Aunque el parlamentario aliancista, entusiasta, ya ha esbozado una primera batería de propuestas, cabe preguntarse cómo evitará en el futuro situaciones accidentales como el «asalto» de las bailarinas Koala o «autogoles» como el malhadado bono de bencina…
Por María de los Ángeles Fernández*
La llegada de un nuevo presidente a la testera de la Cámara de Diputados viene acompañada, como ya es costumbre, de todo tipo de propósitos para mejorar la percepción que la ciudadanía tiene de dicha institución. No es empresa fácil: cada uno de los que ha asumido ha repetido un ritual similar, cargado de buenas intenciones, pero sin avances significativos en lo que a imagen se refiere. Todos sus antecesores, quien más, quien menos, ha buscado dejar su impronta y recuperar terreno frente a una situación que, reconozcamos, se extiende a los parlamentos del hemisferio occidental. En nuestro caso, la crítica pudiera ser un tanto inmerecida por cuanto los legisladores chilenos, junto con los uruguayos, aparecen como los más profesionalizados de la región, de acuerdo a estudios del BID.
Aunque el escepticismo es justificado, los planteamientos del diputado Álvarez son más importantes que nunca. En primer lugar, porque la evaluación que merezca el poder legislativo de un país es determinante para hablar de la calidad de su democracia. No son ociosos, por tanto, los debates acerca de las capacidades existentes para cumplir sus múltiples funciones, lo que remite a evaluar la disponibilidad de recursos profesionales y técnicos que aseguren el análisis y la redacción de las leyes, así como su calificación para planificar, debatir y aprobarlas. En segundo lugar, porque la institución parlamentaria ha visto aumentar su incidencia y centralidad en Chile como producto de un conjunto de factores históricos y político-institucionales, entre los cuales se encuentra la reducción del mandato presidencial a cuatro años.
Aunque el parlamentario aliancista, entusiasta, ya ha esbozado una primera batería de propuestas, cabe preguntarse cómo evitará en el futuro situaciones accidentales como el «asalto» de las bailarinas Koala o «autogoles» como el malhadado bono de bencina. Por otra parte, sería interesante pesquisar qué efecto está teniendo en la imagen institucional la disposición según la cual, cuando un parlamentario fallece o cesa en sus funciones, es atribución de su partido nominar al reemplazante. Nadie cuestiona su legalidad pero ¿es percibida como justa y conveniente por los electores, en particular aquellos de los distritos afectados? Se produce, a lo menos, una disonancia cognoscitiva cuando el sistema electoral plantea candidaturas en listas de «votación personalizada» y, posteriormente, resulta ser el partido quien determina las sustituciones.
El nuevo presidente de la Cámara constata bien algunas ambigüedades cuando recuerda que los parlamentarios son bien evaluados en su distrito, lo que no se traslada automáticamente al colectivo, pero termina incurriendo en otras como cuando plantea que, aunque no pueda mejorarse la imagen de la política, sí puede hacerse algo para mejorar la de la Cámara. ¿Es que ambas, política y parlamento, son indisociables entre sí y, a su vez, de los partidos? Buena parte de las dificultades que enfrenta el hemiciclo se explican por diagnósticos errados. Hasta el momento, las asesorías externas solicitadas parecen no haber dado frutos. Por otra parte, estamos inundados de estudios que dan cuenta de los déficits de credibilidad de algunas instituciones políticas pero ¿qué es lo que está a la base de ese descontento, en las capas más profundas de las imaginarios que los ciudadanos se hacen de la política? Sobreabundan las encuestas que se agotan en un efímero titular de prensa pero que poco ayudan en el objetivo de avanzar en la calidad de la democracia. Necesitamos con urgencia comprender las claves del malestar de los ciudadanos con la política, así como los dilemas que enfrenta hoy día la representación. Por otra parte, quién sabe, es probable que la tarea más noble y épica del Congreso esté todavía por venir: impulsar un Constitución generada democráticamente.
*María de los Angeles Fernández es directora Ejecutiva, Fundación Chile 21.
