Por lo que hemos visto en los últimos meses, la Presidenta tiene una escasa comprensión del tema forestal; no considera que seguir fomentando plantaciones forestales, con el pretexto de generar empleo, puede significar un desastre ecológico de…
Por Flavia Liberona*
Pensar en el sector forestal chileno en forma seria y responsable, pensar en política forestal, significa hacer un análisis que integre la biodiversidad, el agua, el suelo y que incorpore una visión sobre una gran cantidad de actividades que se desarrollan en Chile asociadas a las plantaciones y los bosques. Significa también observar y analizar las relaciones que existen entre distintos sectores económicos y dentro del propio sector forestal, con el objetivo de diseñar una adecuada política que, por una parte permita desarrollar actividades económicas tradicionales y, por otra, generar acciones de protección y conservación de los bosques y la biodiversidad en su conjunto, así como también de los suelos, las aguas e incorporar la dimensión de los efectos del cambio climático, generando acciones concretas. Sin embargo, considerando nuestra realidad nacional, pareciera que esto es casi pedir lo imposible.
Para empezar, no contamos con una institucionalidad pública lo suficientemente fuerte al interior del aparato estatal que sea capaz de diseñar e implementar una política que de cuenta de las necesidades actuales del sector forestal. Es de sobra conocido el cuestionamiento que hizo el Tribunal Constitucional a la CONAF al aprobar la Ley de Bosque, cuestión que entregó a la presidenta Bachelet la urgente misión de desarrollar en el corto plazo una institución pública que se haga cargo del sector forestal. Por otra parte, son también de público conocimiento las conclusiones y recomendaciones que realizara la OCDE en su informe de Desempeño Ambiental de Chile. Sin embargo, se han registrado pocos avances en esta materia.
Por lo que hemos visto en los últimos meses, la Presidenta tiene una escasa comprensión del tema forestal; no considera que seguir fomentando plantaciones forestales, con el pretexto de generar empleo, puede significar un desastre ecológico de proporciones. ¿Se imaginan lo que significaría para Chile contar con un millón de hectáreas más de plantaciones exóticas entre las regiones VI y X? Esto equivale a sembrar un desierto verde: monocultivos invadiendo amplios terrenos, utilizando el agua y generando escasez de este vital elemento, aumento de la contaminación por uso de agroquímicos, disminución de la biodiversidad, erosión de suelos cuando se apliquen técnicas de tala rasa. Sin duda, la presidenta no ha pensado en esto, ni tampoco en el cambio climático y en la importancia de proteger cuencas, cuando otorgó el beneficio al sector forestal basado en plantaciones exóticas.
El fantasma del desempleo es algo que asusta, y la Presidenta ha sido fuertemente sensibilizada por una industria que durante años ha crecido y se ha consolidado a costa de las bonificaciones que ha entregado el Estado. La industria forestal ha generado ganancias económicas para grandes empresas, pero su accionar no ha demostrado preocupación por el país. A modo de ejemplo, basta revisar dónde se ubican las comunas más pobres de Chile, o qué ha pasado con la protección y conservación de la biodiversidad y recursos naturales en una zona que fuera una de las más ricas del país, con altos niveles de endemismo, como es la región del Bío Bío. La crisis financiera parece ser la excusa perfecta para que nuevamente el sector empresarial chileno, ese que se ha consolidado a costa de las bonificaciones del DL 701 que le ha entregado el Estado y que provienen de los recursos que aportamos todos los chilenos, una vez más sea socorrido por el Estado.
No debemos olvidar que desde el año 1974 a la fecha las plantaciones forestales han sido beneficiadas a través del DL 701, lo que ha derivado en un enorme aumento de la superficie forestada con plantaciones exóticas, las que hoy superan los 2,2 millones de hectáreas. Esta legislación ha operado por más de 30 años, y ha permitido el desarrollo de un sector forestal que ha reportado enormes ganancias, pese a lo cual la calidad del empleo no ha mejorado, y sigue siendo bastante precaria. Es más, no existe una evaluación pública por parte del Estado de los impactos sociales y ambientales que ha generado la aplicación del DL 701, y la ciudadanía desconoce a cuanto asciende esta bonificación.
Las empresas del sector han crecido y una bonificación al sector forestal que partió beneficiando a propietarios de diverso tamaño, con los años ha permitido la concentración de la propiedad básicamente en manos de dos grandes conglomerados. No parece prudente seguir entregando beneficios a este mismo sector, el que para el presente período recibirá del orden de USD40 millones al año. Mejorar los subsidios a la industria sólo da cuenta de una actitud desesperada y poco reflexiva por parte del gobierno.
Por otra parte, la Ley de Bosque Nativo 20.283, de reciente promulgación y que comenzará a ser aplicada el presente año, es aún una normativa legal muy joven para poder proyectar su impacto. Si pensamos en el sector forestal y en una política forestal, es evidente que estamos en deuda; sólo se puede hablar del impulso a las plantaciones exóticas. Chile no cuenta con una política forestal explícita, y menos aún con regulaciones que permitan ordenar el sector. Carecemos de una legislación sobre suelos, sobre incendios, protección de la biodiversidad, normativa sobre la extracción y utilización de leña como combustible, etc. Es más, la Ley N° 19.300 y más específicamente el SEIA, ha sido un instrumento incapaz de imponer adecuadas evaluaciones ambientales en el sector forestal. Tal como se señala en las conclusiones del informe de la OCDE, las empresas forestales eluden la ley, las nuevas plantaciones forestales con especies exóticas no son evaluadas ambientalmente, así como tampoco lo son las faenas de cosecha a tala rasa, ya que la ley obliga la evaluación sólo de aquellas superficies superiores a 500 hectáreas.
Por esto, si bien nuestro país puede presentarse como desarrollado en el ámbito forestal, en realidad este desarrollo está asociado a una normativa débil, que deja espacio para el desarrollo únicamente del sector productivo basado en especies exóticas y no aborda la temática en su conjunto.
Todos aquellos que de una u otra forma estamos ligados a los temas forestales y ambientales, sabemos que este sector, tal como hoy se entiende en Chile, está constituido por plantaciones exóticas en manos de grandes conglomerados empresariales, y que se ha puesto muy poca atención al bosque nativo, a los servicios ambientales que éste nos brinda, a la protección de la biodiversidad, de los suelos, a la utilización de leña como fuente energética, etc.
Es muy decepcionante ver de qué manera las grandes empresas tienen un acceso expedito a la Presidenta y logran su objetivo en breves reuniones, mientras otros sectores hemos tenido que invertir infinitas horas, recursos humanos y financieros para conseguir, sólo después de 16 años, la promulgación de una ley que tiene un fondo de sólo 8 millones de dólares.
Hoy estamos en un punto crítico y la Presidenta debe saberlo. No basta con «salvar empleos» en el corto plazo y beneficiar a las grandes empresas. Es preciso entender lo que pasa en el territorio y generar acciones sensatas y coordinadas que permitan proteger y conservar cursos de agua, proteger suelos, aumentar las superficies de bosque nativo, generar una legislación acorde con los tiempos que elimine la tala rasa, que limite las superficies de plantación, que establezca corredores biológicos y permita la protección y conservación de la biodiversidad. Con urgencia necesitamos una política forestal responsable y no un aporte financiero para un sector que hasta ahora no ha demostrado responsabilidad social ni ambiental.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva de Fundación Terram.
