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Una obra de la Concertación

por 13 febrero 2010

La “obra de la Concertación” así aludida es una “obra legal”. Se refiere al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) actualmente vigente, y que como bien lo saben los profesionales del rubro y sus técnicos de todo el espectro político, transgrede la letra de la ley.

La política de acuerdos 2.0 que nos podría interesar que se instale en el país para el beneficio común y de nuestra democracia, es obvio que necesita estar por encima de las fronteras que separan a la Alianza, que llega al poder, y a la Concertación, que después de 20 años, nos deja con el horizonte del desarrollo a la vista.

En este sentido y para continuar avanzado tras dicha meta, tal vez lo primero que hay que hacer por estos días consista en precisar cuanto antes y sin eufemismos, cuál es la “obra de la Concertación” que reiteradamente varios de sus más antiguos voceros y un par de los nuevos, nos han advertido que van a defender, atrincherándose en sus respectivas y propias facciones partidarias.

La “obra de la Concertación” así aludida es una “obra legal”. Se refiere al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) actualmente vigente, y que como bien lo saben los profesionales del rubro y sus técnicos de todo el espectro político, transgrede la letra de la ley.

Ante semejante actitud política y con el objeto de saber a qué se tendría que atener la ciudadanía en lo que se refiera a “territorio, ciudad y vivienda”, es decir, a los elementos del convivir cotidiano que de alguna manera y quiérase o no afectan a toda la población nacional -o dicho con otro énfasis, que deberían formar parte obligada de la agenda de políticos, empresarios, profesionales, docentes, técnicos y simples vecinos interesados- aparece como del todo oportuno examinar en particular una de aquellas “obras”.

Una que efectivamente posee dicha  trascendencia política y social más allá de toda duda, y que, además, sirve para fijar posiciones visibles para todo el mundo. Se trata de lo siguiente: calar en esa especie de herida aún insana de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, originada en el gobierno anterior y que después de sucesivas intervenciones, durante el actual, ha quedado como ya tratada.

La “obra de la Concertación” así aludida es una “obra legal”. Se refiere al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) actualmente vigente, y que como bien lo saben los profesionales del rubro y sus técnicos de todo el espectro político, transgrede la letra de la ley.

En efecto, desde el año 2008 y luego de sucesivas ampliaciones comunales previas, este plan finalmente quedó con una cobertura oficial que abarca todo el territorio, urbano y rural, de la Región Metropolitana de Santiago. Lo cual significa que fue convertido a plan territorial de nivel regional, con potestad para “regular” a las 52 comunas que  conforman  esta región. Es decir, les aplica su fuerza legal coercitiva a todas ellas, no obstante que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 3º establece expresamente que la misión de la planificación urbana a nivel regional, “orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones”. Vale decir, es solo “indicativa” y no “reguladora”.

Cualesquiera que sean las excusas, las urgencias o las justificaciones que se esgriman para explicar algo así, este es un hecho jurídico que inclusive a la luz del conocimiento vulgar, crea una clara “transgresión a la letra de la ley”. Más aún, cuando esta propia ley establece expresamente que el plan regulador intercomunal es legítimo solo cuando se refiera a una “unidad urbana”,… es decir, sería legítimo si la Región Metropolitana entera fuese una sola e inmensa ciudad, sin suelo rural, y no aquellas 23 ciudades distintas que reconoce el INE.(Censo 2002).

Si la propuesta de interés nacional compartido es avanzar resueltamente hacia el desarrollo, hoy día más que ayer, esto bien requiere que a todo evento deba ser logrado con absoluta transparencia y plena concordancia con la ley. Requisitos que el PRMS efectivamente no cumple, a la letra de la ley. En este sentido digo que es “insano”.

La pregunta que surge frente a esta situación es si esta “obra legal de la Concertación” va a permanecer operando tal como está;… o si va a ser “defendida” en caso que la Alianza intente tocarla;… o si por voluntad propia la Concertación va a optar por liderar que el país prosiga con todas aquellas iniciativas incluidas en las respectivas propuestas programáticas de sus dos últimos Mandatarios, y entre las cuales el PRMS es uno de sus ingredientes más significativos.

Según se extracta de las “Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia para el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, 2000-2006”, de junio de 1999, se nos hablaba de “Mas democracia y más derechos”… “Ciudades más humanas… en las que hubiera importantes transformaciones en lo concerniente a desarrollo urbano, transporte, medio ambiente, ordenamiento territorial y participación ciudadana”.

Seguidamente, la actual Presidenta Michelle Bachelet, en su Mensaje del 21 de Mayo de 2006, citado desde “Agenda Ciudades 2006 – 2010” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en su página web algunos días después, nos interpretaba señalando: “Queremos ciudades bellas, amables, equitativas. Esto supone una política urbana moderna, con sentido del territorio. Supone fortalecer la legislación e incorporar las variables ambientales y de integración social en los instrumentos de planificación territorial”.

Ciertamente y entre paréntesis, esto último, la referida “incorporación”, no significa otra cosa que dichos “instrumentos” se deben atener a aquellas limitaciones que les impongan las variables ambientales; más todas aquellas restricciones que el sistema de planeamiento territorial en ejercicio les asigne como directrices, criterios o experiencias, destinadas a evitar la segregación social. No está demás agregar que “la integración social no se consigue con decretos”, como por ejemplo se podría suponer que quisiera patrocinar la DDU.

El tema del anómalo PRMS así recordado no es menor. Nada de menor. Se trata de una valla institucional bastante alta, ya que evidentemente no se arregla con solo retrotraer este plan a su esencia netamente urbana; ni tampoco, si para homologar situaciones metropolitanas se ideara dar cobertura regional a los planes reguladores intercomunales de Concepción y de Valparaíso, donde respectivamente existen 35 y 37 ciudades distintas (INE, Censo de 2002). Igual de absurdo nos parece que resulta ser este híbrido intercomunal-regional de Santiago. A mayor abundamiento, considérese que hace más de 10 años que la DDU se halla recibiendo objeciones válidas y copiosas a sus intentos oficiales sucesivos por modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (iniciados durante los tres últimos gobiernos), materia que por estos días se halla stand by en el Senado, y en cuyo contexto, eventualmente, habría que sanear el susodicho PRMS vigente.

La opción conducente distinta que el país necesita para superar el status quo en cuyo ámbito de problemas por resolver este PRMS vigente es solo una de sus obras necesitadas de una atención preferente, tendría que empezar por reconocer que cada día es más imperioso, primero, lograr un ordenamiento territorial moderno e inclusivo; segundo, que la ciudad, la planificación urbana, sea realmente proactiva y sustentable en todos los asentamientos humanos, y tercero, que exista la vivienda integrada al hábitat, sin inequidades de ningún tipo.

En último término, no significa otra cosa que alinearse con el estudio, el análisis, la discusión, la socialización, y la institucionalización de un completamente nuevo sistema administrativo gubernamental, focalizado en el territorio, la ciudad y la vivienda, que reemplace la visión y la instrumentalidad del actual, y que sin perder los logros del pasado, sea inclusivo, transparente, y moderno. Esto pasa, por ejemplo, por contar con una 100% nueva ley de urbanismo, que sustituya por completo la varias veces mal parchada y obsoleta ley actual. Una ley nueva donde, entre otras materias, el “plan regulador intercomunal” quede definitivamente subrogado por otro, ajustado a un auténtico “plan de ciudad”; y donde, otro ejemplo, el actual plan regional de desarrollo urbano, de carácter indicativo, sea uno de índole territorial e ínter-sectorial de Estado, a ser cumplido por sus propios órganos competentes. ¿Por qué no?

La política de acuerdos 2.0 que debiera interesarnos, bien debería asumir que “territorio, ciudad y vivienda” efectivamente constituyen una tríada de temas centrales de nuestra agenda país, que no necesita de ninguna trinchera desde donde ejercer liderazgos de oposición, ni menos aún de voces ahora arrepentidas por la gran parte del neoliberalismo imperante, en particular, en los asuntos inmobiliarios y sus mercados. Algo que seguramente, si los prejuicios populares que abonan el saber ciudadano son verdaderos, va a costar mucho que la Alianza se atreva a innovar, en aras del beneficio común. Se trata de un desafío por emprender.

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