En realidad, el extremismo político está en promover que la prosperidad de los más poderosos en el mercado es el único camino para lograr la prosperidad general, negando, impidiendo o postergando permanentemente mejoras efectivas a la equidad y la redistribución, en la creencia que ello sólo…
Por Diego López F.*
El reciente acuerdo que estarían a punto de cerrar el gobierno con la asociación de Isapres, para corregir la retención de los afiliados que por su edad y enfermedades previas pierden su libertad de negociar planes de salud más convenientes, es un excelente ejemplo de cómo el reconocimiento de derechos para las personas, mejora su calidad de vida y también permite un mejor funcionamiento del mercado.
Probablemente, iniciativas como ésta merezcan la crítica severa de gran parte de los economistas profesionales, que solo podrán ver en ella un aumento de los costos empresariales: la creciente judicialización de los aumentos de precio de los planes de salud -dirán- provocó la ineficiencia del sistema, haciendo menos rentable a la industria. ¿Pero cómo es posible que ganen los clientes y pierda la industria? ¿No era que la rentabilidad de servicios pagados, como la salud privada, dependía directamente de la preferencia y satisfacción de los clientes? ¿Las isapres están haciendo economía a costa de sus clientes?
No solo lo están haciendo las Isapres. Una gran cantidad de contratos que operan en el mercado sólo ofrecen adherir a ellos sin posibilidad alguna para los usuarios de negociar sus cláusulas. Estas condiciones contractuales predeterminadas, que sólo queda aceptar o rechazar, son presentadas por las empresas como condiciones objetivas de mercado: la prima de un seguro depende de los cálculos que predeterminan la posibilidad de que ocurra el riesgo que se cubre, la tasa de interés de las operaciones de dinero está minuciosamente fijada según análisis financiero profesional, el salario que se ofrece es el diseñado para pagar la productividad individual esperada del trabajador. Sólo queda aceptar la prima, la tasa de interés y el salario del mercado, anticipadamente y sin posibilidad de modificación.
Pero, en realidad, las condiciones contractuales dependen de cuán transparente sea el mercado, de que efectivamente exista competencia que beneficie a los usuarios, del poder económico y posición social de las personas y de la existencia de derechos legales a favor de trabajadores y consumidores. Las llamadas condiciones objetivas de mercado no son inamovibles ni invariables; las empresas las fijan según su propia expectativa de ganancia, mientras no exista una ley que imponga condiciones contractuales mínimas y obligatorias ni se enfrenten contrapartes sociales poderosas.
Cuando aumentan las responsabilidades legales de las empresas, de inmediato surge el lamento empresarial que ello sólo conseguirá encarecer las operaciones, reducir la inversión y empeorar el servicio. Sin embargo, también podría bajarse proporcionalmente la ganancia de la empresa. ¿Qué ocurrirá finalmente, las empresas ajustarán sus resultados o trasladarán el peso financiero de sus nuevas responsabilidades a sus proveedores o clientes? Eso dependerá de cómo esté distribuido el poder en el mercado de referencia y de cuán trasparente y competitivo sea, de dónde esté el foco de atención de la autoridad, de su capacidad institucional y política de hacer cumplir la ley y de la fuerza de los derechos que puedan ejercer las personas.
En realidad, en el mercado lo que priman son posiciones de poder que permiten a empresas imponer condiciones que les favorecen. Ello solo se corrige con regulaciones legales que empoderen a las personas. Pero la visión predominante entre los profesionales de la economía parece concebir al mercado como un lago transparente de intereses comunes y complementarios, enturbiado especialmente por las intervenciones desmedidas de la autoridad y la ley, donde no existe la acumulación de poder empresarial ni deben repararse las consecuencias sociales del ejercicio de poder privado en el mercado.
Difícilmente puede afirmarse que esta idea de cómo opera el mercado y se aprovechan sus resultados, sea compartida por la inmensa mayoría de quienes deben enfrentar a diario el mercado para vivir.
El reconocimiento de derechos para las personas en el mercado puede verse como resultado de una moderación política que busca equilibrios entre los diversos intereses que existen en el mercado y en la sociedad, y no como el reflejo de extremos políticos que persiguen destruir la economía de mercado.
En realidad, el extremismo político está en promover que la prosperidad de los más poderosos en el mercado es el único camino para lograr la prosperidad general, negando, impidiendo o postergando permanentemente mejoras efectivas a la equidad y la redistribución, en la creencia que ello sólo pondrá en riesgo la economía. Esta creencia no es pro mercado sino pro empresa y especialmente favorable a los grandes conglomerados empresariales.
*Diego López F. es abogado, académico Universidad Alberto Hurtado.
