El reciente acuerdo en educación entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza tiene como uno de sus méritos fundamentales restituir un rol activo del Estado sobre el sistema escolar y representa el principio del fin de un inédito y radical experimento de libre mercado en nuestro sistema educativo. En efecto, desde comienzo de los años 80, el sistema escolar chileno fue configurado bajo la lógica de un mercado desregulado. La calidad educativa vendría, así, de la «mano invisible» de la libre competencia entre las escuelas. Lo cierto es que la realidad no se ajustó a la ideología, y la falta de controles, de exigencias mínimas de calidad y de una institucionalidad pública que velara por ésta, generó inequidad, segregación social y deficientes resultados de aprendizaje.
Ya en 2004 la OECD había advertido que «la educación chilena está influenciada por una ideología que daba una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje» y un estudio de este año del Banco Mundial sobre «sistemas de aseguramientos de la calidad», no pudo dar con ninguna experiencia exitosa en el mundo que estuviera organizada a la manera del sistema escolar chileno.
En efecto, países con sistemas educativos con buenos resultados de aprendizaje -como Nueva Zelandi, Finlandia, Inglaterra, Irlanda del Norte, España, Gales, Corea del Sur- o las ciudades norteamericanas de Houston y Boston, tenían una institucionalidad pública robusta, activa y con atribuciones. Contaban con instituciones estatales que definían y evaluaban permanentemente estándares de calidad (universales y comunes a todas las escuelas); intervenían con apoyos a los docentes y a las instituciones escolares en situaciones deficitarias, y caducaban las licencias para administrar establecimientos educacionales en los casos reiterados de incumplimiento en materia de calidad académica.
El reciente Acuerdo tiene el mérito de reconstruir una institucionalidad pública que se hace responsable del sistema escolar chileno y de sus resultados. En efecto, la nueva arquitectura institucional considera un Ministerio de Educación encargado de definir estándares y apoyar a las escuelas; una Agencia de la Calidad responsable de evaluar y clasificar los establecimientos según sus resultados (y de mantener informado de ello a las familias); una Superintendencia que deberá velar por el buen uso de los recursos públicos y que aplicará sanciones ante incumplimientos a la calidad (incluyendo el cierre de colegios), y un Consejo Nacional de Educación representativo de los actores del sistema educativo y solvente técnicamente responsable de aprobar los estándares, el currículo y los planes y programas.
Los recientes consensos constituyen más y mejor Estado para la educación chilena y, en todas las otras materias que aborda representa -en mayor o menor grado- un avance en relación a la LOCE actual.
No cabe duda que quedan importantes temas pendientes y que la agenda educativa del país no se cierra con este acuerdo. Un debate que se viene inevitablemente – y del cual la Alianza cometería un grave error si decide sustraerse- girará en torno al significado y actualidad de la educación pública y a las formas más adecuadas para gestionarla y potenciarla. Una reflexión que no debiera abordarse desde la nostalgia sino mirando los desafíos actuales y futuros de Chile: fortalecimiento de su ethos democrático, integración y cohesión social, descentralización del Estado y fortalecimiento de las regiones, reconocimiento de la diversidad cultural y el pluralismo de la sociedad chilena, y construcción de nuestra identidad nacional en un mundo globalizado.
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Ernesto Águila, director de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
