Dada las experiencias de violaciones de derechos humanos en Irak y otras partes donde ha tenido desempeño militar, y el hecho de que Estados Unidos es un país renuente a comprometerse legalmente con los tratados y convenios internacionales que resguardan los derechos humanos, no parece que…
La señal de apoyo entregada por el gobierno chileno a Colombia para el convenio de uso de bases militares entre ese país y los Estados Unidos va contracorriente del principio de cooperación y multilateralismo regional que venía impulsando Chile en materia de seguridad.
Presentado como un triunfo internacional de la política de fuerza del presidente Álvaro Uribe, la acción del gobierno chileno retrotrae la postura del país a una ortodoxia bilateral en materia de soberanía, omitiendo los impactos de legalidad internacional que pueden tener los mencionados acuerdos, y el ruido en las relaciones al interior de la región.
Es un hecho que a cada país le asiste, como ultima ratio, el derecho soberano para decidir qué hace con su dispositivo militar y de seguridad, cómo soluciona sus problemas internos, con quién coopera y bajo qué formas, y la manera como actúa y comunica sus actos en el plano internacional. Pero todo ello va sujeto a la importante limitación de que debe encuadrarse en el respeto irrestricto de los derechos humanos y evitar cualquier lesión de la soberanía o el interés nacional de terceros Estados, como claramente lo estatuye el derecho internacional.
La situación colombiana es uno de los problemas más difíciles de la gobernabilidad democrática en la región desde hace más de cuarenta años. Su impacto no es solamente interno sino va más allá de sus fronteras. En términos objetivos Colombia es un exportador neto de violencia en la región, con una masa importante de población desplazada por la violencia política a los países vecinos, y parte importante de cuyas fronteras son utilizadas por fuerzas regulares del Estado, la guerrilla o los paramilitares como espacios de guerra, cuando no de impunidad por el crimen organizado.
La situación de emergencia territorial que la violencia ha generado en vastas zonas del país ha permitido el surgimiento de actividades criminales organizadas a gran escala, una mayor complejidad del conflicto político y debilitado la institucionalidad del Estado, poniendo una alerta sobre la real capacidad de las estructuras mafiosas.
Aunque nunca hubo un esfuerzo significativo de los países de la región por ayudar a una normalización política, a excepción del empeño militar de Estados Unidos, si hubo un consenso implícito de evitar una escalada regional de sus efectos. Ello fue particularmente notorio en el caso de Ecuador y Venezuela, los vecinos más afectados por el conflicto en sus fronteras.
La formalización del uso de bases militares colombianas por parte de Estados Unidos constituye de facto una escalada pues se da en un momento en que las relaciones entre Venezuela, Ecuador y Colombia están muy empañadas. Si bien consagra algo que ya ocurría en los hechos (se habla de 2.500 asesores militares norteamericanos en Colombia), la profunda antipatía de Estados Unidos por las revoluciones ciudadanas de Venezuela y Ecuador generaron que estos sientan lo actuado como una amenaza a sus procesos y como una base de desestabilización, no sólo como una cooperación militar soberana con Colombia.
Contribuye a lo anterior el hecho de que las relaciones diplomáticas entre los mencionados países quedaran atrapadas en juegos de inteligencia claramente impulsados por el gobierno colombiano luego de la muerte del guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, plagadas de acusaciones mutuas y cuyas ondas incluso llegaron a La Moneda en su oportunidad.
Por otro lado, las condiciones de uso de las bases militares de parte de las fuerzas norteamericanas no están claras. Estados Unidos en el pasado reciente ha exigido extraterritorialidad para sus fuerzas militares por parte del país receptor de cooperación militar, lo que las deja impunes en caso de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, e incluso delitos corrientes.
Dada las experiencias de violaciones de derechos humanos en Irak y otras partes donde ha tenido desempeño militar, y el hecho de que Estados Unidos es un país renuente a comprometerse legalmente con los tratados y convenios internacionales que resguardan los derechos humanos, no parece que existan razones suficientemente claras para declarar que lo actuado por Colombia es un hecho de estricta legalidad soberana y no afecta la paz y las relaciones de la región.
