La reciente derrota del Ejecutivo en el Congreso en torno al financiamiento del plan de transporte público de Santiago hizo aflorar de golpe las consecuencias negativas de la actual estrategia legislativa gubernamental, que descansa en la búsqueda del apoyo parlamentario de la oposición y en dar por seguros los votos favorables de los legisladores de la Concertación.
Esta estrategia, asumida de manera explícita con la llegada de José Antonio Viera Gallo al ministerio Secretaría General de la Presidencia, ha provocado que el gobierno pierda -en los hechos- su mayoría parlamentaria, a menos de dos años de iniciado su mandato.
Tal situación no es una consecuencia inevitable de abrirse a negociaciones con la oposición. Que, por lo demás, es un requisito indispensable en el sistema político chileno para alcanzar los quórum requeridos para la aprobación de muchas leyes.
Es más bien el resultado del aislamiento político gubernamental y de su falta de pericia para mantener la cohesión y adhesión al interior de la Concertación, sin entender el papel que le corresponde al Ejecutivo en el ordenamiento de su coalición. El Gobierno ha preferido salir a buscar votos afuera que invertir en el necesario reencantamiento (y, en ocasiones, reconciliación) con su propia gente.
Luego de casi dieciocho años de gobierno y cuatro Presidentes de la República se ha hecho evidente que la Concertación elije no sólo un Jefe de Estado y de Gobierno, sino también, de facto, un jefe político de la coalición. Por lo mismo, para que este sistema funcione, es fundamental que exista una estrategia clara y definida de relación del Ejecutivo con sus partidos y con sus parlamentarios.
Sin perjuicio de los inevitables problemas, esta realidad de la política fue comprendida de manera clara en los anteriores gobiernos concertacionistas, pero ha sido prácticamente ignorada por el actual.
Desde su instalación en La Moneda, e incluso desde antes, la actitud de la Presidenta de la República fue tomar distancia de los partidos de la Concertación. No sólo simbólica, sino práctica. El aura de ser una candidata de la gente y no del aparato político tradicional ya se manifestó tempranamente en el nombramiento de su primer gabinete y de los principales funcionarios públicos. Y en materia de gestión instaló una suerte de neocorporativismo, con sistemas de consulta de asamblea, en los cuales su coalición participaba como una más, pese a constituir la mayoría parlamentaria.
La renovación de cuadros gubernamentales y políticos que indujo tal postura careció de un diseño político, administrativo y de gestión sólidos. A poco andar, un cúmulo de problemas empezó a manifestarse, con una aparente sordera en el Ejecutivo.
La emergencia de un nuevo movimiento social centrado en temas laborales y de educación, sumado a deficiencias de gestión, como el plan de transporte público de Santiago, terminaron abruptamente con la instalación de la pretendida amplia participación social, y volvieron imprescindible recurrir a los mecanismos institucionales de la República y a la vieja guardia política. Pero parte del daño político ya estaba hecho.
El resultado final fue precipitado por la clara tendencia del ministro Viera Gallo a negociar primero con la derecha y luego con los partidos de la Concertación, confiando en su pasada disciplina, y marginando a los parlamentarios más díscolos. Así ocurrió con la imposición del nuevo Contralor de la República, y así también cuando se expuso a su primer fracaso, pocos días después, en la votación sobre depreciación acelerada. Esta última fue la campanada de alerta sobre lo que se avecinaba.
Pero las señales no fueron atendidas. El itinerario posterior ha incluido temas de decisión legislativa, la creación de ámbitos de colaboración política con la oposición al interior de La Moneda, e incluso la designación de altos funcionarios del Estado, en acuerdo o para satisfacer a la oposición. Tal como ocurrió con el nombramiento del Fiscal Nacional, donde el gobierno desechó al candidato con mayor número de votos en la Corte Suprema y designó al preferido de la Alianza.
La derrota en la votación sobre el financiamiento del Transantiago genera la incógnita de si el gobierno tiene intención de escuchar y hacerse cargo de los problemas de su coalición. O si, por el contrario, se ha resignado a perder, por culpa propia, su mayoría política, incapaz de generar e implementar una estrategia que restaure la cohesión y confianza en la Concertación. En todo caso, la actuación conjunta con la derecha de los senadores Zaldívar y Flores, y el papel del movimiento Chile Primero, indican que se corrieron los cercos del campo político nacional.
_______________
