en 43%, los delitos, según el INE, entre 2003 y 2006 habrían disminuido en 11%. Esto no tiene nada de sorprendente, ya que en los Estados Unidos de América, en los veinte años que van 1984 a 2004, el uso de drogas y el delito se comportaron de manera contrapuesta. Así, mientras los delitos contra la propiedad se elevaron un 40,5% entre 1984 y 1993, en igual período el uso de drogas disminuyó 37,6%, en tanto que desde 1994 a 2004 aquellos delitos disminuyeron 52,0% y el uso de drogas creció 37,5%.
Por lo tanto, atar la resolución del problema de la delincuencia al control de la oferta y el consumo de drogas es una vana ilusión y conduce a un camino de fracasos institucionales, que tienen por consecuencia el crecimiento del temor y aumento de la intolerancia entre la población. Aquello no exime el diseño e implementación una política de drogas coherente y consistente que ofrezca alternativas sanitarias y oportunidades sociales a los usuarios de drogas que tienen problemas por esos consumos, prevenga sobre las prácticas de riesgo entre los usuarios que no tienen problemas y alerte con información científica a la población que no usa drogas sobre los riesgos y daños que conllevan el abusos de esas sustancias, como lo vienen haciendo los países de la Unión Europea. Lo que no se debe olvidar es que en Chile el 97% de la población, entre 12 y 64 años, no ha usado drogas ilícitas en el último mes y que probablemente menos del uno por ciento lo ha hecho en la última semana.
En conclusión, en el campo de la seguridad ciudadana tenemos que en los últimos cuatro años la victimización ha disminuido, los delitos graves son la tercera parte del conjunto de ellos, los muy graves sólo han afectado a algo menos de 1% de los hogares y no hay una correlación demostrable entre el aumento en el uso de drogas y el aumento de los delitos.
En el campo de la seguridad pública, lo que ha acontecido en estos 17 años de democracia con la conmemoración del 11 de septiembre es la deconstrucción simbólica de la reclamación pacífica por los derechos conculcados en esa fecha hace 34 años y aún pendientes de reivindicación, la cual van siendo sustituida por una reconstrucción simbólica del uso de la violencia para representar esa deuda con los excluidos de sus plenos derechos, ver en esto solamente la expresión descontrolada del lumpen y el narcotráfico es no querer ver.
El lumpen es precisamente el sector más excluido de nuestra sociedad, el cual: «obtiene sus medios de vida de actividades marginales e irregulares: trabajos aleatorios, mendicidad, delincuencia, prostitución, etc.» , así que su participación oportunista en las «asonadas, motines y tumultos» tiene por doble finalidad tanto protestar como pillar.
En cuanto al papel del narcotráfico en los desordenes públicos, quienes participan en el microtáfico son miembros del lumpen que sobreviven en esa actividad ilícita y bien pueden participar en esos desordenes, pero las estructuras organizadas del narcotráfico que producen, transportan y distribuyen drogas son campeones del orden público, siempre organizan y financian al paramilitarismo, las autodefensas locales, las limpiezas sociales, etc., cuando los agentes del Estado son incapaces de garantizarlo, así acontece en los campos de Colombia y en las favelas de Río de Janeiro.
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(1) Constructo: manera de percibir, construir o interpretar los sucesos, según el alternativismo constructivo no hay realidad objetiva o verdad absoluta sino maneras alternativas de construir eventos, los cuales se imponen por conveniencia y son mejor cubiertos por los sistemas de pensamiento e información. Aparentemente su primer uso lo hizo George Kelly (1905-1966), profesor en Michigan, en su teoría del constructo personal, estos derivan de la observación de patrones repetidos de los eventos, ver: KELLY,G.A: A Theory of Personality – The Psichology of Personal Construct. W.W. Norton. N.Y. 1963. Para Michel Foucault en Las Palabras y las Cosas (1966), el hombre como concepto es un constructo destinado a desaparecer, aún más, hoy el saber del hombre es que la idea que se ha hecho de sí está destinada a desaparecer.
(2) La Segunda, 20 septiembre 2007, p. 12
(3) Enciclopedia Salvat, Vol 12, p. 9335.
*Ibán de Rementería. Corporación Ciudadanía y Justicia
