La persistente ola de noticias judiciales relativas a la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) constituye una señal clara de una crisis profunda que requiere un drástico cambio de actitud de los principales responsables de superarla, especialmente el Gobierno y los partidos políticos de la Concertación. La imputación de responsabilidad criminal a los principales directivos de la pasada administración, constituye una lesión mayor a la fe pública y un engaño a toda la ciudadanía.
El principal implicado en la solución es el Gobierno, que debe tomar posición jurídica y política frente al problema. Este grave desaguisado muestra que el esquema de gobierno corporativo público aplicado en EFE, no funcionó. Todos los controles quedaron superados y parte importante de los vicios y deficiencias tienen su origen en la carencia de profesionalismo de la gestión empresarial.
Un aspecto relevante a considerarse es que, en muy poco tiempo, todo o parte importante del sector transporte en manos públicas ha entrado en crisis. Ello no se debe a que el Estado sea menos eficiente en el manejo de los problemas. De hecho, el lío del Transantiago tiene su génesis en la necesidad ineludible de cambio del sistema de transporte público urbano metropolitano, para superar los enormes vicios y defectos del antiguo sistema de buses amarillos, en manos privadas.
El problema en realidad proviene de las serias deficiencias institucionales públicas en el sector transporte, que nunca han sido debidamente enfrentadas. El Ministerio de Transportes constituye un adefesio institucional, sin estructura ni mecanismos adecuados para regular y controlar el sector, cosa que la crisis del Transantiago ha dejado más que en evidencia.
En esencia, EFE depende de esa institucionalidad para todos los efectos de su control técnico. Es decir, prácticamente se autorregula, ya que sobre su tema nadie sabe más que la propia EFE. Y desde el punto de vista de gobierno corporativo, la designación de directores ha pasado por un criterio de equilibrio político antes que por una capacidad técnica efectiva. Los directores se representan a sí mismos, cobrando una dieta que es un complemento de algún otro ingreso, mientras que el verdadero "dueño de la pelota" es el presidente del directorio, con el cuadro de gerentes.
Lo que se requiere del Gobierno es coraje político para una definición precisa y clara respecto del caso de corrupción más grave desde que se recuperó la democracia en 1990. Paralelamente, debe tomar acción drástica para reformar el sistema de administración de EFE.
Ello debe hacerse con transparencia y obliga, de manera fundamental, a los partidos políticos oficialistas por muchos motivos. El principal es que en el caso de EFE se ha perfilado una cadena de complicidades que tocan a connotados militantes políticos y cuyo origen estaría también al interior de los partidos. Ello requiere un severo desmentido práctico por parte de ellos, pues cualquier actitud ambigua o de tolerancia sería nefasta para la ética pública. Además, los partidos son corresponsables con el Gobierno de la designación del cuadro de directores en todas las empresas públicas. Y luego de viejos escándalos como el desmalezado millonario de RPC o el mal uso de los bienes de Onemi, para citar casos de los albores de la democracia, no pueden alegar ignorancia, inexperiencia ni nada que relativice el escándalo de las irregularidades detectadas en EFE.
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