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Chile y el consumo de sustancias psicoactivas

por 18 febrero 2010

Una buena política de prevención debiera plantearse como objetivo la máxima disminución de consumo tolerable para la sociedad y no la prohibición del consumo. Esta es la base del modelo de reducción de daños, la alternativa al prohibicionismo.

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno social que ha estado presente desde la antigüedad, con fines diversos, pero integrados a la vida social tanto en sus usos religiosos, como festivos o recreacionales.

Actualmente dicho consumo se enfrenta, como un “problema” en gran parte de las sociedades del mundo, dado que es un asunto geopolítico: hay drogas ilegales producidas por países en desarrollo (marihuana en el sudeste asiático; opio en Afganistán y cocaína en Colombia y Bolivia) y drogas legales , cuyas derechos de producción son del mundo desarrollado: alcoholes, tabaco (cinco tabacaleras controlan el grueso del mercado), café, etc.

Una buena política de prevención debiera plantearse como objetivo la máxima disminución  de consumo tolerable para la sociedad y no la prohibición del consumo. Esta es la base del modelo de reducción de daños, la alternativa al prohibicionismo.

En Chile, se han elegido políticas prohibicionistas, propias del siglo XX estadounidense. Al mismo tiempo, se ha optado por permitir el uso indiscriminado de alcohol y tabaco, las drogas de la civilización occidental, y prohibir las drogas tercermundistas, sin consideraciones sanitarias como base de esa decisión. De hecho, la tercera causa de muerte en adultos son accidentes de tránsito, cuyas tres cuartas partes se cometen bajo la influencia del alcohol.

La política prohibicionista lleva ineludiblemente a criminalizar a quién consume, psiquiatrizarlo y marginarlo. La ley 20.000 de 2005, conlleva implícitamente estas consideraciones al castigar a quién consume, porta o genera precursores, con penas de cárcel y trabajo comunitario y una terapia siquiátrica que “lo mejore”

Las políticas de criminalización y sus campañas comunicacionales han tenido poco éxito y muchas críticas. Mientras, el consumo de algunas de estas sustancias en Chile sigue creciendo y se mantiene estable el de otras, como la cannabis.

A la luz de estos hechos, es necesario cambiar el enfoque y avanzar por uno de disminución de riesgo y políticas de salud. Una buena política de prevención debiera plantearse como objetivo la máxima disminución  de consumo tolerable para la sociedad y no la prohibición del consumo. Esta es la base del modelo de reducción de daños, la alternativa al prohibicionismo. Una política así esbozada, orienta su acción punitiva hacia el tráfico y entrega terapia médica solamente a quien lo requiera, pues es capaz de diferenciar entre tipos de consumidores (recreacional, religioso, abusivo, etc.) y tipos de drogas ( enteogénicas, de posesión , duras-blandas, etc).

Esta política funciona sin creer en la “escalada de las drogas”, que supone un uso incremental sucesivo de éstas “desde la marihuana a la cocaína y después heroína”. Esto es falso, pues si la escalada existiese, todos quienes han fumado tabaco o bebido alcohol, estarían en tránsito hacia otras drogas, y la realidad muestra que esto no es así.

Para enfrentar integralmente el tema de la prevención debemos respetar la autonomía ciudadana, tal y como se nos permite fumar tabaco y beber alcohol, sin un estado paternalista que decida por nosotros lo que podemos o no hacer.

Los cambios para la implementación de una política así esbozada, debieran incluir al menos los siguientes puntos:

  • Modificar la dependencia administrativa del CONACE desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud, para dar un enfoque sanitario a la prevención.
  • Discriminar entre tipos de consumidores y tipos de sustancias psicoactivas. Ofrecer terapia sólo a quienes la necesiten y no de manera masiva como se hace ahora.
  • Modificar la ley 20.000, de manera que quienes consuman privadamente o porten pequeñas cantidades no sean tratados como delincuentes e incorporarlos en  redes sociales de apoyo integral, si lo requieren.
  • Asimismo, distinguir entre microtráfico y grandes traficantes.
  • Entregar abundante información sanitaria, basada en evidencia científica,  acerca de los reales efectos de estas sustancias (legales e ilegales) a la población, para favorecer la toma de decisiones informada.

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