El interés público

El esclarecimiento de las normas y principios que regulan la relación entre política y negocios es de una enorme relevancia pública. No es suficiente que se garantice  el respeto irrestricto de la legalidad  en las decisiones de la autoridad. Se requiere también que se reafirme su legitimidad ante la ciudadanía, alejándose de cualquier sospecha de beneficios indebidos para quien las adopta o para terceros vinculados a esa autoridad.

En el actual escenario político este tema será un argumento fuerte de campaña. Particularmente porque el aspirante de la derecha a la Presidencia de la República es un conocido empresario a quien desde hace tiempo sus adversarios han enrostrado una actitud reñida en esta materia.

Es más, hace poco fue sancionado por utilización de información privilegiada a su favor. Ahora sus partidarios, irresponsablemente y sin invocar pruebas o casos concretos que reprochar, han emplazado con argumentos similares al candidato oficialista que aparece más fuerte, presumiblemente con el objeto de provocar una sensación de «empate» de imagen en torno a este delicado tema, trascendental en el  funcionamiento de la democracia.

Chile se ha transformado en un caso paradigmático de asociación público-privada, no sólo en materia económica sino en todo el funcionamiento del país. Tareas que tradicionalmente desempeñaba el Estado, como las obras públicas de infraestructura o de servicios, ahora las realizan entes privados. Incluso derechos garantizados constitucionalmente, como la salud y la educación, tienen un estatus mixto entre bien comercial y derecho constitucional, y en gran medida son objetos de soluciones de mercado.

Si bien la asociación publico-privada ha tenido positivos resultados para el crecimiento del país, en muchos aspectos también es susceptible de crítica, y con mucha razón. Especialmente en aspectos relacionados con la transparencia y la información, debido a la distancia estrecha que media en un sistema de esta naturaleza entre poder decisorio público y la oportunidad de negocios.

Por ello, los procesos regulatorios han quedado en una condición muy sensible para la probidad, especialmente en lo que respecta al vínculo entre la autoridad que adopta las decisiones de política, el ente que vela por la transparencia de los mercados, y los agentes económicos. El sector pesquero es un ejemplo poco sano de esto, ya que la autoridad sectorial es la misma que debe velar por la transparencia de los mercados y la conducta de los agentes económicos. Esto debiera entenderlo claramente la política, más aún si se trata del nivel presidencial.

La libertad de competencia, la transparencia de los mercados (y la regulación de los más sensibles y relevantes), la fiscalización y control por parte de las autoridades, reglas de información de igual calidad para todos, se han transformado en los valores básicos de la legitimidad de nuestro sistema económico. Su vigencia es lo único que puede garantizarle a la ciudadanía que no está siendo engañada por intereses  privados en un maridaje insano entre política y negocios.

Lamentablemente, la sensación ambiente es que vamos en un sentido opuesto, y que se asiste a un debilitamiento de los controles y que el interés público está sujeto al vaivén de los argumentos ocasionales.

No ayudan a superar esta impresión las acusaciones cruzadas sin fundamentos serios sobre intereses privados en la política ni las actitudes ambiguas sobre el instrumental jurídico que debiera regular el tema: fideicomisos ciegos para los más altos cargos del Estado; declaraciones de intereses; incompatibilidad de funciones políticas públicas con actividades en el sector privado. Dar por buena la asociación público privada no implica cerrar los ojos a los peligros de corrupción que ella puede implicar si no se toman las providencias imprescindibles.

Adicionalmente, en los últimos días la opinión pública se ha visto enervada por una serie de hechos que, si bien no se puede argumentar sean colusión de intereses o faltas a la probidad, por lo menos generan desconfianzas y denotan indefensión ciudadana. La baja calidad administrativa o técnica en servicios públicos como el transporte o las telecomunicaciones, alzas desproporcionadas en aranceles de educación superior, aplicación de nuevas tasas para el uso de dispositivos de identificación vehicular (TAG) en las autopistas concesionadas, no corresponden a situaciones de normalidad. Al menos en la forma en que se producen y cómo se informan.

Si a los temores por la crisis económica, que ya empieza a golpear severamente a los chilenos, se agregan las incertidumbres provocadas por las «condiciones de mercado», y  nadie da una explicación satisfactoria, es inevitable que la percepción ciudadana se incline por pensar que nuestra sociedad está regida por la ley del más fuerte y cada vez más lejos de un Estado constitucional con derechos socialmente garantizados. Y asimilará a la política como un emprendimiento económico más, al que los candidatos van en busca de mejores oportunidades de negocios en medio de una situación de escasez y crisis económica.