Lo que diferencia unas políticas públicas de otras es, antes que nada, el objetivo para el cual fueron creadas. Por cierto, para un mismo objetivo puede haber políticas más eficaces que otras, mejor o peor implementadas, más caras y más baratas. Sin restarle importancia a esas diferencias, nunca hay que olvidar que la distinción principal no está allí sino en los objetivos que se persiguen, que serán distintos de acuerdo a las visiones que se tengan de la sociedad y de los principios que se quieren promover en ésta.
Poner a los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, como una definición que oriente y encuadre las decisiones de política pública implica reconocer que siempre hay una definición normativa detrás de las políticas que elegimos, aunque no se hable mucho de ello. Ya es hora que comencemos a explicitar en el debate político y ante la ciudadanía las distintas definiciones normativas que tenemos. En Chile nos enredamos demasiado discutiendo sobre los medios sin reconocer que, muchas veces, optamos por medios distintos porque perseguimos objetivos que son diferentes.
Que exista en Chile un esfuerzo académico para entregar un diplomado acerca del vínculo entre políticas públicas y derechos humanos a profesionales de distintos países latinoamericanos es una excelente noticia. Eso nos ayudará a tener profesionales altamente preparados que entiendan que las políticas públicas no son neutras ni intrínsecamente buenas o malas, sino que son herramientas para alcanzar objetivos sobre los cuales hay distintas opciones.
En Latinoamérica hemos formado cientos de expertos en políticas públicas que creen que éstas son como medicinas que se aplican a distintas enfermedades, y que todo buen médico (o policy maker) debe estar enterado de cuál es la última receta que conviene a cada paciente. La verdad, en cambio, es que las políticas públicas se encuadran siempre en visiones más amplias que permiten hacer una primera selección de objetivos, prioridades, costos y mecanismos, después de la cual es válido entrar en el análisis técnico de qué diseño de política pública es preferible. Es necesario, por lo tanto, que no deleguemos a los diseñadores de políticas (técnicos) las responsabilidades que son de los representantes ciudadanos (políticos), porque cuando se hace eso el ejercicio democrático parece perder sentido y el debate político se transforma en una pura disputa de poder.
Hacer la opción de encuadrar las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos es ponerse una vara alta, es auto imponerse una exigencia ambiciosa, y son pocos los que se atreven a hacerlo. Eso ha llevado a que muchas veces se esquive este enfoque. Se piensa que hablar de derechos puede alentar expectativas que no lleguen a cumplirse, que puede judicializar la política, restarle flexibilidad al debate de cada país de acuerdo a su realidad.
Siendo efectivo que la perspectiva de los derechos humanos es exigente, hay que derribar algunos mitos que se ocupan como excusa para evitarla. La perspectiva de derechos no exige un cumplimiento cabal e instantáneo de éstos por parte del Estado, sino la definición de un camino coherente para ir avanzando hacia ese objetivo sobre la base de reconocer la titularidad sobre derechos cada vez más amplios. El concepto clave es la consistencia del camino y la titularidad del ciudadano. La consistencia del camino se refiere al avance sostenido e intencionado cuyo horizonte es el cumplimiento cada vez más completo de un número creciente de derechos. La titularidad del ciudadano, en cambio, se refiere a la creación de mecanismos para que aquellos derechos que han sido garantizados, aunque sea sólo parcialmente, puedan ser reclamados de manera efectiva toda vez que se vean vulnerados.
El libro Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos, recientemente publicado por editorial LOM y la Fundación Henry Dunant América Latina desarrolla un examen amplio y variado sobre estos temas y los vincula con diversas materias como el medio ambiente, el género, la responsabilidad social de la empresa, la protección social, los derechos económicos, el desarrollo entre otros.
El libro se originó a partir diplomado Internacional de Especialización en Políticas Públicas y Derechos Económicos Sociales y Culturales promovido por la Fundación Henry Dunant América Latina. Ambas iniciativas nos caen en un momento preciso para el debate político en que estamos. La Presidenta Bachellet ha definido como uno de sus objetivos avanzar hacia el reconocimiento de derechos universales y exigibles en el ámbito social. De eso se trató la reforma de salud, iniciada hace algunos años, y de eso se trata la agenda provisional y de educación. Por eso, palabras tales como derechos, garantizar, o titularidad resuenan día a día en nuestro debate público, pero no siempre tienen un contenido preciso, más aún, a veces se utilizan sin contenido alguno. No todos los que hablan de derechos están tan auténticamente inspirados como lo está la Presidenta, y quizás eso sea notado por los ciudadanos y se transforme en descontento, desconfianza y distanciamiento de la actividad política.
Esta reciente publicación ayudará a que logremos ir más allá de las palabras y enfrentemos las opciones y dilemas que plantea este nuevo lenguaje a la sociedad chilena:
Quiénes quieren y quienes no adoptar de verdad una perspectiva de derechos.
Qué tipo de Estado necesitamos para eso.
Qué políticas sirven y cuáles ya no.
Qué papel les cabe a los ciudadanos.
Qué le falta a nuestra democracia.
A nuestros municipios.
Cómo los derechos engendran también deberes de los cuales poco hablamos, y debiéramos comenzar a hablar más y más en serio.
Cómo hacer política en este escenario de una forma consistente y que cobre nuevo sentido para los ciudadanos. Ese es quizás el desafío más difícil, pero que ya se ha hecho evidente y notorio que es ineludible.
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Carolina Tohá, diputada
