Sí, que se vayan, eso es lo que quieren y por lo que claman algunas personalidades de la Concertación, siguiendo en parte al parecer las orientaciones de Andrés Allamand, que desalojen de la coalición a Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro. Quién les dio la propiedad de la coalición no se sabe, pero de que se creen sus propietarios qué duda cabe.
Pero complicado tema éste cuando no sabemos cuántos y quiénes son los que tienen que irse, cuántos y quiénes son los que pueden quedarse, sobre todo en estas asociaciones de hombres libres que son las agrupaciones políticas modernas en que más que la férrea disciplina deben ser las ideas las que encaucen las luchas de poder y no el mero apego a éste. Porque en su lógica, todos los que discrepen deben partir y sólo permanecer los que adscriban sin derecho a decir nada, en el caso concreto de nuestro país quizá no sólo deban abandonar sus partidos, sino también sus trabajos, porque el activo militante de los partidos de la coalición del Gobierno está fuertemente ligado al aparato público.
En este caso, particularmente, la voluntad de implementar el desalojo, producto de una política pública mal diseñada y mal implementada, el Transantiago, que en lectura política simple le está costando a la coalición un nuevo gobierno y que está dañando ahora severamente la unidad de los partidos que la componen, pero que sobretodo en términos reales ha afectado directamente de manera profunda la calidad de vida de más de un tercio de la población e indirectamente al total del país, sin detenerse a analizar por un momento el inmenso costo que se está pagando como tal, como país. Más aún elevándolo nuevamente las últimas semanas a «proyecto emblemático» del Ejecutivo, así como sin nada de recato lo han llamado altos dirigentes y funcionarios, al cual solo cabía apoyarlo sin discusión ni análisis en el parlamento en el marco de la aprobación de la ley de Presupuesto, cuando lo único de emblemático que tiene el Transantiago es que de seguro es una de las peores políticas públicas implementadas en nuestra historia republicana.
Si es por aplicar el desalojo, en el caso del Transantiago se deberían ir de la Concertación, entre otros, aquéllos que mal usaron el poder que tuvieron como autoridades y adaptaron las bases de licitación del sistema a meros ejercicios matemáticos para que dieran números azules y mantener el atractivo del negocio, para las empresas que habían sido solícitamente invitadas a participar de este mercado en desmedro de los empresarios que lo operaban. También se deberían ir aquellos que crearon conflictos en las relaciones del campo mismo del Gobierno y del proyecto en función del poder administrativo que ostentaban, preparándose incluso para emprendimientos particulares en la crisis que sabían sobrevendría. También, por supuesto, las autoridades ministeriales, nacionales y regionales, que mal informaron a la Presidenta y le hicieron cometer este gran error histórico. Seguramente, la mayoría de ellos son los mismos que la alientan a mantener estancada la tarifa, sin reparar que el sistema no puede sostenerse con el alza permanente de los insumos, particularmente el principal, el petróleo, todo esto en un cuadro de inversiones en nuevos buses. En este escenario, decir que se alzará la tarifa cuando esté normalizado el sistema es casi como decir nunca y se deberá sí subsidiar permanentemente del orden de los US$ 500 millones anuales.
Y qué pasa por otra parte con los altos directivos del BancoEstado, que según se entiende no acceden a sus cargos por concurso público, institución que es socia principal del AFT, que ha tenido directa responsabilidad en grandes fallas del sistema, que solo se preocupan del funcionamiento y en destacar la tarjeta Bip! porque es la que les ha permitido manejar la inmensa cantidad de dinero que mueve diariamente el sistema. Conjunto de bancos que han sido grandes beneficiarios de cumplirse lo contrario del objetivo central que se anunciaba con el nuevo sistema: privilegiar el transporte público; pero para bien de su negocio, se han vendido más autos, con créditos de línea blanca, incentivando a la gente a: bajarse del transporte público. Estos bancos socios del AFT, que se sepa, ninguno de ellos, incluyendo por supuesto al de todos los chilenos, no han facilitado líneas de financiamiento a las empresas de transporte en el marco de la renovación o aumento de sus flotas, esto último eje central de la política Cortazar.
Pero quizá el desalojo que se quiere aplicar pueda ir más allá de los opositores a las platas del Transantiago, puede que sea contra todo el que disiente y -según esta lógica- se deberían ir entonces la ministra Provoste por haber promovido el fin del lucro sin control en educación; Gabriel Ascencio por el puente y por su voto reciente; Carlos Ominami y Belisario Velasco por haberse enfrentado al ministro de Hacienda; el ex Presidente Eduardo Frei por haber sostenido también que esta era una política pública fracasada; el ministro de Justicia apoyado por los senadores de su partido que votaron junto a la derecha contra el resto de la Concertación una indicación del presidente de la UDI; los dirigentes sociales de la coalición y buenoÂ… muchos más.
Darío Contador es analista político
