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Una traición a los logros ambientales de la ciudadanía

por 3 noviembre 2009

El acuerdo pactado entre el gobierno y los senadores de derecha terminó sacrificando los escasos avances logrados en materia de participación ciudadana y manteniendo vigente el mismo mecanismo de evaluación ambiental que hoy opera bajo el control político de los Intendentes, a través de las Coremas.

Por Claudia Sepúlveda*

La madrugada del miércoles 28 de octubre, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se concretó la mayor traición que un gobierno de la Concertación haya infringido a sus compromisos ambientales con la ciudadanía. Ese día, la ministra de Medio Ambiente logró la aprobación inmediata de las indicaciones a la ley que reforma la actual institucionalidad ambiental, y cuyos contenidos había pactado a puertas cerradas una semana antes con los senadores Longueira y Allamand. El apoyo irrestricto a la propuesta gubernamental por parte de los senadores Letelier, Alvear y Horvath anuló toda la argumentación o votación en contra manifestada por los senadores Girardi y Navarro, también integrantes de dicha Comisión.

Esta operación política es cuestionable por la forma encubierta en que se gestó, sin consulta o participación de parlamentarios y actores que habían contribuido desde su origen a la discusión de esta ley. De hecho, la mayor parte de las mil 350 indicaciones que recibió el proyecto en su última etapa provinieron de las lecciones levantadas a partir de los conflictos ambientales que se multiplican en todo el país. Es decir, que su origen estuvo en gran medida en las demandas y movilizaciones de cientos de comunidades afectadas directamente por los vacíos del marco ambiental vigente.

El nulo tiempo dado a la discusión de la propuesta pactada por la Ministra -entre su  ingreso a la Comisión y su aprobación final transcurrieron menos de 24 horas- confirma su carácter de "máquina política". La propuesta no sólo desechó los cientos de indicaciones que daban cuenta de consensos sociales clave para mejorar la institucionalidad ambiental, sino que es un grave retroceso en relación a la versión previamente aprobada en la Cámara de Diputados, luego de meses de discusión.

En efecto, el acuerdo del gobierno con la derecha transó los temas de fondo por los cuales ciudadanos, comunidades y actores sociales han venido luchando desde hace más de 15 años, cuando entró en vigencia el actual marco ambiental. Desde entonces, la conflictividad socio-ambiental no ha parado de crecer, estimulada por un sistema de evaluación ambiental de las inversiones que adolece de legitimidad social al instrumentalizar la participación ciudadana y manipular políticamente los fundamentos técnicos de sus decisiones.

El mayor logro de estas luchas sociales en defensa de los territorios y derechos ambientales había sido, precisamente, construir el piso social necesario para defender la necesidad de una reforma ambiental, entre cuyos principales objetivos estaban mejorar la calidad de la participación ciudadana y terminar con la intervención política de la evaluación ambiental. Sin tal base social la reforma ambiental jamás habría contado con el respaldo político necesario para iniciar su tramitación.

Pero el acuerdo pactado entre el gobierno y los senadores de derecha terminó sacrificando los escasos avances logrados en materia de participación ciudadana y manteniendo vigente el mismo mecanismo de evaluación ambiental que hoy opera bajo el control político de los Intendentes, a través de las COREMAs. Es decir, traicionando el contenido y el espíritu de la propuesta originalmente presentada por la propia Ministra hace más de un año, y, lo que es más grave, traicionando los logros alcanzados por históricos procesos de movilización ciudadana surgidos, justamente, en respuesta a una retrógada concepción de la participación social en las decisiones ambientales. La misma que hoy el gobierno pretende perpetuar.

*Claudia Sepúlveda Luque es socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.

 

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