La muerte por acción de Carabineros de Matías Catrileo, la sucesión de hechos de violencia previos y también los posteriores, son evidencia inequívoca de que el conflicto mapuche se mantiene activo, sus actores profundizan discurso y acción y existe la percepción en la opinión pública que estamos lejos de identificar y atacar las causas finales que lo generan y lo proyectan hacia el futuro.
Lo básico en la muerte de una persona en manos de agentes del Estado es determinar con total transparencia y exactitud cómo ocurrieron los hechos y, si hay responsabilidad, hacerla efectiva ante los tribunales de justicia. Con razón la familia del joven fallecido exige un juicio justo y rápido. Es deber del Estado cumplir con esta obligación básica.
Con las circunstancia de la muerte establecidas fehacientemente, es imperioso identificar aquellas causas finales que hoy son fundantes y permitirían, sino resolverlo, a lo menos diagnosticar el conflicto con precisión y, desde ahí, buscar políticas y acciones para su superación.
Existe un conflicto real de tenencia y propiedad de la tierra en dos regiones de Chile. Confluyen intereses divergentes, entre otros: comunidades mapuches reclamantes de derechos sobre la tierra, acciones de fuerza y violencia de grupos articulados, ONG con posición y acción política, grandes inversiones forestales y agricultores tradicionales, programas sociales y de fomento del Gobierno y de privados, medidas de protección de Fiscales, activa acción policial de control en focos álgidos.
La sola enumeración de actores, para qué decir de sus intereses y posiciones, determina la alta dificultad que existe para encontrar soluciones efectivas.
Lo clave es sincerar posiciones, haciendo las preguntas correctas y respondiendo con franqueza. La pregunta obvia al gobierno es si la política de compra y asignación de tierras implementada por el gobierno de Patricio Aylwin, y mantenida por todos los gobiernos concertacionistas, ha sido eficaz para resolver una demanda considerada legítima. Dieciocho años es mucho tiempo y aquellos gestores e impulsores deben en conciencia responder.
El Estado, a través del gobierno, ha comprado y traspasado tierras y derechos de agua a comunidades mapuches. Hay evidencia que esos traspasos de recursos han sido irrelevantes en términos de cambiar la condición socio-económica de los beneficiados. Nos quedamos con lo peor, se hace el gasto, lo reciben las comunidades y no sirve para mucho. Esa política requiere una urgente revisión a la luz de sus resultados. Eso por parte del Gobierno.
Por parte de las organizaciones, ONG y actores políticos intervenientes, la pregunta vital es: ¿cuál es el objetivo último de sus acciones? Así de simple, que se declare con franqueza si se pretende autodeterminación territorial (con las respectivas propuestas), autogobierno o derechamente secesión de una parte del territorio. La política de tierra debe ser adjetiva y cooperante de la realización de un objetivo mayor.
Si lo ponemos en un ejemplo, la adquisición de un predio, por importante que sea, y su respectiva entrega, según la posición que tenga la comunidad receptora, puede ser tomada como un reconocimiento puro y simple (del despojo previo) o como una nueva afrenta, si lo que se pretende revindicar es nada menos que toda la provincia o región. Así de simple y grave.
Por su parte, los grandes detentadores de la tierra, empresas forestales, deberán contestar si están dispuestos a comprometer un esfuerzo superior de política de vecindad, donde sus vecinos, los mapuche, se sienten y son pobres entre los pobres y hoy sus hijos reclaman señorío. Hacerse cargo de eso significa generación de empleo digno y bien remunerado, inversiones sociales permanentes, especialmente en educación y salud. Un dirigente mapuche alguna vez, con inteligencia, declaró que el asunto era conciliar la presencia ancestral del mapuche y las millonarias inversiones forestales. Cualquier ausencia o subordinación hace imposible en el largo plazo la coexistencia.
Finalmente, la acción de control de Orden y Seguridad Pública requiere coordinación permanente y eficiente con los objetivos que persigue la política social del Gobierno. Si ésta es ineficiente y de bajo impacto, los incentivos para la protesta, acciones de fuerza y violencia en muchas ocasiones estará legitimada. Es sabido que una política de seguridad pública requiere de planificación, coordinación y quebrar la tendencia a la actitud reactiva.
Chile puede y debe enfrentar activamente el conflicto mapuche. El gobierno debe evaluar y corregir con urgencia sus políticas. Debemos preguntarnos por los fines últimos que persiguen organizaciones y comunidades. Los propietarios deben comprender que pueden aportar a la solución más allá de sus reclamos de protección y acción ante los tribunales. Y la acción de control de orden público siempre deberá estar coordinada con la consecución de los fines últimos de la política.
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Ernesto Barros G., abogado
