Los chilenos hemos sido testigos que la industria primero sostuvo que eran capaces de regularse y que se trataba de un sector con buenos estándares; más tarde, los mismos personajes han solicitado que el Gobierno impulse cambios regulatorios ya que dentro del gremio no existe la capacidad de…
Por Flavia Liberona*
Los graves problemas de la salmonicultura han comenzado a quedar en evidencia no sólo en Chile sino también a nivel internacional en los últimos meses, debido a la rápida expansión de la epidemia de virus ISA que generó drásticos recortes en la producción y provocó miles de despidos en la Región de Los Lagos y en Aysén, foco principal de esta actividad.
Al inicio de esta crisis, las malas prácticas ambientales y sanitarias de la industria no eran motivo de discusión; lo que estaba en juego era la desgracia que caía sobre uno de los sectores más exitosos de la industria exportadora chilena. Una vez instalada la epidemia, el primero en reaccionar fue el gobierno, que ofreció un constante apoyo a la industria, entiéndase a los empresarios del sector, no a los trabajadores cesantes, a los que se apoyó varios meses más tarde después. Así, se instaló el Grupo de Tareas del Salmón para generar cambios en el marco regulatorio que hicieran viable a esta industria.
Pero la tarea no ha resultado fácil y poco a poco han ido saliendo a la luz las precarias condiciones sanitarias y ambientales en que operó por más de 20 años esta industria. Mucha de esta información ya había sido puesta en el debate por las organizaciones ambientales, por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y por el informe de la OCDE, sin provocar cambios en la industria. Una vez instalada la crisis sanitaria y al verse amenazada la sobrevivencia de esta industria, sólo entonces fue posible iniciar un proceso de cambios que tiene como corolario una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, con el explícito objetivo de realizar un «rescate» a la industria. Este proyecto se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Pesca del Senado, instancia que recibió más de 260 indicaciones.
En la última semana algunos de los principales dirigentes del gremio han insistido en presionar, a través de la prensa, al gobierno y los parlamentarios para lograr una pronta aprobación de este proyecto, poniendo como argumento el empleo pero sin prestar la debida atención a la discusión de fondo acerca de las malas prácticas ambientales y sanitarias de la salmonicultura chilena. Tanto Víctor Hugo Puchi como César Barros han señalado que la demora en la aprobación de la ley «sólo perjudicará a los trabajadores», aludiendo a los alrededor de 20 mil despedidos del sector desde que se inició la crisis.
Esto es, por decir lo menos, poco correcto. Una industria que por más de 20 años contaminó, fue poco regulada y menos fiscalizada en lo sanitario, ambiental y laboral, que recibió apoyo desde el Estado para investigación, apoyo por bonificación a la mano de obra de regiones extremas (Ley N°19.853 ex D.F.L. N°889) y que ante la crisis tiene al Ejecutivo dispuesto a rescatarlos, debiera al menos exhibir un poco de honestidad y reconocer que han operado de mala forma, que han abusado de las regulaciones, que han cometido errores que hoy los tienen al borde del colapso y, lo que es peor, han perdido credibilidad.
Los chilenos hemos sido testigos que la industria primero sostuvo que eran capaces de regularse y que se trataba de un sector con buenos estándares; más tarde, los mismos personajes han solicitado que el Gobierno impulse cambios regulatorios ya que dentro del gremio no existe la capacidad de ordenarse y autoregularse. No ha habido un reconocimiento claro y explícito de los errores del pasado, errores que parecen evidentes para cualquier observador imparcial, considerando la desastrosa situación actual del sector.
Tras la debacle, desde el sector se señaló -y se sigue insistiendo- en que la responsabilidad mayor la tiene el Estado, por su incapacidad de regular y fiscalizar adecuadamente a la industria. En efecto, tanto las herramientas legales como la capacidad práctica del gobierno es débil frente a la industria.
Ahora pareciera que el sector salmonero quiere mayor regulación, nuevas medidas sanitarias y ambientales, pero cuidado, lo que en el fondo se pide promover es un nuevo modelo de producción que le permita a la industria «recuperarse». Pero este Proyecto no necesariamente cambiará las condiciones sanitarias y ambientales; no contempla regular el uso de químicos ni antibióticos, las densidades de cultivo, la basura, ni considera a las otras actividades económicas que se desarrollan en la zona y cómo se ven afectadas por la salmonicultura.
Considerando la presión ejercida por el sector salmonero y el gobierno, es necesario aclarar que, pese a ciertos pronósticos, es muy poco probable que la salmonicultura recupere los niveles de producción previos a la crisis, tanto en nivel de ventas como en ocupación de mano de obra, es decir, de empleo. Existen, en primer término, limitaciones prácticas infranqueables que impedirán una relativa recuperación en al menos los próximos tres años. Por eso, es necesario examinar con pinzas las promesas de los empresarios del sector y priorizar, esta vez, la aprobación de regulaciones fuertes y eficientes que permitan esperar, en el mediano plazo, contar con una salmonicultura, al menos, más responsable.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva, Fundación Terram.
