El Consejo propuso que el debate sobre la legislación de TV se abra a la discusión pública y no se decida entre cuatro paredes, considerando que es un tema del bien común, de intereses sociales y económicos, y que influye directamente sobre la percepción que tienen los chilenos de sí mismos.
Por Bruno Bettati y Sergio Gándara*
En estudios del CNTV sobre la valoración de la audiencia a la programación de los canales de TV, en agosto de 2008 un 52,9% de los encuestados dijo estar insatisfecho con la televisión abierta, y un 57,7% dijo haber visto contenidos inadecuados tales como vocabulario grosero, escenas de sexo, violencia, trato discriminatorio y contenidos de adultos en horario para menores. Ello evidencia que los canales no están logrando satisfacer a sus espectadores.
Hoy la televisión, por su carácter mercantil, compite en los horarios de alta audiencia con productos tremendamente similares. El rango de producciones en horario prime se reduce a 3: teleseries, shows y realities. También el canal de TV pública ofrece una teleserie y un reality todos los días, en los horarios de alta audiencia (22 a 00 hrs.), cuando hay más televisores encendidos.
Este año, en el fondo de fomento a la TV de calidad del CNTV, de la totalidad de los proyectos presentados a concurso, el 70,1% corresponde a productoras, el 24,1% corresponde a productoras apoyadas por canales, y tan solo el 5,8% corresponden a canales en solitario. Este dato deja en claro quiénes son los que están comprometidos con la creación de contenidos originales. El proceso de desarrollo, producción y postproducción de un contenido audiovisual de calidad es largo y costoso. La necesidad de rentabilizar lleva a los canales a producir y programar contenidos previamente probados, y a evitar asumir riesgos en las apuestas audiovisuales. Con ello los contenidos audiovisuales innovadores que logran llegar al aire son rara avis, casos de excepción.
Ello resulta en una pantalla estática, sin contenido auténtico, mucho material importado o reciclado, compra de formatos extranjeros, en definitiva, baja calidad y escasa diversidad en la oferta. La televisión que hoy tenemos es efecto de la política industrial que se aplica (o que no se aplica) sobre ella: la rentabilidad no es suficiente para producir contenido de alta calidad (que no es lo mismo que «alta cultura», concepto ambiguo que circula en prensa.)
El fondo valora positivamente la «presentación conjunta» de productora y canal. Sin embargo, la desequilibrada relación entre estas partes, obliga a los autores a ceder todos sus derechos patrimoniales sobre los contenidos, lo que implica el no-pago de derechos sobre las repeticiones, ello producto de la omisión de una diferenciación contractual entre producir (pagar la realización) de un programa y el derecho a exhibir el mismo (también llamado derechos de antena). Tal modelo, que reduce los ingresos de un productor al solo subsidio, desincentiva el crecimiento de las empresas productoras, en tanto establece un marco muy limitado del negocio. Este panorama lo expresó muy claramente el gerente de Roos Film, Juan Harting, en entrevista a La Segunda hace un par de meses: «Cuesta entender que los canales de TV generen utilidades por $ 20 mil millones al año, y los productores sumen pérdidas por $ 5 mil millones»; (…los precios que pagan los canales) «han ido bajando sistemáticamente.»
Por contrapartida, Corfo ha promovido la empresarización del sector audiovisual durante 10 años a través de su programa de fomento al cine. La actitud de una nueva generación de productores de cine y TV (ahora con espíritu de emprendimiento) implica el derecho a tener un territorio donde vender, un espacio en el mercado de la distribución y exhibición. Seguir aumentando año a año los subsidios audiovisuales no es suficiente política. Es lo que el sector históricamente ha manifestado.
En la negociación del TLC con EE.UU. por parte de la Dirección de Asuntos Económicos de la Cancillería (DIRECON) el 2002, la Plataforma Audiovisual de Chile se apersonó en el «cuarto-de-al-lado» del Hotel Carrera para exigir retirar al sector cultura de la mesa de negociaciones. De esta acción, la DIRECON terminó por negociar de todos modos una morigerada «reserva cultural», cuyo corazón consiste en preservar la cuota de 40% de la pantalla chica para la «producción nacional», vigente en la actual ley de televisión 18.838/19.131. Como no se especifica claramente el carácter «externo» o «independiente» que ese contenido debe tener, hoy se incluye en este porcentaje a programas de todo tipo: matinales y shows, realities y noticieros. Y cómo en la práctica ésta es la única política audiovisual de protección a la industria nacional que quedó exceptuada de la liberalización comercial impuesta por el TLC, la consideramos un mecanismo estratégico para defender el interés de una industria nacional de contenidos culturales, en particular audiovisuales.
También consideramos una necesidad fundamental proteger el factor económico que implica la creación, desde los derechos de los autores hasta medidas que estimulen el robustecimiento de un modelo de negocios sustentable y generador de empleos, diferente al actual, diseñado exclusivamente en base a subsidios. Queremos que se proteja la creación por ley. Es el único garante de diversidad y el camino a la construcción de un imaginario audiovisual que sea cimiento de valoración de lo nuestro y de nosotros mismos. Creemos urgente precisar la cuota de pantalla vigente para producción audiovisual independiente con un límite mínimo y máximo, de modo que el contenido con carácter de «obra» cobre valor a nivel de distribución. Ello dinamizará una industria cultural que genera bienes, servicios y empleo de muy buena calidad.
También hay que hacerse cargo de que hoy una cantidad creciente de chilenos quiere trabajar en el sector artes y cultura, y muchos de ellos han cursado educación superior en pos de tal objetivo. Quienes pueden generar empleo para esta nueva fuerza de trabajo son las PYMEs audiovisuales, y no sólo los 4 canales históricos. Para ello la relación entre la producción independiente y las grandes cadenas de televisión requiere de una reconcatenación, y la ocasión de legislar sobre televisión es particularmente oportuna: es hora de volver sustentable esta industria. Dejemos de pensar a la TV como una industria al margen de las otras. Un pequeño gesto en que sí fuimos escuchados: el nuevo proyecto-ley de TVN incorpora el objetivo de vincular al cine y la TV en su artículo 3º, sin embargo, el resto de la ley no amplía las facultades de TVN para poder implementar tal política. Algunos legisladores de la UDI y RN han llevado el debate a un lugar incorrecto, al argumentar que el fin del autofinanciamiento del canal público pone en peligro su pluralismo; según nosotros, el actual régimen legal es causal de un pluralismo televisual meramente partidista, que excluye a numerosos grupos ciudadanos de la sociedad, como también a empresarios y trabajadores que quieren ganarse la vida en este emergente sector de la economía moderna.
Ha un par de semanas el presidente del CNTV, don Jorge Navarrete, hizo públicos dos documentos donde los consejeros del ente regulador manifestaron su preocupación por la forma, los tiempos y la falta de consideración que tuvo el gobierno y han tenido los parlamentarios respecto de la discusión del proyecto que modifica las leyes 18.838/19.131 sobre regulación de TV y las atribuciones del CNTV. Considerando que se legisla en Chile sobre TV una vez cada 25 años, el Consejo propuso que el debate sobre la legislación de TV se abra a la discusión pública y no se decida entre cuatro paredes, considerando que es un tema del bien común, de intereses sociales y económicos, y que influye directamente sobre la percepción que tienen los chilenos de sí mismos. El observatorio de medios Fucatel coincide en estas posturas.
Discutir si la TV tiene un rol formador ya resulta innecesario puesto que la penetración de la TV abierta (71,4 % de los hogares chilenos) y el alto consumo diario de las familias (casi 3 horas diarias) dejan a la TV como el medio de mayor influencia sobre la opinión pública de los ciudadanos chilenos.
Nos preocupa, al igual que al CNTV y a Fucatel, que el actual inconsulto proyecto de ley aspire a garantizar una continuidad de los actuales canales. Carece de sentido entregar a un privado un bien escaso y estratégico, a través del cual se transmiten valores y sentidos para el desarrollo cultural de nuestra sociedad, sólo por la calidad técnica de su solicitud de concesión y por llegar primero a pedirla. Ello además reduce el margen de acción del CNTV, órgano constitucional autónomo (y por ende, superior a la Subtel y al ministro de Telecomunicaciones) convirtiendo las concesiones en meros permisos técnicos. Apelamos a la aplicación de la Agenda Pro Participación Ciudadana para asegurar que el proyecto de ley sea abordado más ampliamente, dada la gravitación que tiene en Chile la televisión para la realidad nacional.
En otros países que son modelo para Chile en esta materia, la industria cultural (que incluye a la TV) se ha transformado en un sector muy relevante de la economía. Ha sido significativo cómo Gran Bretaña y España han debido aprender a prepararse para la necesidad de producir contenidos diversos en gran escala, clave del éxito de la digitalización. La audiencia no se interesará en comprar un convertidor si va a ver lo mismo en un mayor número de canales, o en comprar un nuevo aparato sólo para ver TV con mayor nitidez. En tal escenario es natural la fuga de teleespectadores hacia el internet, el cable, el satélite y el celular, aburridos de la monotonía y la vulgaridad que se expresa en la citada encuesta del CNTV. Aquí se evidencia la necesidad de políticas de fomento a la producción y además a la distribución de nuevos contenidos, en condiciones iguales entre los competidores.
También se ha recogido de la experiencia internacional la importancia de disponer de un canal que se arriesgue en innovar con obras audiovisuales y franjas nuevas, que sea la locomotora completa de la transición, volviendo a la nueva televisión digital atractiva a partir de la renovación de contenidos y horarios. Al igual que en esos países, ese rol sólo lo puede cumplir el canal público, una vez libre de la atadura del autofinanciamiento; en su defecto, los propios productores tendremos que buscar la forma de incorporarnos al negocio de la exhibición por antena de libre recepción, o por otras redes de distribución. Pero esa no es nuestra especialidad en la cadena industrial, sino la producción.
Si bien es cierto que Internet penetra cada vez más en los hogares chilenos (20% el 2005, 34% el 2008), y que nos enfrentamos a un nuevo tipo de usuario, que no sólo consume sino que produce y exhibe contenidos a través de redes privadas, se requiere capacitación medial real para que la ciudadanía supere la brecha digital y para que los internautas superen en número a los telespectadores. En el intertanto, y mientras dure el simulcasting (¿10 años?), la televisión de libre recepción seguirá siendo el medio de comunicación más masivo en Chile, y por tanto, necesitado de algún grado de regulación por parte de un organismo autónomo que vele por su calidad. Los productores de contenido somos el mejor aliado de semejante iniciativa, pero requerimos además de fomento, de políticas específicas orientadas a la distribución, para articular esta concatenación industrial. Esperamos que nuestra voz sea escuchada con mayor atención en el debate legislativo que se cierne sobre estas leyes y valoramos enormemente la oportuna acción de Fucatel y del CNTV por proponer ampliar el debate a nuevas miradas.
*Bruno Bettati es presidente de la Asociación de Productores de Cine y TV (APCT)
*Sergio Gándara es miembro del directorio de APCT.
