El Estado ha abandonado a sus universidades, siguiendo una lógica que no se repite en ninguna otra parte del mundo. En la gran mayoría de los países desarrollados, el aporte del Estado hacia sus universidades representa entre el 60% y 80% de sus presupuestos.
Por Cristián Cabalin*
Desde que el movimiento de los Pingüinos del 2006 remeció las corroídas estructuras del sistema político, la educación ha ocupado un lugar central en la discusión pública. Y por fin las universidades entraron al debate en torno a la necesidad de profundizar los aportes del Estado hacia sus casas de estudios y, a la vez, discutir el papel que juegan en la construcción de la sociedad.
Las universidades de Chile y de Santiago han liderado una ofensiva por aumentar los aportes del Estado. En contrapartida, las universidades privadas, pertenecientes al Consejo de Rectores, formaron la agrupación Cruz del Sur, que tiene a la cabeza a la Universidad Católica. Ellas exigen que no exista discriminación en la entrega de recursos públicos, para contrarrestar el planteamiento de las estatales.
Sin embargo, las universidades que plantean un Nuevo Trato con el Estado no están pidiendo que las privadas reciban menos ingresos, sino que el Estado incremente los aportes a las universidades estatales, que hoy apenas llega al 20% de su presupuesto. Además, estas casas de estudios deben soportar una estructura burocrática y obsoleta que les impide competir en igualdad de condiciones con las privadas.
El Estado ha abandonado a sus universidades, siguiendo una lógica que no se repite en ninguna otra parte del mundo. En la gran mayoría de los países desarrollados, el aporte del Estado hacia sus universidades representa entre el 60% y 80% de sus presupuestos, y aunque hay sistemas mixtos de financiamiento, los recursos estatales siempre son la primera fuente de ingresos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado entrega, en promedio, el 62% de los dineros necesarios para funcionar. Y existen más casos, como el de Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia y Finlandia, donde el Estado es decisivo para que sus universidades puedan operar. Todas estas naciones tienen sistemas educativos de vanguardia y en ellos -incluyendo a EE.UU. e Inglaterra- se produce más del 80% del conocimiento a nivel mundial
Si se quiere avanzar hacia una sociedad altamente calificada, donde se genere conocimiento e innovación, se requiere de universidades públicas fuertes y competitivas. Para ello, es determinante que el Estado entregue, por lo menos, el 50% de los recursos que su presupuesto demanda. Así, se les podrá exigir niveles de excelencia a sus investigaciones y cuerpos académicos, además de la implementación de políticas que permitan derribar las desigualdades que se anidan en el sistema universitario chileno.
Cuando se habla de fortalecer la educación pública, se debe justamente revisar el papel que hoy ocupan las universidades estatales en la sociedad. Son lugares de libre pensamiento, pluralistas y no discriminatorios. En ellas, se desarrolla gran parte del conocimiento en Chile y en sus salas de clases se encuentran estudiantes de todos los niveles socioeconómicos o realidades culturales. Son espacios de diversidad, donde se forman los profesionales que dirigirán el futuro del país. Es decir, son una fuente trascendental para el desarrollo. Y si esto le interesa al Estado, debe hacerse cargo de sus universidades.
* Cristian Cabalin es periodista y magíster en Antropología y Desarrollo. Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
