Es imposible no ver en muchas críticas una mirada corporativa: se entiende que mejorar la educación pública es discriminatorio con la educación privada. Personalmente tengo un juicio más matizado y globalmente positivo…
Por Juan Eduardo García-Huidobro*
Por fin, la semana pasada se conoció el texto del proyecto de ley que fortalece la educación pública. Las reacciones han sido negativas; como lo consigna una periodista de El Mercurio, una de las frases que más se escucha es que se trata de «un mal proyecto». Integrantes de la Alianza, como Cristián Larroulet, lo califican como un «grave retroceso» y los alcaldes reclaman falta de participación.
Es imposible no ver en muchas críticas una mirada corporativa: se entiende que mejorar la educación pública es discriminatorio con la educación privada.
Personalmente tengo un juicio más matizado y globalmente positivo. Pese a ser poco claro en varias de sus propuestas, el proyecto persigue un objetivo urgente: «mejorar la educación pública» y lo hace a través de un rediseño institucional que tiene dos atributos interesantes: la nueva institucionalidad otorga más independencia con respecto a la gestión general de los municipios y tendría mayor capacidad técnico pedagógica y administrativa para dar a las escuelas y liceos públicos un apoyo eficaz del cual hoy carecen.
Al proyecto se le critica el financiamiento. Varios analistas han opinado que este mayor pago a la educación pública es indebido porque quiebra la igualdad de trato que, según ellos, debiera haber entre la educación particular y la pública. Es claro que sólo podría argüirse «igualdad de trato» si hubiese «igualdad de obligaciones». Esta no se da en los hechos ni podría darse en el futuro, ya que el Estado posee la obligación de cautelar el derecho a la educación de «todos» los ciudadanos, la que no es exigible a los privados y que es indelegable.
También se reprocha que el proyecto disminuirá la descentralización y aumentará la burocratización. Hoy no falta descentralización, de hecho ésta es excesiva. Según la misma Asociación de Municipios, debido a la dispersión del actual sistema, en el 70% de las comunas no es posible contar con un equipo a cargo de la administración de la educación, la que es entregada a uno o dos personas que suelen administrar además otros asuntos municipales. El Servicio Nacional de Educación, nuevo ente descentralizado, viene a reemplazar a las actuales direcciones provinciales del Mineduc y, por tanto, no implica un aumento del servicio público.
Por último, se critica una disminución de la autonomía de las escuelas. Pese a que algunos analistas, como José Joaquín Brunner, han dedicado una columna completa en el periódico (Mercurio 7 de diciembre) para afirmar esta idea, personalmente no logré entender por qué depender de una corporación limita más la autonomía de las escuelas y las desresponsabiliza más que cuando dependen de un municipio.
Algunas observaciones en la perspectiva de mejorar el proyecto:
El proyecto evita pronunciarse sobre el número y tamaño de las corporaciones locales que administrarán la educación pública. Más aún el sistema propuesto nos puede dejar con tantas corporaciones como municipios, con lo que no se superan varias de las principales debilidades del sistema actual, las que tienen que ver con el escaso tamaño de muchos municipios y con la gran heterogeneidad de los mismos en cuanto a recursos humanos y económicos. Para evitar este desmembramiento de la educación pública me parece se podría proponer dos criterios. En primer lugar, fijar el tamaño (mínimo y máximo) de las corporaciones. En segundo lugar, habría que proponer un proceso regional de consultas, pero la sanción final sobre el tema (tamaño y límites de las corporaciones) debería establecerse por ley, para darle más estabilidad al sistema.
Ciertamente que la existencia de alrededor de 40 corporaciones (y no de 350) permitiría, como lo quiere la ley, garantizar la existencia en ellas de equipos técnicos de fuerte capacidad profesional para apoyar a sus establecimientos en aras a un mejor desempeño y a una creciente autonomía, lo que a lo mejor hace innecesario el Servicio Nacional de Educación como está presentado actualmente.
Otros dos puntos que creo merecen más reflexión son la composición de los Consejos de las Corporaciones y el modo de cálculo del aporte para administración.
En la propuesta actual el Consejo de las corporaciones es excesivamente dependiente de alcaldes y concejales, más un par de representantes del Ministerio de Educación. Sugiero que sea un órgano más participativo que integre, por ejemplo, a directores de establecimientos, profesores, apoderados y al gobierno regional.
El financiamiento no puede ser igual para todos, debe tener en cuenta las dificultades de funcionamiento de las distintas corporaciones, tales como dispersión de la población y los índices de pobreza.
En suma, estamos al inicio de una discusión absolutamente necesaria, para el 45% de los estudiantes chilenos que acuden día a día a la educación pública, pero necesaria también para el país en su conjunto.
*Juan Eduardo García-Huidobro es decano de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
