Queda por saber si nuestros políticos, empresarios, docentes, profesionales y simples ciudadanos, van a dar inicio al dialogo social que «vivienda y urbanismo» necesita para renacer de verdad, sin utilizar eufemismos; con transparencia, y con miras en un horizonte visible mejor.
Por Waldo López*
La Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G., conocida como «la OAO», que reúne a más de 160 integrantes y que según información aportada por ellos, participa en el 75 % de los proyectos que se construyen en nuestro país, y que además se encuentra abriendo rumbos nuevos en plena Asía Pacífico, realizó su Asamblea Anual 2009 en los primeros días de este mes, en el hermoso escenario que nos ofrecen Villarrica y su lago.
Con tal ocasión y con la finalidad de conocer la visión de las diferentes candidaturas presidenciales en torno a los temas de «vivienda y urbanismo», invitó a las candidaturas presidenciales para que a través de sus representantes expusieran sus programas en estas materias. La arquitecta señora Verónica Amaral, lo hizo en representación del señor Sebastián Piñera; el arquitecto don Juan Manuel Sánchez, en representación de don Eduardo Frei, y el suscrito, por la candidatura de don Marco Enríquez-Ominami. La exposición misma, que se efectuó en el orden inverso al indicado, fue más bien escueta, y en los tres casos, fue apoyada por diapositivas power-points. Diría que cada uno de nosotros ocupó solamente unos 15 minutos o poco más. Posteriormente a nuestras intervenciones, hubo una amplia ronda de preguntas, las que mayormente fueron dirigidas al representante del Sr. Frei.
Si bien no es del caso detallar aquí el acta de lo conversado; sí vale la pena dejar registrado algunas constataciones recogidas desde la testera, en mi condición de expositor:
La primera de todas, que parece paradojal, es que no tan solo los ciudadanos y sus agrupaciones sociales de base son quienes no han sido escuchados por las autoridades a cargo del sector vivienda y urbanismo en todos estos últimos años; sino que también le ha ocurrido exactamente lo mismo a la AOA, sin importar la alcurnia profesional de sus afiliados.
La siguiente, que se deduce del foro vivenciado, es que la actual modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al igual que la nueva ampliación del Límite Urbano de Santiago Metropolitano, se topan con reparos de calibre tal, que sería una grave imprudencia política descongelar su actual status de inamovilidad, en que, a buen entendedor, dichas autoridades sectoriales las mantienen hasta hoy.
La tercera, también viene a ser una forma de corroboración empírica que se deriva del contenido y tenor mismo de las diversas preguntas y respuestas escuchadas en este foro, y que, como observador participante, nos confirma que existe una clara conciencia que Chile carece de planificación urbana; tal cual lo afirmara ante el mundo la Agencia Hábitat de Naciones Unidas, hace unas pocas semanas atrás.
Se trata de tres evidencias puntuales que de hecho, sin necesidad de aportar mayores antecedentes, nos están indicando claramente que el estilo de gobernar iniciado por el ex ministro señor Ravinet, con su hoy día innombrable «reforma urbana» de antaño, y que viene practicando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde entonces, está llegando a su fin. En la práctica, este auspicioso cambio debería significar que desde el urbanismo escalaremos tras el desarrollo urbano; y con ello, en lo substancial, que serán la consulta y la participación ciudadana la forma de implementar las nuevas políticas urbanas y territoriales de nuestro país. Ya no más aquellas élites funcionarias con poderes omnímodos y sus arraigadas costumbres hegemónicas y centralistas, que en este sector hemos visto practicar, y que muy bien tipifica la actuación dogmática de la División de Desarrollo Urbano (DDU) durante su gestión de los últimos 10 años.
Los cambios en las intervenciones urbanas que anunciara la arquitecta señora Amaral; el buen logro de principios urbanístico básicos, que dice requerir el arquitecto señor Sánchez «para vivir mejor»; y el planteamiento de una nueva forma de hacer política para mejorar su calidad, que constituye el concepto central de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, también y por cierto, en materias sectoriales como estas, son tres axiomas programáticos que están perfectamente alineados con una conclusión tan sustantiva y trascendente como la anterior. Esto, así no obstante que todavía queden algunos adherentes a ese viejo estilo de dirigir aquel sector, y que, hoy día, se nos hace palpable que tiene su fecha de vencimiento ya cumplida, como es el caso de la recién citada DDU.
Dos temas singulares a este respecto, sobre los cuales reflexionar y que deberían ser bien resueltos a muy corto andar: En primer lugar, el hecho que por estos mismos días, muy sorprendentemente, la propia DDU se halle sometiendo a consulta entre un centenar de organizaciones intermedias, una tercera «política nacional de desarrollo urbano»; que espera dejar como legado al próximo gobierno, y que, en verdad, vendría a homologar aquellas otras dos primeras, originadas en los pasados tiempos del gobierno militar (promulgadas en 1975 y en 1979, vigente hasta el 2000). Es decir, curiosamente, la DDU se vale de un nuevo estilo para reimplantar una vieja idea; lo cual ocurre nada menos que erguido por la más conservadora y autorreferente división funcional de aquel sector del gobierno nacional. ¿De qué se trata, en verdad? ¿De otra «herencia» cuyo diseño queda para ser implementado por el próximo gobierno? ¿De un puente de plata para hacer «más de lo mismo», pero con otro ropaje y entonces «vivir mejor»?… ¡Pondérelo usted mismo, luego que esta «nueva» política nacional sea oficializada!
Un segundo tema trascendente, que debe ser visible para la opinión pública y sobre el cual reflexionar, es el siguiente: sabido que el derecho privado permite todo aquello que la ley no prohíbe expresamente, el hecho de crear y propiciar que existan los desarrollos urbanos condicionados (las «zoduc») es un derecho,… para los privados. Análogamente, sabido que el derecho público solamente permite todo aquello que la ley expresamente señala, el haber creado las «zoduc» al margen de haberlo hecho mediante una ley, y en vez de ello, el haberlo instituido mediante una simple resolución, referida al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, antes que un astuto «resquicio legal», sin dudas que es una anomalía injustificable, en derecho. ¿De que se trata? ¿Qué hacer?… Se trata de algo bastante sencillo que revisar, concordar y poner en práctica seriamente: «Llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia».
A nadie se le debería prohibir que quisiera instalar una bien planificada ciudad satélite menor en localizaciones idóneas; con estándares aceptables de vivienda, salud, educación, trabajo, deportes y recreación; y con servicios de utilidad pública y niveles de urbanización que no irroguen ningún gasto público, nunca. Sin embargo, como esto es un perfecto imposible para cualquier inversionista privado, por causa de las trabas administrativas y las deseconomías que tendría que asumir, nada debiera impedir que un emprendimiento de este carácter, que sea debidamente necesario y factible, pueda ser abordado en forma público-privada. ¿No sería del caso idear algo así, y retrotraer las «zoduc» a su simple naturaleza urbana trivial?… ¿Qué equidad social real a nivel nacional existe al «condicionar» desarrollos inmobiliarios en algunos terrenos determinados y no en otros, sujetos a planificación urbana regular? ¿Qué debería estatuir una ley urbana a este preciso respecto?… ¿Seguimos como estamos, o acercamos el derecho privado al derecho público en materias territoriales y urbanas?
Ambos son temas-país y de fondo. Se refieren a un par de hechos concretos por madurar objetivamente, por ser ordenados y bien resueltos, y que, entre diversos y muchos otros, se hace necesario llevar a una moderna legislación territorial y urbana, que sea acorde con nuestra cultura multiétnica e idiosincrasia nacional, con nuestros recursos naturales y sus correspondientes potencialidades, y con una meta común tras un desarrollo integral, sostenido y sustentable, pero que requiere ser operacionalizada para poder ser aplicada equitativamente en cada uno de nuestros asentamientos humanos, continentales y de mar afuera.
La AOA, a través de su Presidente, aquel anochecer a orillas del Lago Villarrica, donde ambos temas anteriores fueron apenas orillados muy a la pasada, expresó la voluntad de esta organización para colaborar en los diversos tópicos planteados, cualquiera que fuese nuestro próximo Presidente de la República. De esta manera, no tan solo nos ha anunciado una predisposición constructiva con el devenir próximo y por llegar, sino que además, nos está haciendo recapitular sobre el trascendente peso social dual de estas materias, en tanto que efectivamente son «transversales» a la par que son «intersectoriales», y con ello, por cierto, lo convocante y necesariamente participativo del «estilo» que se requiere para abordarlas en debida forma, algo que la DDU de los últimos lustros nunca ha podido reconocer. Queda por saber si nuestros políticos, empresarios, docentes, profesionales y simples ciudadanos, van a dar inicio al dialogo social que «vivienda y urbanismo» necesita para renacer de verdad, sin utilizar eufemismos; con transparencia, y con miras en un horizonte visible mejor, que lograr entre todos: pasar del mero urbanismo a un desarrollo urbano activo, en cada lugar del país. La convocatoria es una iniciativa exigible a nuestro próximo Presidente de Chile… que elegiremos en unos pocos días más.
*Waldo López M. es sociólogo.
