De la idea de la incorporación plena de la mujer a las esferas públicas de producción y reproducción de la comunidad, con independencia económica y poder real, hemos pasado al enrolamiento de las mujeres en el mercado del trabajo, esto es, a una esfera pública mercantilizada y sujeta…
Por Rodrigo Ruiz E.*
En el sitio web del Ministerio del Trabajo se lee: «Nos asiste el convencimiento del aporte que constituye el trabajo femenino para el crecimiento del país». Junto al texto, una foto asimétrica donde un supervisor (hombre) se dirige a una trabajadora (mujer).
La necesidad de una mayor incorporación de las mujeres al trabajo remunerado parece ser una verdad ya instalada: que las mujeres trabajen en mayor proporción, que las mujeres trabajen de forma remunerada en mayor medida, que las mujeres trabajen fuera de la casa, que trabajen y trabajen, ¿pero que trabajen para qué?
Veamos. De acuerdo a la CEPAL, un 51% de las mujeres latinoamericanas de entre 15 y 65 años de edad trabajan, frente a un 76% de los hombres. En Chile, la tasa de participación de las mujeres en el mundo laboral remunerado ha ido subiendo hasta alcanzar un 41,6 en el trimestre Octubre-Diciembre de 2008. Se ha avanzado, pero falta mucho todavía.
Desde ese punto de partida se reproduce, a veces de forma explícita y a veces de forma involuntaria, la orientación empresarial dominante en las políticas oficiales sobre mujer y trabajo. Obran allí supuestos -que como todos los supuestos dicen poco- que el pensamiento «experto» a menudo incorpora de forma acrítica: que el centro de toda política laboral es la empresa, que el valor supremo de toda política laboral es mantener el crecimiento y la rentabilidad de los negocios, que el empleo es cosa que poseen los empresarios y que está en sus manos dar o quitar, etcétera. Un eufemismo tan rimbombante como «Responsabilidad Social Empresarial» (un verdadero oxímoron) resume bastante bien todo esto.
De ahí entonces que lo que se sostiene no es que las mujeres trabajen así, sencillamente, con todo lo que eso podría significar en cuanto sumar con plenitud de reconocimiento y real autonomía sus inteligencias, sus capacidades, sus experiencias y sus voluntades a la producción de una mejor vida de la comunidad -lo que sigue siendo un objetivo necesario y saludable-, sino de meterlas al mercado del trabajo y enlistarlas en la maquinaria del crecimiento económico, como reza la citada página web. Pero el crecimiento, se sabe, no ha hecho disminuir la desigualdad.
Se ha operado entonces una peligrosa sustitución. De la idea de la incorporación plena de la mujer a las esferas públicas de producción y reproducción de la comunidad, con independencia económica y poder real, hemos pasado al enrolamiento de las mujeres en el mercado del trabajo, esto es, a una esfera pública mercantilizada y sujeta a la dirección empresarial en función de fines ligados a la rentabilización de los capitales.
Incluso la independencia económica de las mujeres, que es un tema que legítimamente preocupa a la hora de pensar en su vinculación al trabajo, sufre una modificación indeseada. De la perniciosa dependencia que existe en el ámbito privado podría pasarse a una nueva forma de dependencia, pública y abstracta, de una organización como la empresarial, de carácter vertical, dominadora y limitante.
Cabe entonces interrogarse si el objetivo de incrementar la tasa de participación femenina tal como se le concibe hoy no es primariamente un objetivo de mejoramiento de la situación de las mujeres sino más bien un objetivo de igualación de mujeres y hombres en torno a las condiciones laborales dominantes. ¿La política de género tiene que ver con insertar mejor a las mujeres a lo que hay o con producir a partir del reconocimiento social pleno de sus capacidades un mejoramiento sustantivo de lo vigente? ¿Que incorporen sus capacidades para hacer a su manera lo que ya hacen los hombres o para hacer las cosas de mejor manera a partir de lo que ellas tienen que aportar de novedoso y progresivo? Habida cuenta de la crisis, las colusiones, las pérdidas de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, bueno sería proponerse lo segundo.
*Rodrigo Ruiz E. es antropólogo, académico Universidad ARCIS.
