Si no somos capaces de mancomunar esfuerzos por todas las niñas y niños de Chile, sin distinción, la violencia no intervenida nos hará personas pobres cultural y humanamente y esta pobreza es más difícil de superar que la pobreza material.
Por María Estela Ortiz*
El impacto que ha causado la detención de un niño de 10 años de edad, estigmatizado mediáticamente como un delincuente, me apela a una reflexión de este hecho como síntoma de un crimen social. Creo que este caso reúne muchas características que lo hacen representativo de aspectos urgentes en nuestra sociedad que siguen pendientes, tanto por la vida que a este niño le ha tocado vivir como en el tratamiento que hemos dado a él y a los efectos de sus actos.
De partida, la identidad de este niño no ha sido resguardada, requisito legal y moral, y la utilización pública de su sobrenombre denota un tratamiento peyorativo para una persona y, peor aún, un niño, como es él.
Lo primero que hay que hacer es derrumbar el mito que señala que aquellos que tienen conductas violentas provienen de los hogares más pobres.
Se ha evidenciado un quiebre en la construcción discursiva sobre la pobreza en Chile. Son más los niños agredidos en los colegios particulares pagados que en los municipales. Por un lado, en las últimas semanas fue asesinado un joven en el barrio alto por otro joven del barrio alto. Por otro, está el pequeño Cristóbal, con una historia de totales carencias, que ha evidenciado la falta enorme de afecto y cariño que ha tenido desde que nació. Cuando se le acerca una mano cariñosa, reacciona con afecto. «Sólo hay que tratarlo como niño», dijo una maravillosa profesional que estuvo con él en el hospital.
El investigador canadiense Richard Tremblay, experto en temas de violencia en niños y adolescentes, ha demostrado en sus investigaciones y estudios que el entorno social no es lo más relevante a la hora de explicar los índices de violencia, como sí lo son los factores familiares que rodean a los menores. Analizar la situación desde la óptica estricta de las conductas violentas de los niños tampoco ayudará para avanzar en respuestas efectivas. Un estudio reciente de Unicef nos alertó concluyendo que 3 de cada 4 niños son víctimas de violencia; es decir, el 75% de los niños y niñas chilenos son maltratados.
La relación que se establece entre las experiencias previas de un niño o niña, (que obtiene al interior de su familia) con el nuevo conocimiento (que aporta el sistema educativo) debería permitir que tengan un aprendizaje más significativo, donde las dimensiones valóricas, culturales, sociales y espirituales se conjugarán en una mujer y hombre noble, amoroso, respetuoso de la diversidad, tolerante, asertivo, justo y solidario.
El capital social de las familias, entendido como una red de protección familiar y comunitaria, ayuda en el proceso de desarrollo de toda persona, pero la no existencia o simple debilidad de éste no es sinónimo de pérdida absoluta de las condiciones que una persona puede potenciar para convertirse en alguien integrado a la sociedad. Es necesario fortalecer estas redes y acoger a niños que tienen un vacío de afecto y protección que conmueve pero que a la vez nos convoca como sociedad. Por ello celebramos que el Congreso despachara el proyecto de ley que institucionaliza un sistema de protección social, que garantiza, desde la gestación, que madre e hijo cuenten con las herramientas y servicios para que se desarrollen en las más adecuadas condiciones materiales y humanas, contemplando programas para apoyar a familias y personas en situación de pobreza y el desarrollo de niños y niñas desde la gestación.
Invertir desde la más temprana edad es la única garantía para detectar aquellos factores que pueden estar dañando a una niña y niño. La integración de la familia en el proceso de desarrollo, los proyectos educativos pertinentes, la formación de profesionales, la construcción de infraestructura adecuada y de calidad, una mirada de presente y futuro sobre la formación de las niñas y niños del país, políticas sociales intersectoriales para asegurar condiciones integrales, son materia de un Sistema de Protección Social garante, preventivo y profundamente democrático.
Sólo el consenso de la sociedad en torno a este rol protector de la familia y al papel que al Estado le cabe en el diseño de políticas integrales que sustituyan las carencias en la primera infancia cuando sea necesario nos permitirá superar la ya permanente contradicción entre la propuesta represiva y la respuesta protectora e integradora del Estado.
Las investigaciones de Richard Tremblay concluyen que «la violencia genera pobreza y no a la inversa». Esto es relevante para centrarnos en lo urgente: construir desde la niñez una sociedad más equitativa y garante de derechos.
Si no somos capaces de mancomunar esfuerzos por todas las niñas y niños de Chile, sin distinción, la violencia no intervenida nos hará personas pobres cultural y humanamente y esta pobreza es más difícil de superar que la pobreza material. No podemos permitir más historias como aquella de la que ha sido víctima Cristóbal, un niño de nuestra sociedad al que no podemos abandonar.
*María Estela Ortiz Rojas es Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
