Resulta sencillo hacer promesas siendo candidato y difícil cumplirlas siendo Presidente; hoy vemos que la mayoría de las promesas en materia ambiental no fueron abordadas por Bachelet, tanto en materia legislativa, de política pública o gestión.
Por Flavia Liberona*
La historia parece repetirse. Cuando un período presidencial está cerca de llegar a su fin, apurar proyectos de ley comprometidos o que han tenido una lenta tramitación parece ser la tónica. Esto es lo que está pasando con la reforma a la institucionalidad ambiental, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental.
El lunes 26 de octubre se suscribió un acuerdo entre algunos parlamentarios y el Ejecutivo para viabilizar la discusión de uno de los proyectos de ley que ha concitado más atención en la historia de la tramitación de una ley; de hecho se consignaron más de 1.300 indicaciones al proyecto en la Comisión de Medio Ambiente. Ante esta situación y a raíz de la dificultad de discutir este proyecto con todas estas indicaciones en el plazo que aspiraba el gobierno, esto es, antes que termine su mandato, se propuso alcanzar un acuerdo político con todos los sectores representados en el Parlamento. Sin embargo, finalmente sólo la Alianza junto a dos partidos de la Concertación firmaron el pacto. Queda claro con este procedimiento, que la urgencia por decir que se cumplió con una tarea puede más que la necesidad de discutir en profundidad una reforma de gran envergadura como ésta.
La Presidenta Bachelet se comprometió en su programa de gobierno a diseñar una nueva institucionalidad ambiental, que comprendiera crear un Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental. Además, se comprometió en otras iniciativas, entre ellas: un sistema legal que regule las áreas silvestres protegidas, la aprobación de la ley de Bosque Nativo, de la ley de Biodiversidad, de la ley de bonos de descontaminación, la modificación a la Ley de Bases en temas de participación ciudadana, una ley de hidrocarburos simplificada, la creación de un Ministerio de Agricultura y Alimentación, la modificación a la ley de riego para garantizar acceso a subsidio de pequeños propietarios, la ley de Pesca Artesanal.
Resulta sencillo hacer promesas siendo candidato y difícil cumplirlas siendo Presidente; hoy vemos que la mayoría de las promesas en materia ambiental no fueron abordadas por Bachelet, tanto en materia legislativa, de política pública o gestión. Pero quienes trabajamos en temas ambientales sabemos que la reforma a la institucionalidad es una materia necesaria y urgente, y que ésta debe incluir la creación de un Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, así como el mejoramiento de la participación ciudadana en materias ambientales; avanzar en estas materias habría significado un gran logro. Pero tanto el Protocolo de Acuerdo suscrito como el proyecto de ley excluyeron estos importantes temas.
Por eso, cuando el gobierno, representado por la Ministra de Medio Ambiente y el Ministro de Hacienda, suscribe un acuerdo con senadores de la UDI, RN, DC y PS para viabilizar y aprobar en pocos días esta reforma ambiental, bajo el sólo argumento que es imprescindible aprobar esta ley ahora ya que quedan pocas semanas para legislar, lo menos que se puede decir es que el Ejecutivo ha adoptado una posición poco seria, entregando una pésima señal acerca de cómo se hace política pública en Chile.
El gobierno y la Alianza son cómplices en un acuerdo que no tomó en cuenta a todos los sectores parlamentarios ni a la ciudadanía. La propuesta de reforma fue resistida en una primera etapa por algunos sectores empresariales, pero desde que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, se generó cierto consenso respecto a la necesidad de una nueva institucionalidad de calidad. Y muchos estamos dispuestos a tomarnos el tiempo para discutirla y analizarla y alcanzar los acuerdos técnicos y políticos necesarios para lograr este objetivo, por el bien del país.
Por ello, resulta altamente incomprensible la actual coyuntura, en la que ha primado la prisa, la discusión rápida y el abandono de los temas ciudadanos. ¿Cuál es el sentido de forzar la discusión? Pregunta de la mayor relevancia, sobre todo considerando que tras la firma de este acuerdo, en menos de 48 horas el proyecto fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Esta manera de legislar y de actuar político tiene un costo, que los firmantes del Protocolo deberán asumir. Sin importar quien encabece el próximo gobierno, la Alianza o la Concertación, deben tener claro desde ahora que, de aprobarse esta institucionalidad, deberán responder ante la ciudadanía por sus debilidades, sobre todo por aquellos temas en los que no hubo voluntad de abordar ni resolver, especialmente el Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, así como por los retrocesos respecto de lo aprobado en la Cámara de Diputados, especialmente lo referido a la participación ciudadana .
Hacer política pública, generar un nuevo diseño de institucionalidad ambiental, incluyendo una nueva Secretaría de Estado y nuevos servicios públicos de gran trascendencia para el futuro del país, son cosas que no deben ni pueden hacerse sin diálogo, sin alcanzar acuerdos mínimos con todos los sectores y actores involucrados, sean estos políticos, parlamentarios, empresarios, ONGs, trabajadores, etc.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva, Fundación Terram.
