La presidenta Bachelet no debiera asistir a la inauguración del monumento de Guzmán, un acto partidista que busca reescribir la historia de Chile. Si lo hace, habrá un antes y un después en la verdad sobre los crímenes cometidos por la dictadura iniciado desde la inauguración…
Por Carlos Huneeus*
La inauguración del monumento a Jaime Guzmán obliga a mirar al pasado para ver su rol político, escondido por su asesinato por un grupo terrorista, a comienzos de 1991, pues se le quiere convertir en una figura que trajo la democracia al país. Se falta a la verdad, porque su carrera política desde 1973 estuvo ligada al régimen militar, comenzando como asesor del general Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea, y miembro de la Junta de Gobierno, y luego, del general Pinochet y de la Junta. Redactó minutas a ésta, discursos a Pinochet, participó activamente en la comisión redactora de la Constitución de 1980 y fue un operador político, creando el “Movimiento Juvenil de Unidad Nacional”, entidad que permitió al “gremialismo” alcanzar enorme influencia en el régimen y entre la juventud. Su acto en Chacarillas en 1975 –“día de la juventud”- tuvo los rasgos propios de un acto fascista, con columnas de jóvenes que, en la noche, marcharon con antorchas. Fue fundador y primer presidente de la UDI en 1983.
Fue un político que combatió a sus adversarios, especialmente a través de sus comentarios por TVN y sus columnas en Ercilla y La Segunda. En 1975 criticó por TVN la actuación de sacerdotes que salvaron la vida de dos militantes del MIR perseguidos por la DINA, cuestionando la postura de la jerarquía que respaldó a aquellos, y que le valió la amenaza de excomunión de parte del cardenal Raúl Silva Henríquez.
En tres momentos claves de la democratización, Guzmán estuvo en contra. Se opuso al “Acuerdo Nacional para la Transición a la plena democracia” de 1985, convocado por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, para buscar una salida pacífica a la dictadura. Participaron políticos de izquierda, centro y derecha, incluyendo el senador Andrés Allamand (RN).
En la dramática noche del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando el gobierno se negaba a reconocer la derrota del Sí, Guzmán y la UDI guardaron silencio. Sergio Onofre Jarpa (RN) reconoció públicamente el triunfo del No en un foro en Canal 13 con Patricio Aylwin (PDC), portavoz del No.
En tercer lugar, Guzmán se opuso a la reforma constitucional de 1989 acordada entre el régimen y la oposición, apoyada por RN, que debilitó algunos enclaves autoritarios, facilitando la democratización. Si no hubiera habido reforma, los militares y el general Pinochet habrían tenido mayor poder en la democracia, porque los nueve senadores designados habrían estado frente a 26 elegidos (y no a 38, por la reforma) y habrían tenido mayoría en el Consejo de Seguridad Nacional (y no en paridad cívico-militar, con el voto dirimente del presidente, por la reforma de 1989).
Personeros de la UDI quieren convertir a Guzmán en un defensor de los derechos humanos. Tampoco es efectivo. En una de sus primeras minutas a la Junta, en octubre de 1973, planteó que el nuevo régimen fuera una “dictadura” y no una “dicta-blanda”. Con la excepción de algunas gestiones que hizo en un comienzo del régimen, Guzmán justificó las limitaciones a los derechos humanos, que él consideró subordinados a los intereses superiores del Estado. Esa visión contradecía a la doctrina católica, que los considera por encima del Estado. Criticó con frecuencia al Cardenal Silva Henríquez por haber creado la Vicaría de la Solidaridad, para defender a los perseguidos.
Fue muy duro contra los DC en sus numerosas escritos e intervenciones de prensa y ante los funcionarios del régimen, calificando como “acto partidista” en su columna en La Segunda (29 enero 1982) la misa fúnebre oficiada por el cardenal Silva en la catedral con motivo del fallecimiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva, una de las principales figuras del catolicismo y de Chile en el siglo XX.
La presidenta Bachelet no debiera asistir a la inauguración del monumento de Guzmán, un acto partidista que busca reescribir la historia de Chile. Si lo hace, habrá un antes y un después en la verdad sobre los crímenes cometidos por la dictadura iniciado desde la inauguración de la democracia en 1990 y especialmente con el Informe de la Comisión Rettig de 1991, rechazado con energía por Guzmán y por los militares. El reencuentro de los chilenos sigue pendiente y no puede hacerse de la manera que lo plantea la UDI.
Un acertado paso en el reencuentro con los chilenos que, en algún momento, apoyaron a la dictadura, dio hace algunas semanas el presidente Aylwin, cuando agradeció públicamente el apoyo de Sergio Onofre Jarpa, que fue presidente de RN, a importantes iniciativas de su gobierno, que contribuyeron a la consolidación de la democracia. Se debe agregar que Jarpa, cuando fue ministro del Interior en 1983 y 1984, tomó decisiones que permitieron el regreso de muchos exiliados, amplio la libertad de prensa e hizo posible el funcionamiento de los partidos y de actos de masas que demostraron que la oposición era mayoría. Jarpa y no Guzmán ayudó a la democracia.
*Carlos Huneeus es director del CERC.
