Tenemos un desafío como sociedad, que no implica sólo identificar estas conductas discriminatorias y llamarlas por su nombre, sino también comenzar a modificarlas y también a sancionarlas.
Por María Eugenia Díaz*
Hace unas semanas conocimos sobre la brutal y cobarde golpiza recibida por un indigente en un mall de La Florida por parte de un grupo de guardias de seguridad y otro tanto, un caso, similar, de un grupo que atacó en la vía pública a un inmigrante peruano en Iquique, agresión que no fue consignada por Carabineros en su parte diario. Ambos fueron materiales audiovisuales que ganaron espacio en la televisión como efectivos ganchos para la audiencia.
Aunque estas imágenes violentas son usadas para alimentar el morbo y ganar puntos de rating, creemos que es importante que se estén visibilizando, pues son situaciones que suceden más frecuentes de lo que quisiéramos en los espacios públicos de nuestro país.
No obstante, nos parece que estos casos no sólo se resuelven con la desvinculación de los guardias implicados o con sanciones a carabineros. Un paso significativo sería que comenzáramos a ponerle nombre a estos hechos, que a nuestro juicio no son en ningún caso aislados, sino que dan cuenta de un fenómeno preocupante en nuestra sociedad.
Estudios de Genera revelan que un gran porcentaje de nuestra población cree que en Chile somos discriminadores. Al consultar acerca de cuál la principal causa de discriminación, un 37% señaló que por el hecho de «ser pobre» y en segundo lugar están la apariencia física y el color de piel (24%).
Paradójicamente, lo que revelan estas cifras es que tenemos conciencia de lo discriminadores que somos, sin embargo el discurso está distante de la práctica ya que cotidianamente podemos constatar opiniones y acciones adversas frente a personas y/o grupos más vulnerables o en condiciones desiguales de poder: pobres, indígenas, viejos, homosexuales, mujeres, etc.
Un ejemplo de ello es que un 54% de la población cree que los indígenas no deben tener un trato especial en lo que respecta a sus derechos en cuanto pueblo, un tanto similar sostiene que no se debe dar trabajo a personas de países vecinos mientras haya desempleo y un 84% reivindica la igualdad de salarios entre mujeres y hombres pero un 14% plantea opina que es lógico que los hombres ganen más que las mujeres pues éstos «tienen una familia que mantener».
Es claro que tenemos un desafío como sociedad, que no implica sólo identificar estas conductas discriminatorias y llamarlas por su nombre, sino también comenzar a modificarlas y también a sancionarlas. En este sentido un gran avance sería contar de una vez por todas con la aprobación de la ley que sanciona estas conductas y que además se hace cargo del reparar el daño causado. Ley que aún espera en el Senado, trabada por fantasmas de tipo valórico.
Este proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación arbitraria actualiza a nuestro país en el cumplimiento de diversos tratados internacionales en los que el Estado chileno se ha comprometido a garantizar y hacer respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, y en los que se recoge el principio de no-discriminación.
Pero no podemos descansar sólo en la existencia de una legislación que sancione y repare las conductas discriminatorias, es indispensable avanzar en una cultura de respeto y de valoración de las diferencias y esta es una tarea que nos corresponde a todos y todas, pero sobre todo, a aquellos que tienen un rol como referentes en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana y en particular de los que tienen una responsabilidad pública. ¿Será un llamado oportuno en el contexto de estas campañas presidenciales?
*María Eugenia Díaz M, Directora Ejecutiva Corporación Genera
