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TPI: la deuda que la derecha debe pagar

por 11 mayo 2009

Nuestra vía para ratificar el TPI ha sido sinuosa en gran medida por la ambigüedad de la derecha en materia de derechos humanos y por la carga que ese sector político sigue manteniendo en relación con las violaciones masivas a estos derechos durante la dictadura...

Por Jaime Gazmuri*

A inicios de abril el Senado aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto que tipifica en nuestro Código Penal los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de guerra. Lo propio ocurrió el miércoles 6 de mayo en la Cámara de Diputados. La aprobación de este proyecto es un paso muy importante hacia la ratificación del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Ahora toca al Senado avanzar la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma que crea el TPI. Tras la aprobación de esta reforma, finalmente podremos entrar a discutir derechamente la adhesión de Chile al Tratado de Roma.

La ratificación del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional de La Haya se ha venido dilatando durante cerca de una década. Es mucho tiempo ya, especialmente para un país como el nuestro que estuvo entre los primeros signatarios del instrumento internacional y que tiene una historia reciente de lucha por el respeto a los derechos humanos. Hoy el gobierno y el parlamento, tenemos interés en redoblar nuestros esfuerzos y dirigirnos con rapidez hacia el término exitoso del proceso. La sociedad chilena no entiende que la decisión en favor de una jurisdicción internacional que protege los derechos esenciales y sanciona crímenes atroces, en Chile se continúe postergando.

A mi juicio, nuestra vía para ratificar el TPI ha sido sinuosa en gran medida por la ambigüedad de la derecha en materia de derechos humanos y por la carga que ese sector político sigue manteniendo en relación con las violaciones masivas a estos derechos durante la dictadura. El camino recorrido para aprobar este instrumento internacional -camino complejo, como dije, y muchas veces difícil de entender si ignoramos nuestra historia- pasa por tres etapas: en primer lugar, la tipificación interna de los crímenes que acaba de ocurrir; luego la reforma constitucional para reconocer la jurisdicción del TPI y, finalmente, la ratificación del Estatuto de Roma propiamente tal.

El Tratado de Roma, no hay que olvidarlo, fue aprobado a inicios del 2002 por la Cámara de Diputados. Cuando tocaba al Senado entrar a conocerlo en segundo trámite constitucional, fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de los diputados que lo habían votado en contra, con los mismos argumentos que habían perdido la votación en la Cámara: el Tratado sería contrario a la Constitución por cuanto establece una nueva jurisdicción y no podría aprobarse sin una reforma constitucional previa. El TC en votación dividida y en una sentencia muy cuestionada, resolvió en favor de los requirentes. En la sentencia, sin embargo, no se observaba una oposición de fondo al contenido ni a las finalidades del Tratado; incluso el TC valoró la importancia de perseguir estos crímenes atroces, pero primó en su fallo el que Chile antes de reconocer y someterse a una jurisdicción internacional, debía modificar su carta fundamental.

El Tratado de Roma representa la culminación del anhelo y del esfuerzo de la comunidad internacional para establecer una jurisdicción penal internacional con competencia para conocer y sancionar los crímenes internacionales. Es un signo positivo que al día de hoy todos los actores concernidos en el debate, o prácticamente todos, reconozcan la importancia del TPI y la legitimidad y trascendencia de sus tareas.

Chile debe cerrar bien este capítulo. Hacerlo rápido y con una adhesión transversal y amplia. Confío en que la oposición cumplirá su compromiso. Quisiera pensar, además, que todos los actores políticos ven en la ratificación del TPI una decisión favorable para la imagen internacional del país y, lo que considero de mayor importancia, un nuevo paso para la protección a nivel constitucional de nuestros derechos humanos.

*Jaime Gazmuri es senador PS.

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