La actual crisis del sistema financiero internacional pone a prueba cuestiones esenciales como el rol del Estado, las políticas públicas, el énfasis social del modelo de desarrollo, materias en las que encontramos grandes coincidencias…
Por Héctor Casanueva*
El acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es el convenio bilateral más amplio e innovador que se haya firmado entre un país en vías de desarrollo y una región de países desarrollados. Tan es así, que actualmente sirve de referente en las negociaciones que lleva a cabo la UE con la Comunidad Andina y con Centroamérica. Va más allá de un TLC, porque trasciende los aspectos comerciales, incorpora una cláusula democrática, y genera una sociedad basada en la coincidencia en valores comunes, como los derechos humanos, la paz y seguridad, el desarrollo sostenible y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Comprende los ámbitos político, económico-comercial y de cooperación. En su ámbito económico establece un mecanismo de solución de controversias, más un conjunto de normas comunes en el comercio de bienes, servicios e inversiones, disciplinas sobre pagos y movimientos de capital, competencia, propiedad intelectual y contrataciones públicas.
La UE es nuestro primer mercado, primera fuente de cooperación y primer inversionista. Según un reciente estudio del CELARE, en estos cinco años de aplicación el comercio bilateral de bienes está prácticamente liberalizado. Del 2003 al 2007 las exportaciones de Chile a la UE han crecido un 221%, y sin incluir el cobre crecen un 129%. Los envíos del sector agrícola, pesca extractiva, ganadería y silvicultura, aumentaron en un 78,8%. Las exportaciones industriales crecieron un 90,9%. El efecto del tratado es evidente, ya que en el quinquenio anterior nuestras exportaciones a la UE habían crecido sólo un 4.5%. Por su parte, las exportaciones de la UE a Chile han subido un 80,4%, especialmente en bienes de consumo e intermedios. La balanza comercial es ampliamente favorable a Chile. La inversión de origen europeo en este período supera los US. 5.800 millones, es más de la mitad del total recibido de todo el mundo. Empresas europeas han participado en concesiones de obras públicas por casi US$. 6 mil millones.
Chile ha recibido de la UE en estos años cerca de US$ 100 millones en cooperación no reembolsable, especialmente para innovación, ciencia y tecnología, desarrollo social, modernización del Estado, educación. Las universidades e investigadores chilenos han participado en más de ciento cincuenta proyectos con sus pares europeos y más de 2.500 funcionarios chilenos han recibido becas para perfeccionarse.
Hecha una evaluación por ambas partes, hay coincidencia en que el tratado ha sido mutuamente beneficioso, y que corresponde proyectarlo y ampliarlo en sus alcances y profundidad. Tanto del punto de vista nacional como desde la perspectiva latinoamericana, una relación estrecha, estratégica, de largo plazo con Europa es aún más necesaria que cuando se planteó como objetivo común hace diez años en la Cumbre de Río. La actual crisis del sistema financiero internacional pone a prueba cuestiones esenciales como el rol del Estado, las políticas públicas, el énfasis social del modelo de desarrollo, materias en las que encontramos grandes coincidencias con Europa, que permiten actuar conjuntamente en el ámbito internacional para avanzar hacia un nuevo orden económico-social mundial acorde con nuestras necesidades y desafíos.
Tres cuestiones son fundamentales para desarrollar en lo sucesivo nuestra relación con la UE con base en el tratado: una, la necesidad de extender sus beneficios a más amplios sectores, especialmente PYMES, para fortalecer sus capacidades productivas y de gestión para aprovechar las ventajas del acuerdo. Segundo, dar un salto cualitativo en la cooperación centrándola en los temas emergentes como energía y medio ambiente, la formación de recursos humanos y la cohesión social. Tercero, establecer la llamada «asociación para el desarrollo» que consiste en actuar conjuntamente en el ámbito latinoamericano para cooperar a nivel regional en las cuestiones más relevantes del desarrollo económico, social e institucional.
*Héctor Casanueva es Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes, director del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE).
