A los jóvenes que emplean la violencia para conseguir ser respetados, tener acceso al sustento que satisface sus necesidades y gratifica sus deseos, hay que ofrecerles oportunidades y alternativas reales y creíbles, no simplemente educación formal y buenos consejos o capacitaciones que carecen de…
Por Ibán de Rementería*
El homicidio en las calles de Providencia hace unos días del joven Sergio Aguayo de 18 años por un adolescente de 15 años, ambos pertenecientes al estrato ABC1, ha desatado una ola de opiniones y debates entre la que destaca la manida responsabilización moral y pecuniaria de los padres.
Este hecho de violencia juvenil no motivado por fines económicos -robo con violencia- que es el evento frecuente cuando los hechores son jóvenes pobres, es una invitación a la reflexión y al debate sobre el empleo por los jóvenes de la violencia para resolver conflictos y expresarse.
La violencia como hecho social y práctica cultural entre sujetos personales o sujetos colectivos consiste en el empleo del dolor, o la amenaza de su uso, para doblegar la voluntad del otro. Se recurre a la violencia cuando las otras modalidades de resolución de conflictos en las comunidades -familia, lugar de trabajo o estudio, barrio, ciudad, país o comunidad internacional- no existen, son insuficientes o alguna de las partes considera pertinente su empleo. El uso discrecional de la violencia causa tales estragos sociales y humanitarios que en los albores de las civilizaciones el Estado surge como institución cuando la comunidad conciente en entregar el monopolio de su empleo a manos de una autoridad con competencia exclusiva en los campos del derecho penal y la defensa nacional, desde allí la violencia sólo la empleará el Estado frente a quienes la usen en contra de las personas o de la comunidad toda para controlarlos y sancionarlos.
La recurrencia a la violencia para resolver conflictos no es solamente un hecho interpersonal, como lo es esa recurrencia soterrada que se denomina violencia intrafamiliar, además hay graves hechos de violencia entre sujetos colectivos como el reciente caso en un barrio de Puerto Montt donde sus habitantes destruyeron las viviendas, automóviles y otros bienes de una comunidad gitana allí asentada suponiéndolos responsables del atropello con muerte de un vecino, hecho en el cual ningún miembro de esa comunidad había participado y cuyo verdadero responsable ha sido formalizado por la justicia. Regularmente acontecen agresiones colectivas con lesiones graves y muerte en contra de quienes son estigmatizados como «macheteros», «drogadictos», «mecheros» o simplemente vagabundos, en especial jóvenes.
El empleo de la violencia para representar y validar intereses en el campo de la resolución de conflictos está contaminando de manara creciente diversos ámbitos de nuestra realidad económica, social cultural y política. Lo cual se manifiesta como violencia laboral de los trabajadores subcontratados para equiparar sus derechos con los trabajadores estables, violencia étnica de los pueblos originarios para recuperar sus derechos ancestrales, la violencia simbólica de los deudores habitacionales, etc. La violencia escolar que se subjetiviza y estigmatiza (etiquetamiento) en el matonismo (bulling), la violencia juvenil que se ejerce contra los adultos con los cuales se compite por los espacios públicos, el uso de los recursos sociales, el acceso a la diversión, etc., pero sobre todo buscando «respeto», también contra otros jóvenes con los cuales también se compite por esos recursos y ante los cuales también se reclama respeto. Quienes usan la violencia para ser respetados lo hacen porque han sido gravemente irrespetados en sus derechos y en su dignidad.
Se puede argumentar qué tiene que ver un hecho delictivo de sangre como el homicidio en referencia, con la violencia social. Pues bien, la violencia social como la violencia intrafamiliar no tan sólo son las escuelas donde se aprende a hacer uso del dolor para doblegar la voluntad del otro, desde el dolor psicológico al físico, además la familia y la sociedad son las instancias de legitimación del empleo de la violencia para resolver los conflictos.
Veamos ahora las mediciones estadísticas de la violencia en Chile concerniente a los niños y adolescentes. Un reciente estudio de UNICEF indica el 75% de los niños han sido víctimas de alguna violencia, la encuesta Percepción de Violencia en los Establecimientos Educacionales del Ministerio del Interior señalan que en el año 2005 el 45,2% de los escolares declaró haber sido agredido en su establecimiento, situación que disminuyó a un 26,3% en 2007, en un 41,8%. Esta notable caída de la violencia escolar hizo plantearse a un equipo de trabajo sobre el tema la pregunta sobre qué evento había acontecido para producir tan notable cambio en tan poco tiempo, dado que no se habían realizado ninguna acción extraordinaria para controlar tal fenómeno, un miembro de ese equipo planteó la plausible hipótesis que el único evento generalizado directamente concernido a los escolares había sido la «revolución de los pingüinos», donde aquellos habían definitivamente puesto en entredicho el actual sistema educativo por la vía de hecho del paro y movilización escolar en las calles, obligando así a la autoridad a considerar propender por su reforma. Este fue un hecho de participación ciudadana, una «toma» de responsabilidad en un asunto público como es la educación, por su principal actor como son los estudiantes.
La primera causa de la violencia en Chile, la madre de todas las violencias, es la inexistencia de instituciones locales y comunales para asumir, procesar y resolver conflictos interpersonales y entre sujetos colectivos, esto es una carencia de la participación ciudadana, la cual, no obstante es teóricamente y discursivamente proclamada como el principal capital social de la postmodernidad. Lo más grave de esta carencia es que las propias comunidades son renuentes a la participación ciudadana debido a que ésta es a lo sumo meramente informativa de lo que las autoridades han decido sobre los asuntos que a ellas conciernen, o son meramente consultivas sin que las decisiones de las comunidades sean vinculantes para las autoridades. Para que la participación ciudadana lo sea y así convoque a las comunidades, ésta debe ser: deliberativa de los asuntos y problemas que la comunidad tiene; además, la participación debe ser resolutiva de las soluciones que la comunidad considera pertinentes y relevantes para sus intereses colectivos y mayoritarios, en respeto de los derechos de las minorías, finalmente, la participación debe ser vinculante para las autoridades responsables de prestar los servicios básicos y sociales a esas comunidades.
A los jóvenes que emplean la violencia para conseguir ser respetados, tener acceso al sustento que satisface sus necesidades y gratifica sus deseos, hay que ofrecerles oportunidades y alternativas reales y creíbles, no simplemente educación formal y buenos consejos o capacitaciones que carecen de mercado laboral o de utilidad para el emprendimiento económico. El padre Nicolás Vial, con 30 años de experiencia en la atención solidaria de personas privadas de libertad y su entorno familiar como Presidente de la Fundación Paternitas, comenta que en los centros de menores del SENAME: «les enseñan ha hacer gorritos de lana, tejidos…¿Qué niño podría vivir con ello?». Además, los jóvenes reclaman sobre todo respeto por su derecho a decidir sobre ellos, a no ser infantilizados -aconsejados, guiados, protegidos- o sometidos a la potestad de sus padres, sobre sus formas de expresión cultural y maneras de resolver sus relaciones y conflictos, sobre su afectividad y sexualidad, sobre su rol en la sociedad actual, etc. Los jóvenes son el otro recurso con que contamos para asumir procesar y resolver los conflictos que con ellos tenemos, ¿Cuáles son los recursos que nosotros estamos dispuestos a aportar para aquel proceso?
*Ibán de Rementería, Corporación Ciudadanía y Justicia.
