¿Qué pasaría en una población de tres mil o más personas que se le agotara el suministro de agua? ¿Quién es la institución responsable de aproximadamente cuatro mil pozos similares en Chile?
Una de las políticas de la Universidad Central y específicamente la Escuela de Ingeniería en Agronegocios es relacionarse con el entorno que rodea a la Universidad en temas que le competen a sus especialidades. Producto de esto, hemos firmado, entre muchos otros, un Convenio de Cooperación Mutua con la Municipalidad de Padre Hurtado, donde me tocó conocer, días atrás, uno de los problemas rurales más complicados de resolver.
Se trata del Agua Potable Rural, consistente en la administración, distribución y financiamiento de pozos de agua construidos por CORFO y OO.PP., entregando a los usuarios del agua dicha responsabilidad, por allá por el año 1985 aproximadamente.
La organización que los usuarios del agua de un determinado pozo se han dado, por una normativa general, es una Comité de Agua Potable Rural, una estructura organizativa muy similar a una Junta de Vecinos. Nombran una directiva con un Presidente, Secretario, Tesorero y tres Directores, durando en el cargo dos años cada uno.
La gestión es muy deficiente. La directiva no recibe ningún tipo de remuneración por esto. La morosidad en los pagos es muy alta, la mantención de las bombas muy cara, la instalación de los medidores de consumo por cada casa cubre a un promedio de cuatro o más casas por cada medidor, en una población inicial cercana a las cien casas y donde, en consecuencia, hoy deben sumar unas quinientas casas, todo lo cual podría estar significando un consumo superior a la recarga de la napa subterránea, lo cual transforma el recurso agua de renovable en no renovable. Esto significaría el agotamiento del pozo.
¿Qué pasaría en una población de tres mil o más personas que se le agotara el suministro de agua? ¿Quién es la institución responsable de aproximadamente cuatro mil pozos similares en Chile? ¿Cuál es la legislación correspondiente?
Parece oportuno, en tiempo de elecciones, levantar un tema tan importante como este para avanzar en un desarrollo rural, en torno al cual se dice que se ha avanzado mucho, pero que falta tanto en temas tan cruciales como el planteado.
El Ministerio de Salud da los permisos para el funcionamiento y fiscaliza la calidad del servicio, sin tener ninguna ingerencia en otros aspectos. La Superintendencia de Servicios Sanitario carece de competencias para intervenir en el manejo administrativo o técnico de los servicios de APR.
*Hugo Ortega T. es Director Escuela de Ingeniería en Agronegocios, Universidad Central.
