La cuarta urna podría entonces ayudar a resolver los dos problemas para los que la Concertación, a dos meses de la elección, aún no encuentra solución: coordinar a sus facciones en segunda vuelta y traspasar el capital de Bachelet a las elecciones.
Por Alejandro Corvalán*
Al promulgar la reforma constitucional que consagra la elección directa de los consejeros regionales, Bachelet señaló: «atrevámonos ahora a cambiar el binominal». Interesante invitación, pues la única vía para materializar tal atrevimiento pasa por la misma Presidenta.
¿Cómo se reforma el sistema electoral? Desde el Parlamento, naturalmente.
Pero aquí aparece de inmediato el nudo gordiano: los propios parlamentarios son electos bajo la regla binominal, por lo cual son naturalmente reticentes a una reforma. Durante veinte años, todos los intentos por cambiar el sistema electoral han sido infructuosos. Parece aconsejable convencernos de que no existe manera de reformar el sistema binominal desde el Parlamento. Lo cual, por cierto, es bastante obvio. Los sistemas electorales son muy estables porque justamente deben ser reformados por sus beneficiarios directos.
De hecho, el empecinamiento de los parlamentarios (y los partidos) por conservar el sistema binominal contrasta con las opiniones de otros dos grandes actores políticos: el poder ejecutivo y la ciudadanía. Las palabras de Bachelet dan clara cuenta de lo primero. Y de lo segundo las encuestas, que muestran un amplio rechazo ciudadano tanto al sistema binominal como a la labor parlamentaria (la encuesta CEP tiene escasa autoridad en esta materia, pues erradamente obliga a comparar un mecanismo específico, como la regla electoral, con temas agregados como la salud o la delincuencia).
La pregunta, entonces, es acerca de la noción misma de representatividad. ¿Cómo pueden los ciudadanos y su Presidenta presionar a los parlamentarios para que reformen el sistema electoral?
La única respuesta es cortar el nudo con la espada: convocar a un referendo donde los electores se pronuncien respecto al sistema electoral. Dicho mecanismo de participación directa, aunque no vinculante, explicitaría la tensión entre la ciudadanía y la clase parlamentaria. Esta medida sólo puede implementarla el gobierno, pero hay varias razones que sugieren su viabilidad por parte del Ejecutivo.
Primero, el gobierno ciudadano de Bachelet acaba de dar importantes pasos hacia mecanismos de representación directa. La elección de los consejeros regionales y el referendo de Isla de Pascua son ejercicios inéditos en la transición. Segundo, la proximidad de una elección sugiere el uso de la «cuarta urna» donde se votaría una eventual reforma constitucional. Dicho mecanismo fue usado con éxito en Colombia a principios de los 90. Finalmente, la gigantesca popularidad de Bachelet y su cercanía a la ciudadanía dotan al ejecutivo del capital suficiente para respaldar una medida que la derecha criticaría con fervor.
La cuarta urna ya fue propuesta por Arrate y por asociaciones ciudadanas, pero tanto Frei como MEO podrían sumarse a la iniciativa y beneficiarse de ella. Para MEO, la cuarta urna resulta coherente con su discurso a favor de la representación directa. Para Frei, sinceraría su verdadera intención de reformar el sistema político, lo que muchos, justificadamente o no, ponen en duda.
Así entonces, la ciudadanía y su Presidenta por una parte, y tres de los cuatro candidatos, por otra, han expresado su voluntad por reformar el sistema político. Pero además de la buena voluntad de las partes, esta vez los incentivos electorales no parecen, como en el pasado, oponerse a tal reforma. La Concertación podría transformar un referendo en un escenario interesante. Un cuarto voto implicaría un alineamiento, al menos en esta materia, de las tres candidaturas de la centro-izquierda. Tal coordinación, además, se crearía bajo la égida protectora de una carismática Michelle Bachelet. La cuarta urna podría entonces ayudar a resolver los dos problemas para los que la Concertación, a dos meses de la elección, aún no encuentra solución: coordinar a sus facciones en segunda vuelta y traspasar el capital de Bachelet a las elecciones.
El uso de la democracia directa para ratificar o modificar nuestra institucionalidad es la gran deuda de una democracia que heredó sus instituciones de una dictadura. Hoy, por primera vez en la transición, nos encontramos en la coyuntura histórica para tal convocatoria.
Presidenta Bachelet, atrévase ahora.
*Alejandro Corvalán, Departamento de Economía NYU.
