Durante diciembre de 2007, el Instituto de la Mujer, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), está impulsando la campaña «Mujeres Migrantes, Mujeres de Chile» que busca informar a la opinión pública sobre el aporte de los migrantes, especialmente de las mujeres, y sensibilizar a la sociedad a favor de su integración y no discriminación.
Con nueve spot radiales, en la voz de la actriz Liliana Ross -descendiente de inmigrantes italianos-, afiches callejeros y cartillas informativas preparadas especialmente para periodistas y parlamentarios, la iniciativa pretende impulsar un debate amplio e informado sobre la migración en Chile.
El segundo objetivo de la campaña es avanzar hacia la aprobación, por parte del Parlamento, de una Nueva Ley de Migración, que integre las recomendaciones emanadas de los tratados internacionales firmados por Chile en el tema, y las nuevas variables que inciden en el fenómeno a nivel sudamericano, entre ellas la feminización de la migración.
Según el censo 2002, en Chile residen 184.468 migrantes, provenientes en su mayoría de los países de América del Sur. Si bien esta cifra representa apenas el 1,2% de la población de Chile, lo cierto es que la ausencia de una política migratoria que regule y proteja los derechos de los migrantes está generando una progresiva precariedad en sus condiciones de vida.
En efecto, a las dificultades propias de separarse de sus familias, las personas migrantes enfrentan serias trabas para acceder a la visa de trabajo, ya que el requisito es acreditar un contrato laboral, cuestión que en el caso de las mujeres es muy poco frecuente. Esta condicionalidad les impide obtener cédula de identidad, documento básico para ingresar a los registros nacionales, dificultando su acceso a los sistemas de protección social, a la inscripción de sus hijos en los establecimientos educacionales o a la salud pública.
A lo anterior también se agrega un creciente sentimiento de rechazo por una parte de la población nacional, la que percibe con desconfianza, recelo y actitudes xenófobas a los extranjeros, principalmente si provienen de los países andinos. Este conjunto de elementos configura un claro escenario de vulneración de derechos y discriminación, situación que se contradice con la modernización del Estado impulsada por los gobiernos de la Concertación y con el acápite sobre regulación migratoria incluido en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.
Uno de los incumplimientos más preocupantes, por su carácter regulador, es la falta de una ley especializada, explícita y moderna. Ante esta carencia, nuestro país continúa aplicando el Decreto Ley N° 1.094, y sus modificaciones, que data de 1975. Recién en 1996, por ejemplo, Chile reconoció el principio de no repatriación que beneficia a quienes solicitan asilo y/o refugio, despenalizando, al mismo tiempo, el ingreso irregular de estas personas. Dos años después, en 1998, los habitantes de zonas fronterizas pudieron acceder a un permiso especial para facilitar su tránsito.
En 2001 se formó una comisión entre el gobierno y sociedad civil para la discusión y redacción de un documento con orientaciones técnico-políticas. Sin embargo, dicho esfuerzo, hasta ahora, no se ha traducido en una nueva ley de migraciones, aunque sí ha impulsado la suscripción de convenios intersectoriales. Entre ellos, destaca el acceso a control de embarazo, atención de parto, control del recién nacido y de los hijos e hijas menores de seis años, de los hijos de mujeres inmigrantes ya sea que se encuentren en situación regular o irregular.
A esto se agrega, más recientemente, la amnistía decretada para cerca de 20.000 inmigrantes indocumentados, iniciativa a través de la cual las personas que no tengan un estatus regular, podrán obtener una visa de estadía por un año, con la opción de renovarla, lo que les da derecho a trabajar, iniciar actividades de forma independiente y acceder ciertos beneficios sociales. Un dato importante: a la fecha ya se han ingresado a Extranjería 31 mil solicitudes.
Esta moratoria, sin embargo, no soluciona el problema de fondo. Lo que se requiere es una política migratoria debería garantizar un conjunto de principios propios de esta materia, entre ellos: el derecho de residencia y la libertad de circulación, libertad de pensamiento y conciencia, acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas, acceso a la justicia, protección social de los inmigrantes, regulación de los flujos migratorios, derechos laborales de los trabajadores extranjeros, no discriminación y reunificación familiar.
_________
Carmen Torres. Directora Ejecutiva Fundación Instituto de la Mujer
